Hoy, el desfase entre la ley y la economía real no puede ser más drástico. Además que las consecuencias económicas para las empresas son negativas. Señalo tres entre muchas:
Primera, el pago de salarios caídos en tiempo indefinido ha producido la quiebra de pequeñas y medianas empresas.
Segunda, la excesiva reglamentación para el empleo de trabajadores hace que las empresas busquen formas de subcontratación para reducir la carga económica.
Tercera, la dificultad para hacer ajustes, en el contexto de una economía globalizada, provoca que las empresas busquen reducir al máximo la creación de nuevos empleos.
Frente a esta realidad, la izquierda maneja un argumento verdaderamente absurdo. Según un académico de esa corriente, la reforma no tiene sentido porque la economía funciona ya, a pesar de la anacrónica ley del trabajo, con un alto grado de contratación, despido, rotación e informalidad.
Pero el argumento se refuta a sí mismo. Si la economía funciona al margen y en contra de la ley es hora de cambiar y adecuar la ley, toda vez que el sistema económico tiene su propia dinámica y no se puede cambiar por decreto.
Y lo más importante: el cambio de la ley incrementaría el grado de flexibilización y de ese modo aumentaría las probabilidades de contratación formal.
Porque, a final de cuentas, el objetivo de la reforma es flexibilizar para facilitar la inversión y creación de empleos, con la consecuente reducción de las actividades y empleos informales, ya que según algunas estimaciones seis de cada 10 trabajadores son informales.
Por otra parte, como han afirmado las organizaciones empresariales, el acotamiento de los salarios caídos a un sólo año eliminaría el riesgo para los empresarios medianos y pequeños de ver quebrar sus empresas por litigios laborales que se prolongan por varios años.
Igualmente importante es la contratación por horas, y no por jornada laboral, porque abre oportunidades para estudiantes y madres. Y al hacerlo contribuye a romper el círculo vicioso de empresas que no contratan jóvenes porque no tienen experiencia y jóvenes que no tienen experiencia porque no los contratan.
En suma, el contenido económico de la reforma enviada por Felipe Calderón y aprobada en la Cámara de Diputados contiene, sin ser perfecta ni poder esperarse milagros de la misma, avances sustantivos respecto de una legislación anacrónica.
A lo que hay que agregar un elemento adicional: en el capítulo de los derechos de los trabajadores se elimina la cláusula de exclusión, que actualmente establece que un trabajador que renuncia o es echado de su sindicato debe ser despedido en automático por la empresa sin indemnización alguna.
La supresión de esa cláusula constituye un avance fundamental y sólo por eso la ley merece ser aprobada inmediatamente.
Sin embargo, pese a los avances señalados, los senadores panistas, encabezados por su coordinador, Ernesto Cordero, se han concentrado en el contenido original de la iniciativa de Felipe Calderón que incluye: transparencia y democracia sindical (voto libre y secreto de los trabajadores).
A grado tal, que Santiago Creel afirmó que los panistas se aferrarían a ese capitulado sin importar los costos ni las consecuencias de esa decisión. El problema está en que en política lo que cuenta es el aquí y ahora, y las consecuencias de las opciones que se toman.
Eso es lo que diferencia a un político responsable y eficiente de un político que no evalúa ni responde por sus actos. De manera que Creel, Ernesto Cordero, Gil Zuarth y Javier Lozano deben plantearse dos cuestiones elementales.
La modificación de la ley aprobada en la Cámara de Diputados sólo puede hacerse en alianza con los partidos de izquierda. Pero además, esa modificación obligaría a regresar la iniciativa a la Cámara de Diputados y ahí perdería su carácter de preferente y terminaría por dormir el sueño de los justos.
Desde la izquierda, se ha afirmado una y otra vez que lo mejor sería que la iniciativa no pase porque constituye un retroceso. El problema para ellos es que no cuentan con el número suficiente de senadores para impedir la aprobación de la reforma.
Pero si en aras de impulsar la democracia y la transparencia sindicales los senadores panistas se unen a la izquierda y tienen éxito, la iniciativa será renviada a la Cámara de Diputados donde quedará congelada.
Así que no hay que hacerse muchas cruces ni buscarle tres pies al gato. Los senadores panistas no tienen más que dos opciones: votar con la izquierda, modificar la minuta y liquidar la reforma o dejar que pase, tal como está, y cosechar los avances y los frutos que la nueva ley conllevará.
En los años 20 y 30, los comunistas usaban un término para definir las alianzas temporales con los enemigos de la revolución: los llamaban compañeros de ruta y los consideraban como ingenuos –o idiotas- que, sin saberlo ni darse cuenta, le pavimentaban el camino a los revolucionarios.
Resulta, por lo mismo, increíble que los senadores del PAN estén jugando el rol de compañeros de ruta. Y que en el colmo de la ingenuidad e irresponsabilidad no se preocupen por las consecuencias reales de sus acciones.
A menos, claro está, que en realidad estén jugando una partida de póquer y al final todo quede en un petate, como se dice en la jerga de los apostadores.
Leído en: http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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