Por desgracia la opinión pública tiende a comprar grandes discursos y promesas fáciles en lugar de detenerse a pensar y analizar.
La democracia implica competencia entre grupos que desean llegar al poder y ésta suele ser feroz. El secreto de su supervivencia consiste en la forma en que las instituciones permiten el diálogo entre los actores y generan acomodos estables y aceptados en un juego donde nadie gana o pierde para siempre.
Corresponde al ciudadano reivindicar sus intereses y diseñar las mejores estrategias para intervenir en las decisiones públicas.
En vez de pensar como ciudadanos, a muchos les parece más cómodo verse como súbditos y pensar que los gobernantes van a resolver sus problemas por buena voluntad. Lo malo es que también ese es el juego de los políticos, toda vez que esclarecer los términos del debate puede llevar a reformas que afecten sus intereses –y nadie va a hacer algo así de manera espontánea.
Un ejemplo de lo anterior es recurrir cada tres años al mito de los “grandes acuerdos” los cuales, dicen, se concretarían a través de pactos. Ejemplos abundan desde 1996 hasta el día de hoy como el Pacto de Chapultepec, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado o la Ley para la Reforma del Estado… Salvo excepciones, todos han terminado en buenos deseos o a reformas que benefician a los partidos.
A continuación se presentarán cinco argumentos para ver con algo de escepticismo al Pacto por México, con el fin de que podamos plantear mejores demandas a los poderes públicos.
1. NO EXISTE LA 'VOLUNTAD POLÍTICA'
Como se dijo arriba, es fácil que compremos cuentos de hadas en lugar de pensar tácticamente. Incluso muchos de los lugares comunes del pensamiento nacional se convierten en cursilerías si los vemos con detenimiento.
Tomemos la idea de la “voluntad política”, o la creencia de que basta con que los políticos se pongan “de acuerdo” para cambiar el país sin decir el “cómo”.
Para decirlo de otra forma, es como si de pronto todos nuestros gobernantes se dieran cuenta de que han obrado mal (sea lo que signifique) y, en un gran acto de contrición se vieran los ojos con mirada de Remy, se tomaran las manos en un gesto de renovada fraternidad y, hombro con hombro, impulsaran las reformas que México necesita, sean cuales fueren.
A la gente le encanta comprar estas cursilerías en vez de pensar qué es lo que a uno le conviene y cómo se puede negociar eso con quienes difieren.
Incluso la clase política refuerza esas creencias a través de sobresimplificar las experiencias de otros países. Por ejemplo está el mito del Pacto de la Moncloa, donde se nos dice que fue el inicio de la transición española: el momento de los grandes pactos.
En realidad las negociaciones por una nueva Constitución (durante la dictadura de Franco sólo operó una Ley Fundamental) se dieron a partir de 1975, en un proceso de arduas negociaciones donde todos los actores políticos, donde a prueba y error todos se dieron cuenta que abandonar el proceso llevaría a la ingobernabilidad.
A ello se debe agregar el proceso de integración a la Comunidad Económica Europea y las exigencias que esto imponía en cuanto a políticas económicas.
Para decirlo de otra forma, el Pacto de la Moncloa, firmado en septiembre de 1977, no fue el momento fundacional que algunos suponen, sino una serie de acuerdos socioeconómicos (léase “políticas de austeridad”) para enfrentar el descontento popular que generaban las políticas de ajuste.
Cierto, esto reforzó los incentivos que todos los partidos tenían para negociar, pero no fue un acto de generosidad espontánea.
La nueva Constitución se promulgó en diciembre de 1978 y a partir de ese momento no hubo un reconocimiento del nuevo orden. Al contrario, sólo se habían pactado nuevas reglas del juego para que los partidos lucharan por el poder –sólo que más estables que las que había en los años de la República.
Algo que los teóricos de la transición ignoran tal vez estratégicamente es que la lucha volvió a ser cruenta e inestable y se requirió de otro impulso para obligar a los partidos a jugar a la democracia: el fallido golpe de estado de Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981, conocido como el 23F. En ese momento la monarquía surgió como elemento aglutinador y el PSOE pasó de ser un partido contestatario a uno socialdemócrata.
Éste es un punto relevante: quienes hablan de los grandes pactos omiten que éstos se han dado en buena parte gracias a los militares.
En Alemania la Ley Fundamental se pactó mientras el país estaba ocupado por los aliados. La V República de Francia fue propuesta unilateralmente por Charles de Gaulle, héroe de la resistencia, que pacientemente había esperado que colapsase la IV República. Y ni se diga de los procesos de democratización en Iberoamérica durante los años ochenta a noventa del siglo pasado, tras dictaduras castrenses.
Pero bueno, hablemos de cosas más agradables. ¿Por qué prosperó el Pacto de Chapultepec 1996? Porque tras la crisis económica del año anterior el gobierno de Ernesto Zedillo tuvo que ceder a la oposición en temas como la democratización del Distrito Federal, la autonomía del IFE y de la CNDH a cambio de ajustes como la autonomía del Banco de México.
En este juego naturalmente entraron presiones externas, gracias al proceso de apertura que se había iniciado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Incluso le fueron tan costosos los cambios al PRI que al año siguiente perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.
