Igualmente acertada es la reforma a la Ley Orgánica de la Administración, en particular la integración de la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación.
Porque si algo quedó en claro durante el gobierno de Calderón es que el combate del crimen organizado no es un problema meramente policíaco, sino un asunto de seguridad nacional.
No menos importante es la lección de que el combate contra los cárteles impone una coordinación y dirección del Ejército, la Marina y la Policía Federal bajo un mando civil -el Secretario de Gobernación, en el nuevo organigrama.
Y a lo anterior hay que sumar la aprobación de la reforma de la ley laboral, que fue destrabada por Peña Nieto en su calidad de Presidente electo.
A esta lista se podría agregar el Pacto por México. Porque es un logro que se haya concertado entre las principales fuerzas políticas y firmado al día siguiente de la toma de posesión.
Pero dicho eso, el Pacto por México suscita una serie de observaciones y reservas sobre su eficacia y funcionamiento.
De entrada, vale recordar que Ernesto Zedillo convocó a un Acuerdo Político Nacional, firmado el 17 de enero de 1995, del cual derivo la reforma electoral, que se alcanzó con el consenso de todas las fuerzas políticas en 1996.
Después vino el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional (APDN), impulsado por Vicente Fox, a través de Santiago Creel, que se firmó el 7 de octubre de 2001 por las ocho fuerzas políticas representadas en el Congreso.
El APDN contenía 34 acuerdos que se dividían en cuatro capítulos: político, económico, social e internacional. Pero a diferencia de la convocatoria de Ernesto Zedillo, que era precisa y culminó con la reforma electoral, se convirtió en una carta de intención de lo que debería ser la reforma integral del Estado.
Al final no hubo ni reforma del Estado ni reformas estructurales (fiscal, laboral, energética). No sobra señalar que los 34 acuerdos del APDN palidecen frente a los 95 puntos del Pacto por México. De ahí la primera reserva: ¿Qué viabilidad real tiene un pacto tan general y ambicioso?
La segunda reserva se refiere a los signatarios del Pacto. En esta ocasión fueron únicamente PRI, PAN y PRD. Pero, como era previsible, los perredistas se encuentran ya divididos entre los partidarios de AMLO y los integrantes y simpatizantes de Nueva Izquierda ("los chuchos").
De manera tal que no se puede hablar de un consenso, sino de un enfrentamiento cuyo desenlace es incierto. Puede conducir a una nueva ruptura en el PRD, en el mejor de los casos, o a la defenestración de su presidente, Jesús Zambrano, en el peor.
Y en el PAN tampoco se cantan mal las rancheras: el enfrentamiento entre la corriente de Gustavo Madero y la que encabeza Cordero, presidente del Senado, es manifiesta. Por si hiciera falta comprobación alguna, ahí está el boicoteo de los senadores de la fracción panista a la Reforma de la Ley Orgánica de la Administración que presentó Peña Nieto.
La tercera reserva se refiere al contenido estricto de cada uno de los puntos. Me explico: el Pacto no hace referencia a una reforma laboral, toda vez que ésta ya se promulgó. Pero es un hecho que, de no haber sido el caso, figuraría como uno de los acuerdos.
Sin embargo, semejante convergencia, como quedó demostrado en las negociaciones reales, no hubiese ido más allá del papel, ya que las diferencias de los perredistas con panistas y priistas eran sustanciales.
Ahora bien, si en aras de respetar el espíritu del pacto se hubiese optado por mantener el consenso con los perredistas, el resultado –una reforma rasurada- no habría servido para nada.
De lo que deriva la cuarta reserva, que es de orden general: los peligros fundamentales de una estrategia que se guía por el consenso a toda costa son dos: operar por el principio del mínimo común denominador, es decir, incluir sólo aquellos puntos en los que todos convergen; hacer concesiones sin medir las consecuencias de las mismas con tal de alcanzar el acuerdo.
Pongo un ejemplo para ilustrar el primer riesgo. En materia de reforma energética el Pacto contempla tres puntos de acuerdo (55, 56, 57) de orden general. Pero no incluye cuestiones fundamentales, como los contratos de riesgo o estrategias de explotación de los yacimientos marinos y del gas.
Así que si en aras de preservar el acuerdo con los perredistas no se tocan esos temas, la reforma energética se quedará corta y sus efectos serán pírricos.
El segundo ejemplo remite a la reforma electoral de 1996. Se incluyeron entonces dos temas: la cláusula del 8 por ciento como límite a la sobrerrepresentación (PAN) y los senadores de representación proporcional (PRD).
Ambos fueron aceptados para no romper el consenso, pero sus consecuencias fueron y son negativas.
La quinta reserva se refiere al Comité Rector del Pacto integrado por tres representantes del Gobierno federal, tres del PRI, tres del PAN y tres del PRD. Lo que, potencialmente, da un empate entre el gobierno y la oposición.
Pero, ¿qué pasará cuando así se alineen las fuerzas, como está ocurriendo con la reforma de la Administración Federal en el senado?
Por último, ¿qué pasará con la iniciativa preferente del Presidente de la República? ¿Será archivada para que el Comité Rector fije los tiempos y la agenda?
Tres corolarios finales: la democracia no es el reino del consenso, sino el gobierno de las mayorías. El que mucho abarca, poco aprieta. No hay que abrir todos los frentes al mismo tiempo.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.