Hace seis años el país y sobre todo la capital de la República estaba sumida en un gran desorden, debido a la inconformidad de amplios sectores sociales por el resultado "oficial" de la elección presidencial. Las motivaciones fueron muchas, pero se pueden sintetizar en que se rompió el pacto político que había dado estabilidad a las elecciones desde 1997, con asuntos como la intromisión de actores políticos no autorizados (los empresarios, los sindicatos y los gobiernos, incluyendo al mismo presidente), el abuso de los medios de comunicación electrónicos y la exclusión del PRD en el nombramiento del Consejo General del IFE, además del alto nivel de competitividad de la elección.
Todo esto contribuyó a configurar un escenario de falta de legitimidad, tanto de las instituciones electorales como del resultado que dio la presidencia a Calderón.
Nada de eso estaba contemplado en los proyectos de gobierno del nuevo presidente, quien asumió el cargo con un capital político muy disminuido. Sin embargo, fue precisamente ese conflicto poselectoral no resuelto, lo que facilitó el acuerdo entre todos los partidos para promover una reforma de una serie de temas que han marcado una diferencia en los procesos electorales posteriores a 2009. Me referiré únicamente al asunto, de los medios, dada la brevedad del espacio.
El gran tema fue el uso de publicidad pagada en los medios electrónicos en las campañas políticas. Los partidos quedaron inhabilitados para contratar directamente espacios de publicidad en medios electrónicos y además se definieron con mayor claridad los límites de la publicidad gubernamental. Esto último impidió a Calderón en 2012 entrometerse demasiado en la campaña electoral. Sin embargo, el gran debate se dio en torno a la función del IFE para la asignación de tiempos para propaganda política.
El criterio legal no fue idóneo, dado que para distribuir el tiempo oficial destinado a este fin, se tomó como referencia la votación que obtuvieron los partidos en la última elección federal o sea una elección legislativa intermedia.
La dinámica de alianzas entre partidos, así como la capacidad de convocatoria de los partidos mismos es totalmente distinta en una campaña presidencial donde el candidato y su propuesta política impacta más en los electores, a una campaña electoral para diputados, donde los ciudadanos se interesan muy poco, y son las estructuras de los partidos las que prevalecen.
Los partidos que en 2012 conformaron la alianza en torno a López Obrador, en 2009 obtuvieron resultados electorales muy pobres, mientras que el PAN que en 2012 quedó en tercer lugar, había tenido un mejor desempeño en 2009 y desde luego el PRI mostró la potencia de sus estructuras partidarias.
Pero el gran problema con la nueva ley es que provocó un gran descontento en los empresarios dueños de las empresas de televisión (que por cierto sólo son dos grandes consorcios) de tal suerte que se dedicaron varios años a denostar la función del IFE con cualquier pretexto, lo cual ha contribuido a dañar la imagen de la institución y a dificultar una tarea, por si misma extremadamente difícil.
De hecho, en la ley fruto de la reforma de 2007 existió siempre una contradicción al pretender que el IFE, responsable de organizar las elecciones en todas sus etapas, desde aquellas que anteceden al proceso electoral, como es el registro de los ciudadanos en el padrón, hasta la auditoría de los gastos de los partidos en las campañas, después de terminado el proceso electoral; además sea un órgano con capacidad de dictar y aplicar sanciones. Este año, se pretendió sancionar inclusive al presidente de la República.
En 2012 aprendimos los mexicanos que las reformas electorales sólo contribuyen a allanar el camino, pero no dan legitimidad al resultado electoral, sin embargo, la herencia del conflicto poselectoral de Calderón dio algunos frutos en términos de equidad y transparencia, sin que haya sido su intención provocar una reforma electoral con estas características.
sgomez@colmex.mx
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