año, tienen que ver con un problema de continuidad política, pero también de viabilidad económica para hacerlas efectivas en el corto plazo y garantizar su instrumentación inmediata una vez aprobadas por el Congreso. Todos los cambios a realizar giran en torno a la necesidad de que el Estado mexicano cuente con mayores recursos económicos, de manera tal que pueda sentar las bases para un desarrollo más dinámico e
integral del país en su conjunto.
Por eso la necesidad de encontrar una fórmula que garantice que el manejo de la deuda pública de los estados sea transparente y ajustado a la normatividad, de manera que se pueda acabar con la discrecionalidad de gobernadores irresponsables y corruptos. Hablar de abrir la economía a la inversión privada, o intentar desbaratar estructuras monopólicas, así como pedir a la ciudadanía en general que pague más impuestos para impulsar el crecimiento, requiere de un compromiso efectivo por parte de
la clase política mexicana para reducir sus privilegios, excesos y abusos del poder.
En las actuales condiciones, ni el empresariado, ni los grupos de poder
monopólicos, ni la ciudadanía en general estarían en condiciones de
realizar concesiones importantes a una clase política voraz y carente de
voluntad de sujetarse a un Estado de derecho. Es por ello que además de
la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental ya aprobada, el asunto del
control de las deudas estatales es el primer paso para armar el resto
del paquete de reformas estructurales. Después de ello, el tema de
telecomunicaciones: más allá de la complejidad que implica por los
enormes intereses económicos que afecta, representa la posibilidad de un
gran acuerdo entre el capital y el Estado no sólo en este asunto, sino
en un rediseño del esquema de competencia económica a nivel nacional.
Primero, supervisar al gobierno en sus distintos niveles para después
conseguir el apoyo de factores reales de poder económico en la búsqueda
de un nuevo pacto que abra las puertas a la libre competencia, y con
ello al aumento de la competitividad, para finalmente acceder a una
reforma energética que rompa con trabas a la inversión privada en el
sector y facilite en forma simultánea la instrumentación de una reforma
hacendaria integral. El orden de esta difícil ruta hacia la
transformación de la economía nacional tiene qué ver con la lógica
política de la construcción de acuerdos parciales que vayan armando el
puente que culmine con la posibilidad de un nuevo modelo político para
México a partir del próximo año.
Por supuesto que el camino se encuentra lleno de obstáculos y minas que
pueden hacer explotar el proyecto en su conjunto. Elecciones en los
estados, decisiones de la autoridad electoral que terminen siendo
atribuidas al gobierno priísta y sirvan de incentivo para reventar el
proceso constructor de acuerdos, y las propias pugnas al interior de los
partidos políticos son elementos suficiente para pensar que las
posibilidades de concretar la ruta exitosamente no son hoy las mejores.
Si los incentivos para transformar la fisonomía del país van en sentido
contrario a la necesidad misma de hacerlo, es momento para que desde las
dirigencias de la clase política se mire más allá del inmediatismo y se
pueda pensar en un nuevo pacto económico y político que cambie las
formas de disputarse el poder, pero también la manera de hacer fluir
inversiones y redistribuir ingreso en un país urgido de reducir la
pobreza por la vía de la creación de empleos remunerativos. No se puede
seguir responsabilizando al “sistema” de la imposibilidad de romper las
inercias del pasado, hoy es un problema de voluntad política y visión de
Estado. No valen excusas, ni depositar las responsabilidades en otros.
Es ahora o nunca.
Analista político
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