Joaquín Vargas, presidente de la empresa de radio y televisión por cable MVS, convocó el 15 de agosto a una conferencia de prensa para acusar al gobierno de Felipe Calderón de arrebatarle unas concesiones muy valiosas del espectro radioeléctrico -las de la banda ancha de 2.5 gigahertz (GHz) que comprende de los 2,500 a los 2,690 megahertz- para favorecer a Televisa y cobrar venganza por sostener en su noticiero estrella -Primera Emisión- la presencia de Carmen Aristegui, una periodista mal vista en "Los Pinos" de tiempo atrás. El 22 de agosto, en una amplia conferencia informativa, Vargas detalló y fortaleció sus aseveraciones.
Desde la presidencia se niega que el gobierno tuviera que ver con la remoción en 2011 de la periodista del noticiero que dirigía en MVS -y que luego volvió a dirigir, pues tras una negociación con la empresa y cuyos términos se hicieron públicos, le fue restituido su espacio-, un noticiero muy apreciado por su calidad e independencia. Según la presidencia, la acusación del empresario es un chantaje que no prosperó -Vargas ofreció remover a Aristegui a cambio de asegurar la concesión en la banda de 2.5 GHz- y se reserva la opción de "proceder conforme a derecho" contra el presidente de MVS por "calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objeto de alcanzar sus metas económicas".
Para analizar el choque entre el jefe del poder ejecutivo y MVS a la luz de la definición de política de Lasswell, conviene empezar no por el "quién" consigue "que" sino por el que se busca conseguir. En este caso lo que se disputa es la explotación de unas frecuencias (las de la banda de 2.5 GHz) que en los años noventa del siglo pasado -cuando el desarrollo tecnológico no permitía prever su importancia- el gobierno le otorgó a la empresa creada por el fallecido empresario neoleonés Joaquín Vargas Gómez. La banda se otorgó a Frecuencia Modulada Mexicana que más tarde sería MVS Comunicaciones. En 1967 Vargas Gómez puso en marcha la primera estación de radio en FM en México y con el correr del tiempo su empresa extendió sus operaciones a televisión por cable y satelital y a otros países. Obviamente la importancia de MVS es secundaria frente a Televisa, pero con la banda de 2.5 GHz, MVS pudiera llegar a ser una competidora real para la megaempresa.
Por la naturaleza de la transformación tecnológica, hoy los 2.5GHz resultan ideales para dar servicios de banda ancha móvil de nueva generación. Como el espectro radioeléctrico es de la nación, quien lo explote debe pagar al Estado por ello. Según la Secretaría de Hacienda, MVS ofreció una contraprestación de apenas 140 millones de pesos por una frecuencia que la dependencia estima en 27 mil millones de pesos, aunque en otros países de América Latina se ha cobrado mucho menos por una concesión semejante (Reforma, 20 de agosto). Por su parte, MVS sostiene que lo central de su oferta no son los 140 millones de pesos sino una fuerte inversión para ofrecer al público un internet más barato y rápido que el actual.
Como sea, el 8 de julio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que no renovaría las concesiones que ya habían vencido en la banda en cuestión y que "rescataría" las 68 aún vigentes, controladas en su mayoría por MVS. El objetivo final, se dijo, es licitar de nuevo lo "liberado" para que se use a plenitud los 2.5 GHz y hacer de México un país realmente competitivo en telecomunicaciones. En principio, la argumentación oficial tendría sentido, pero sólo si no hubiera existido previamente la oferta de MVS de ser ella la que llevara a cabo la modernización a bajo precio para el usuario.
Para seguir con Lasswell ¿Quién se beneficia con unas cancelaciones de concesiones cuando quién la hace ya no tiene tiempo para ejecutar la parte constructiva del proyecto? Al no permitir que MVS use a plenitud los 2.5 GHz, se mantiene un status quo que, por definición, protege los intereses de la empresa hoy dominante en ese campo: de Televisa, cuyo carácter avasallador se acaba de acentuar con su asociación con TV Azteca, su competidora, en Iusacell.
