Jorge Volpi - ¿Adiós a las armas?

En su vibrante discurso posterior a la masacre de Newtown, el presidente Barack Obama sentenció: "Estas tragedias deben terminar. Y, para que terminen, debemos cambiar". Y añadió: "En las próximas semanas usaré todos los poderes que le han sido conferidos a esta oficina para comprometer a mis conciudadanos, a los responsables de aplicar la ley, a los expertos en salud mental, a los padres y a los educadores, en un esfuerzo dirigido a prevenir tragedias como ésta, pues, ¿qué otra opción nos queda? No podemos aceptar que estos sucesos se conviertan en rutina".

Por desgracia, en Estados Unidos "estos sucesos" se han transformado justo en eso: una dolorosa rutina que se repite a un ritmo que no tiene comparación en ningún otro país. Desde 1982 han ocurrido 62 casos semejantes, en los que uno o dos tiradores han asesinado a decenas de personas en universidades, escuelas y otros lugares públicos. Según el sitio liberal Mother Jones, de las 142 armas usadas por los asesinos, más de tres cuartas partes fueron obtenidas legalmente, incluyendo 68 armas semiautomáticas y 35 rifles de asalto. Tras cada masacre, sin falta los políticos demócratas en turno han llamado a reforzar el control de armas y sin falta se han visto desafiados por sus colegas republicanos, por el lobby de la National Rifle Association (NRA) -el más influyente de Washington-, y por una cultura que considera que la posesión de armas es un derecho inajenable como la libertad de expresión.



Los abogados de esta idea se basan en la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que establece: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido". Su redacción deriva de la Declaración de Derechos británica de 1689, en la que el Parlamento desechó el decreto del rey católico Jaime II de desarmar a sus súbditos protestantes, si bien durante dos siglos esta provisión fue entendida como un derecho colectivo aplicable sólo a esa "milicia" que a la larga fue sustituida por el ejército federal. No fue sino hasta 2008 que esta interpretación sufrió un drástico giro cuando, en el caso District of Columbia vs. Heller, los cinco jueces ultraconservadores de la Suprema Corte eliminaron las restricciones a la portación de armas en D.C. al considerar que violaban un derecho individual.

Pero incluso antes de este fallo, la NRA -creada en 1871 por un grupo de cazadores- ya había tomado como bandera este supuesto, oponiéndose a cualquier restricción a las armas de fuego, incluyendo el derecho a portarlas cerca de escuelas o centros comerciales y a almacenarlas en los coches. Su negativa protege un lucrativo negocio -según Jill Lapore, en un artículo publicado en el New Yorker en 2010, en Estados Unidos hay unos 300 millones de armas en manos privadas- pero también posee un componente ideológico que se asocia con la tradicional desconfianza hacia el Estado de un alto porcentaje de la población: a nadie sorprenderá que la mayor parte de quienes poseen armas voten por los republicanos.

La decisión del presidente Obama de usar todo el poder conferido a su oficina para acabar con esta situación se encontrará con múltiples obstáculos. En primer lugar, el poder de la NRA que, tras el veredicto de los mismos jueces ultraconservadores de la Suprema Corte en el infame caso Citizens United vs. Federal Elections Comission (2010), continuará invirtiendo millones de dólares para atacar a los candidatos que se oponen a sus políticas. Y, en segundo, los congresistas republicanos que ostentan la mayoría en el Congreso y que, ya sea para defender los intereses de constructores y comerciantes, o por motivos ideológicos, se opondrán a cualquier control estricto. Cuando aún no concluye el duelo por las víctimas, los más prudentes ya se han apresurado a advertir que "no hay que aprovecharse de la tragedia", mientras los más duros -y sinceros- no han dudado en afirmar que la única forma de evitar que se repitan las masacres en las escuelas consiste en permitir que maestros y directores lleven sus propias armas.

Casi ausente de la discusión sobre la libre venta de armas en Estados Unidos ha sido su impacto en la violencia mexicana: las 65 mil muertes de este lado de la frontera, en buena medida producidas por armas adquiridas de aquel lado, resultan ajenas y anónimas frente a los niños de Newtown. Pero el argumento de la NRA y los republicanos vuelve a ser el mismo: la Constitución les concede un derecho superior a cualquier consideración hacia sus vecinos. En el mejor de los casos, Obama conseguirá reintroducir la prohibición de armas de asalto (suspendida desde 1994) y alguna cosa más, pero en cuanto el impacto de la tragedia de la Escuela Sandy Hook empiece a disolverse lo más probable es que sus enemigos detengan cualquier medida radical. Y, en unos meses, se repetirá la rutina y un nuevo asesino volverá a disparar contra otros inocentes.

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