Si alguien conoce del creciente poder de los gobernadores y presidentes municipales es Enrique Peña Nieto, quien fue "gran virrey" entre los "virreyes" al haber gobernado el estado más poblado del país. El hoy Presidente sabe, por experiencia propia, que la democratización descentralizó el poder hacia los estados y que esto desgraciadamente generó una serie de abusos que ya no pueden continuar. La solución que propone es homologar reglas e instituciones, lo cual tiene un aroma de centralización para limitar a los poderes locales.
En el caso de la seguridad, Peña anunció su intención de crear un Código Penal Único que sustituya a los códigos locales; que se castigue de la misma manera a los delitos a lo largo y ancho del país. Lo mismo quiere hacer con un Código de Procedimientos Penales único y de aplicación nacional, lo cual es importante para la implementación definitiva del sistema penal acusatorio y oral que, por ley, debe quedar completado durante ese sexenio.
La homologación no se restringe a códigos únicos. En el Pacto por México, que firmó el gobierno de Peña con el PAN, PRI y PRD, se comprometieron a aplicar "un esquema de Policías Estatales Coordinadas, en el que las policías municipales se conviertan en policías de proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales asuman todas las labores de seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades". Si bien esto está lejos de la idea que tenía Calderón de consolidar el sistema policiaco en 32 policías estatales y la del DF, más la federal, lo que propone Peña es mantener las municipales con un perfil más bajo y dejar el peso de la seguridad pública a las policías estatales que se homologarán.
En materia de derechos humanos, el Pacto por México propone otra homologación más que afectará el poder de los gobernadores. Muchas de las comisiones de derechos humanos estatales no son del todo autónomas: siguen dependiendo del Ejecutivo local. Lo que ahora se propone es adecuar "los distintos ordenamientos locales para que sean consistentes con la reciente reforma constitucional y de esa manera se garantizará, entre otras cuestiones, la autonomía de los organismos locales de derechos humanos".
En cuanto a las finanzas públicas, Peña ha admitido que "la deuda de algunos estados y municipios ha llegado a niveles inaceptables, lo que pone en riesgo a las finanzas públicas de las presentes y futuras generaciones". La solución que propone es otra homologación con aroma de centralización. Enviará "un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Esta ley pondrá orden al endeudamiento de los gobiernos locales".
Además, en el Pacto por México, el nuevo Presidente se comprometió con los partidos a revisar "la Ley de Coordinación Fiscal para construir una relación más equitativa entre la Federación y las entidades federativas". Esto no puede leerse más que como la intención de que los estados cobren más impuestos para financiarse de tal suerte que se puedan liberar recursos para el gobierno federal.
Hay más promesas de homologaciones en materia de ejercicio del gasto público y de transparencia. Para empezar, Peña se compromete a implementar de inmediato la reforma que recientemente se aprobó a fin de "establecer reglas comunes y mecanismos homologados para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información sobre el gasto público". Además impulsará "una reforma constitucional para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de relevancia nacional".
En cuanto al combate a la corrupción, habrá una Comisión Nacional "con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción". En los estados habrá comisiones similares con criterios homologados.
Finalmente, en materia electoral, Peña y los partidos prometen crear una autoridad "de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales". Desaparecerán los institutos electorales locales y el IFE se transformará en autoridad nacional única.
Súmense todas estas promesas y lo que se obtiene es una gran señal: homologar reglas e instituciones, con un aroma de centralización, para limitar el creciente poder de los gobiernos locales.
Twitter: @leozuckermann
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