Lamentablemente en estos momentos nuestros partidos no se enfrentan a una situación tan extrema. Cierto, el nuevo gobierno tiene interés en lograr acuerdos en temas que le son vitales, pero no esperemos una refundación. Como se verá más adelante, las demás razones se desprenden de ésta.
2. CAMBIOS GRADUALES, INCREMENTALES Y PERMANENTES
La creencia en los momentos fundacionales supone que existe un botón de “reset” para que una nación pueda empezar de nuevo; aunque en realidad todos los cambios son producto de fuerzas que lo buscan frente a otras que anhelan preservar el estatus quo.
De esa forma, los resultados de las transiciones muestran más continuidad que transformaciones; y estas últimas son producto de una reflexión sobre por qué cayó la democracia y cómo resolver problemas concretos de gobernabilidad.
Lamentablemente para ello se necesita una clase política que, al acumular experiencia en un mismo mandato, pueda desarrollar diagnósticos asertivos sobre qué reformar, tener la capacidad de dar seguimiento a lo que pactan y responsabilizarse de sus reformas. Mientras tanto tendremos legisladores que pretenden reinventar el país cada inicio de legislatura.
3. TODO SE REDUCE A MAYORÍAS
Tanto los trece puntos del discurso de Peña Nieto como los del Pacto muestran muchos “qué”, pero casi ningún “cómo”. Por ejemplo, se habla de dos nuevas cadenas de televisión, pero no se toca el tema de dotar de autonomía a los órganos regulatorios para tener condiciones plenas de transparencia y certidumbre jurídica.
Y en esos “cómo” entran los partidos políticos que, como se espera en una sociedad plural, reflejan las diversas posturas en temas de política pública. Pueden no ser totalmente responsables, pero ese es un problema de rendición de cuentas. Lamentablemente no puede haber una democracia funcional sin estos “cómo”, pues se necesitan condiciones de predecibilidad al negociar los cambios y aprobarlos en el Congreso.
Por desgracia los interlocutores no son plenamente confiables en este momento. El PAN todavía no resuelve sus problemas internos y posiblemente no lo hará sino hasta finales de 2013 cuando cambie su consejo político y dirigencias. Mientras tanto el PRI tiene que negociar por partida doble con los azules para pasar una iniciativa.
Y ni se diga el PRD, que como se dijo en este espacio, todavía no termina de deshacerse de sus radicales mientras Morena carezca de recursos propios, acreditables o no.
4. UN SISTEMA DISEÑADO PARA ADMINISTRAR LOS PROBLEMAS
Dejemos a un lado la coyuntura política: los horizontes de lo factible se limitan cuando los actores saben que sólo se van a ver las caras por un tiempo limitado.
Añadamos a eso el hecho de que tampoco tienen por qué dar cuentas de su desempeño, pues los partidos van a darles el siguiente puesto en base a su lealtad al momento de votar, y no a resultados concretos.
¿Qué significa esto? Poca cosa: los incentivos son para aprobar reformas que ayuden a salir del paso a quienes ocupan cargos de autoridad en lugar de generar acuerdos de largo alcance.
Y es poco probable que recordemos esto en 2015, pues se nos ha enseñado a votar por promesas en lugar de por desempeño, como en cualquier otra democracia. Pero para lograr eso se necesita que nuestras autoridades y representantes compitan para quedarse en su puesto en lugar de irse a otro.
5. CIUDADANÍA: SIN TAPETES DE 'BIENVENIDO'
Junto con los elogios de sectores de la opinión pública surgen reclamos porque no se incluye a “la ciudadanía”, aun cuando nadie dice qué se debe entender por ello.
Es decir, si cada grupo tiene intereses distintos en cada uno de los puntos de la agenda, creer que debe haber un bloque homogéneo es una simplificación. Más bien, y como se ha dicho aquí, es responsabilidad de los afectados buscar canales para influir en las decisiones.
Esto es más apremiante si vemos que en muchos temas se reflejan los intereses de los partidos antes que de los ciudadanos. Y no tienen incentivos u obligaciones para que eso sea distinto.
Por ejemplo, los temas electorales implican insistir en la sobrerregulación de la contienda en lugar de pensar en cómo nuestros institutos políticos pueden ser más competitivos.
Digámoslo de otra forma: no tienen por qué atender a los grupos de interés más allá de abrir espacios simbólicos.
POR LO TANTO…
Venimos de un sistema político que se sostuvo gracias a negar derechos políticos tan elementales como la rendición de cuentas. También liberó a muchos de obligaciones como el pago de impuestos.
Incluso diseñó un sistema de subsidios y programas asistenciales que genera la percepción de que el gobierno debe resolverle la vida a los individuos. Es decir, no hubo un interés por formar ciudadanos que asuman sus derechos y obligaciones.
No hay camino fácil para llegar a tener una ciudadanía participativa y ninguna democracia lo logra del todo. Sin embargo, se habla poco en el Pacto por México de temas centrales para construirla, como la libertad de premiar o castigar electoralmente a los representantes.
Tampoco existen las soluciones fáciles o inmediatas, pero cada uno de los puntos expuestos sugiere que este cambio es condición necesaria para tener instituciones más eficaces.
Si no hay una definición de una agenda básica y puntual entre los diversos intereses para impulsar un cambio político, es probable que este ejercicio vuelva a terminar en buenos deseos, beneficiando a quienes viven del mito de los “grandes acuerdos en lo fundamental”.
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