García Soto - Caso MVS: incongruencias

En el duelo de acusaciones mutuas que se ha vuelto el caso MVS, asistimos, entre asombrados y asqueados, a una exhibición, en vivo y a todo color, de cómo se manejan los asuntos de las millonarias concesiones del estratégico sector de telecomunicaciones en nuestro país. Amenazas, chantajes, mentiras, presiones y traiciones. Gobierno y empresarios aparecen embarrados en las más bajas prácticas de un millonario negocio donde lo que menos importa, en el caso del gobierno, es el interés público, y en el caso de los empresarios el servicio y el buen uso al que estarían obligados con esas concesiones públicas.








Ahora que una parte y la otra han empezado a mostrar documentos y pruebas de sus dichos contrapuestos, también empiezan a aflorar inconsistencias e incongruencias de los dos lados. Por un lado, el reservado Joaquín Vargas, convertido hoy en fajador contra el gobierno en defensa de su interés económico, y por el otro los miembros del gabinete del presidente Calderón señalados por participar en una intriga que los identifica como represores y viles negociantes de los bienes públicos.

La primer incongruencia la cometió Joaquín Vargas. El empresario que dice haber sido objeto de chantaje del gobierno, envío una carta a los socios de MVS, en febrero del 2011, donde reconoce que fue su decisión despedir a Carmen Aristegui por considerar que había violado el Código de Etica de su empresa. Les dice también en esa carta, publicada ayer por 24 Horas, que ante la negativa de Carmen a disculparse o sólo hacerlo parcialmente, había decidido el despido.

Nunca dice Joaquín en esa carta, que él mismo redactó y envío a sus socios, que haya sido el gobierno quien pidió despedir a la periodista, como diría la semana pasada. ¿No será que él decidió correrla para quedar bien con el gobierno y luego venderle el favor del despido a cambio de que le arreglaran su asunto de MVS? Cuando decide recontratarla, sí había habido ya una serie de comunicaciones con los funcionarios de Calderón y ahí sí puede entenderse que haya habido presiones para que no la recontratara, pero del despido y de la petición de disculpa él nunca dice en aquella carta que hayan sido solicitadas por el gobierno.

Pero, del lado de la administración de Calderón también hay una gran incongruencia que exhibe que no fueron los intereses públicos los que los movieron en esta decisión de “rescatar” la codiciada banda 2.5. El principal argumento del gobierno es que Joaquín Vargas no quiso pagar el precio de 27 mil millones de pesos en el que fue valuada por expertos la banda de espectro radioeléctrico.

Y no tenían porque regalársela, pero el argumento oficial queda en entredicho si se recuerda el caso de la famosa Licitación 21, en la que el gobierno entregó en su momento a las empresas Televisa y Nextel una banda radioeléctrica en 180 millones de pesos, cuando los expertos la habían valuado en 5 mil millones de pesos. Cuando se hizo el escándalo y el Grupo Iusacell –entonces competidor de Televisa y hoy socio– impugnó la decisión en tribunales, el gobierno explicó que si estaba sacrificando el precio de la banda era en aras “de fomentar la competencia”. Finalmente Televisa dejó la sociedad ante las fuertes críticas por lo que se llamó “la ganga”, pero la SCT y la Cofetel autorizaron entregar esas frecuencias a Nextel en un precio infinitamente menor al valor real del espectro público.

¿En qué se diferencia el caso MVS y la codiciada banda 2.5 de aquella “ganga”? ¿Por qué en aquel caso las autoridades sí bajaron el precio de manera tan notoria en aras de “fomentar la competencia” y en éste se pusieron tan feroces y rigurosos en exigir que pagaran el valor real de la concesión? ¿Tiene que ver con la presencia en ambos casos de Televisa como actor interesado? Porque Calderón en este sexenio le dio todo a la empresa de Emilio Azcarraga Jean, todo cuanto quiso y pidió, a cambio de su apoyo. No sería raro que se despidiera ofreciéndoles otra “ganga”.


Fuente: http://www.24-horas.mx/caso-mvs-incongruencias/