viernes, 24 de agosto de 2012

Vicente Bello - La cruda del Presidente

¿Qué fue, un rescate o una expropiación y por qué?, esta es la pregunta central que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha realizado al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a propósito del Caso MVS, y que éste debería responder urgentemente, incluso antes de que concluya formalmente la LXI Legislatura, si es que el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, atendiese el exhorto que le hicieron diputados y senadores anteayer, miércoles.





Fue, de hecho, el último asunto de la sesión de la Comisión Permanente, que los diputados y senadores de la LXI Legislatura airearon en la tribuna del Congreso. “Este tema tiene dos vertientes”, afincaba el diputado del PRD José Luis Jaime Correa. “Por un lado el litigio hecho público respecto a la concesión a una empresa que por su actual espacio radioeléctrico y que ha denunciado la amenaza del retiro de la concesión”.

Asunto de solamente dos partidos políticos: PRD y PT. El resto lo ignoró, aunque dejaron pasar la aprobación, unos yéndose, otros absteniéndose y uno que otro votando en pro, sólo los suficientes para aprobar el Punto de Acuerdo.

Jaime Correa se refería a los hechos que acaecieron el pasado día 8 de este mes, cuando Dionisio Pérez Jácome, titular de SCT, reveló la decisión de Felipe Calderón de iniciar “las acciones para rescatar las concesiones asignadas a Multivisión (MVS), correspondientes a la banda 2.5 gigahertz”.

Argumentó entonces Pérez Jácome, según rememoraba en la tribuna Jaime Correa, que el “rescate” se debía a “la falta de acuerdo sobre el monto de la contraprestación que debería pagarse para prorrogar las concesiones asignadas a MVS. Y a la necesidad de hacer un uso más eficiente de la banda ancha para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. (Incluso) la medida contempló la suspensión o cancelación de las concesiones y el anuncio de su licitación”.

Es un tema superlativamente candente, porque implica la fundada sospecha de que ha sido Felipe Calderón el instigador de un hecho ilícito, anticonstitucional, y ejercido por las autoridades más poderosas del país en materia de telecomunicaciones en contra de un particular.

De acuerdo con los dimes y diretes, Calderón habría montado en cólera el día en que en el noticiario estelar de MVS, que dirige Carmelita Aristegui, lanzó al aire la pregunta al Presidente de si era cierto que tiene problemas de alcoholismo, como se lo habían restregado en la Cámara de Diputados, por aquellos días (4 de febrero pasado), los diputados del PT Jaime Cárdenas Gracia, Mario di Costanzo y Gerardo Fernández Noroña. Y, a través de Dionisio Pérez Jácome, dijo al dueño de MVS que todo el asunto de las concesiones quedaba pendiente hasta en tanto Aristegui no se disculpaba.

Jaime Correa, dijo: “Hay una probable configuración de un ataque al derecho a la información, a la libertad de expresión y a la pluralidad que debe existir en los medios de comunicación”.

Y apostilló: “La medida tiene visos de ser un acto de venganza que busca favorecer los intereses de los monopolios televisivos. En todo caso resulta indispensable que el gobierno federal haga llegar a esta soberanía un informe que explique las razones de fondo y las consideraciones técnicas que fundamentaron su decisión para iniciar las acciones de rescate de las concesiones de la banda de 2.5 gigahertz y aclarar las dudas y cuestionamientos que han surgido”.

Incisivo, Jaime Cárdenas Gracia, del PT, afirmó luego en la tribuna: “Por un lado se trata de la concentración que hay en el medio de las telecomunicaciones de la concentración del espectro radioeléctrico a favor de unas cuantas empresas, sobre todo la empresa Televisa, y otras empresas que constituyen un auténtico oligopolio. Un oligopolio que se ha colocado muchas veces por encima de las instituciones del Estado, como poder fáctico”.

Abundaba Cárdenas, diciendo: “Y por otro, se trata de un asunto vinculado a la libertad de expresión, hechos que deben ser investigados”.

Cuando Cárdenas Gracia, Fernández Noroña y Di Costanzo Armenta expusieron aquella manta en el Pleno de San Lázaro, en donde exponían la presunción del alcoholismo de Felipe Calderón, enfermedad de por sí peligrosa para cualquier individuo, y doblemente peligrosa cuando el individuo decide por los 112 millones de mexicanos, el PAN demandó ante el IFE, el 3 de marzo, a los tres legisladores petistas por supuestamente haber violado la ley electoral. Desde entonces, el IFE ha evitado una resolución al respecto, y Cárdenas en la tribuna, este pasado miércoles, advirtió que es posible que los consejeros –amafiados con Calderón- sólo esperen que concluya la LXI Legislatura, y queden los tres a merced de las autoridades judiciales cuando ya no tengan inmunidad.

Fuente: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/la-cruda-del-presidente1

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