Si las frecuencias expropiadas finalmente se licitan y Televisa las llega a ganar, entonces el dominio de la megaempresa aumentará de manera escandalosa. Si Telcel, propiedad de Carlos Slim, también se beneficiara de la licitación, habría competencia, pero a costa de afianzar aún más a los dos grupos económicos más fuertes de México, cuyo poder ya es un problema serio para la salud política y económica del país, y se acentuaría la naturaleza oligárquica del sistema.
. El cómo de la definición es claro: por la vía del rescate de las concesiones en poder de MVS anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la tersa legalidad del anuncio oficial se puede hacer añicos ante lo revelado por Vargas: que a cambio de que MVS mantuviera sus concesiones y lograra luz verde para su proyecto de invertir, en unión de Intel, Clearwire y Alestra, 1,100 millones de dólares para explotar esa banda, el gobierno pidió que la empresa se comprometiera a lograr que Aristegui admitiera algo que ella no aceptaba -eso lo veremos más adelante- y, a la vez, que no objetara legal ni mediáticamente la unión Televisa-Iusacell.
Según las versiones encontradas de Vargas y las de los voceros oficiales y un oficioso del gobierno -Javier Lozano, exsecretario del Trabajo-, Aristegui y su noticiero fueron usados como moneda de cambio, ¿Pero de quién partió la idea? De acuerdo con el presidente de MVS, en febrero de 2011, el gobierno le hizo saber que para seguir negociando sus concesiones, Aristegui debería ofrecer una disculpa pública por el comentario editorial en que ella pidió al gobierno que aclarara si Felipe Calderón, en su calidad de jefe del poder ejecutivo, tenía o no un problema de alcoholismo, como alguien había asegurado, pues el asunto era -y es- de interés público. Los términos de esa disculpa se dictaron desde "Los Pinos". Aristegui fue notificada de la exigencia por MVS, pero se negó a aceptarla porque no consideró que hubiera razón para retractarse. MVS, en cambio, sí decidió plegarse a lo demandado por la presidencia y sacó del aire a la periodista incómoda. A las protestas públicas que desató ese despido, siguió una conferencia pública de Aristegui en Casa Lamm, donde leyó un documento que era un recuento pormenorizado de lo ocurrido y que concluía proponiendo a MVS no ceder a la ilegítima presión del gobierno y, en cambio, recuperar para ambos el derecho a la opinión independiente. MVS decidió que le convenía reinstalar a la periodista.
La versión de Javier Lozano es diferente. Él sostiene que fue Vargas quien ofreció la cabeza de la periodista a cambio de que se aceptara su proyecto de inversión en banda ancha, pero que dicha oferta fue rechazada. Desde esa óptica, la contratación original de Aristegui por MVS tras haber perdido su espacio en "W Radio" por su crítica a la "Ley Televisa", se explicaría no tanto por su calidad sino por su valor como ficha política, (Reforma 16 de agosto).
Las dos versiones o una mezcla de ambas son posibles. Hace poco un académico, John Ackerman, denunció que en otro noticiero de MVS, el de Luis Cárdenas, se le marginó por presiones de quienes no deseaban que salieran al aire sus críticas a Enrique Peña Nieto, el posible próximo presidente. Como sea, queda claro que hoy y aquí el valor de la libertad de prensa es secundario en el juego de los poderosos.
. Es claro que a la definición de Lasswell le falta algo: la conclusión, es decir, el "con qué resultado". En el caso examinado un resultado es mantener la debilidad de la libertad de expresión en los medios. Otro es que el mal uso del poder -su abuso- ha impedido la competencia efectiva y por tanto ha dañado al interés colectivo. Entre 2008 y 2011 MVS promovió once amparos relacionados con la banda ancha, perdió siete y ganó cuatro. Ahora promoverá nuevos juicios y por un tiempo nadie invertirá en las disputadas frecuencias; el conflicto paralizará el aprovechamiento de su potencial y eso nos costará a todos.
¡Vaya manera de cerrar un sexenio y de mostrar la naturaleza real de nuestra política!
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