La herencia de San Andrés

Ramón Cota Meza

2013-04-27 • ACENTOS

La escalada de erupciones violentas por contingentes comunalistas no presagia buenas consecuencias. Los pedimentos de mano suave a la autoridad civil y militar suelen salir sobrando en estos casos, por eso quizá valga ampliar la mirada del conflicto a fin de descartar autoengaños, más allá de la disputa entre partidarios y enemigos de la reforma educativa.

La disidencia magisterial radical tiene más de 30 años, pero su posición actual ha sido fortalecida por la cauda de reformas legales resultantes de los Acuerdos de San Andrés de 1996, la reforma constitucional de 2001 y las diversas reformas estatales y municipales en las entidades más conflictivas. Las reformas educativas no han mejorado mucho la educación, pero han fortalecido el papel político del maestro en las zonas nominalmente bilingües.

La disidencia cuenta su propia historia: después de la reforma constitucional de 2001, que dejó inconclusos los Acuerdos de San Andrés, el movimiento se dio a la tarea de construir las autonomías indígenas en la práctica, desde abajo, al margen de las instituciones civiles y a menudo en conflicto con ellas. La primera policía comunitaria de Guerrero había sido creada en octubre de 1995. Desde entonces se han creado leyes y entes autonomistas con diversos objetivos, algunos con resultados aceptables. Falta evaluar el conjunto de iniciativas, pero parece que, en general, los resultados no entusiasman mucho.

Las zonas comunalistas son un mosaico, pero en algunas ha penetrado la idea de que, al practicar la autonomía, las comunidades están creando nuevos poderes capaces de rivalizar con los poderes constitucionales. Este ímpetu antagonista, al intentar imponer sus designios por la fuerza y la amenaza, está destinado a chocar con las instituciones de la democracia electoral. El conflicto está en la mente de los soliviantados.

Para los académicos más comprometidos con el autonomismo comunal, como cierta corriente antropológica de la UAM Iztapalapa, autonomía es sinónimo de “capacidad de crear nuevos mundos” u “otras geografías”, donde imperan los usos y costumbres de las comunidades en la práctica, lo cual demuestra capacidad de crear nuevas relaciones entre el Estado y los “sujetos colectivos” de todo el país y hasta del mundo.

El fin político de los autonomistas es obtener para las comunidades el estatus de “sujetos de derecho público”, es decir, habilitarlas como entes capaces de hablar tú a tú con la autoridad constitucional y tomar la vía de los hechos en caso necesario. La legitimación de esta conducta descansa en el supuesto de que, al actuar así, la comunidad está fundando su estatus de “sujeto de derecho público” en la práctica, convencida de la superioridad de su causa. De ahí su irreductibilidad.

Tan insólita radicalización fue estimulada por la rebelión de Chiapas, pero estaba germinando desde principios de los 80. La circunstancia fue el drástico recorte del gasto público para las zonas comunales a partir de 1983, después de tener altos y crecientes presupuestos desde 1971 hasta 1982. El gasto se reanudó en el sexenio de Salinas, pero terminó fortaleciendo organizaciones que se habían radicalizado en el proceso.

La secuela legislativa de San Andrés las fortaleció mucho más al crear una suerte de estado de excepción para ellas. Es claro que el fortalecimiento de la CNTE por la descentralización educativa ha sido distinto al fortalecimiento del SNTE en el resto del país. La razón es que las comunidades cuentan con leyes y autoridades propias, inmunes a la jurisdicción estatal en grado considerable.

El conflicto se torna cada vez más tenso porque actúan dos lógicas distintas: la de las instituciones democráticas y la de sujetos colectivos que afirman su poder en sus propios términos revolucionarios. Para los grupos más radicales, la impugnación de la reforma educativa es solo un episodio de los muchos combates que vendrán.

Admito no saber cómo tratar con estos compas, pero temo que la reducción del conflicto a la disputa educativa conduzca a la confrontación violenta. Creo que esto se podría evitar con una decisión política que ponga entre corchetes la implantación de la reforma educativa en las zonas comunales dada su problemática particular.

Después de todo, fue el Estado quien introdujo los arreglos institucionales comunitarios que ahora se vuelven en contra suya. Un retiro táctico del gobierno podría reducir la tensión y crearía condiciones de negociación.

La situación no aconseja poner todos los huevos de la reforma educativa en algunas regiones levantiscas. Retiro táctico no es sinónimo de claudicación, sino de templanza, civilidad y buena voluntad. Además, los órdenes de gobierno necesitan tiempo para planear acciones coordinadas que recompongan las relaciones de respeto básicas entre las comunidades y las instituciones de la sociedad civil.

Twitter: @cota_meza