La otra cara del negocio minero Miércoles -- Rubén Martín

La minería es un gran negocio. La Cámara Minera de México (Camimex) presume que constituye la cuarta actividad económica generadora de divisas en el país con 23 mil millones de dólares (MMDD) en 2012, sólo debajo de la industria automotriz (88 mil 377 millones de dólares), la industria electrónica (56 mil 388 millones) y la extracción petrolera (53 mil 078 millones).

Los empresarios mineros sostienen que han sido de las ramas con más empleos creados en los últimos años para un total de 337 mil puestos de trabajo directos y 1.6 millones indirectos; además presumen que 80% de los asociados a la Camimex están certificados como industrias limpias.

Pero algo no checa en el discurso de los empresarios mineros y la realidad. Y esa realidad dice que el negocio tiene otra cara, distinta a la que difunden los empresarios mexicanos y extranjeros.



Esa otra cara del negocio minero tiene rasgos de despojo de territorios, de división de comunidades, de desastre ambiental, de perjuicios a ríos, cuerpos de agua, mantos freáticos, tierras, árboles, cultivos y frutos. La otra cara del negocio, lamentablemente, también está asociada a amenazas, presiones, golpes e incluso, asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos.

Hay casos recientes preocupantes. En Jalisco, el 5 de mayo, los ejidatarios del poblado de Tequisquitlán, del municipio de Cuatitlán de García Barragán, decidieron parar la mina de la empresa china Gan-Bo Minera Internacional.

Los habitantes de este poblado de Jalisco decidieron actuar directamente debido a la ineficacia de los recursos legales que han interpuesto, así como los compromisos incumplidos de las autoridades y de la empresa china. Denunciaron que desde hace cuatro años enfrentan problemas ambientales, contaminación de mantos freáticos con dos lagunas al aire libre, daños a la agricultura, además de una intensa extracción de agua, dijo el presidente ejidal, Gregorio Zamora Escobar.

Los casos de los pueblos que paran las actividades mineras se multiplican. Pero las autoridades de todos los niveles siguen empeñadas respaldar las explotaciones mineras sin reparar en los altos costos sociales que esta actividad económica está generando.

Sólo una mirada interesada podría dejar de advertir que en buena parte de las concesiones y explotaciones mineras, las relaciones comunitarias se trastocan peligrosamente debido a la división de los pobladores provocado por el negocio minero; es común, además, que las empresas contraten a guardias privados que han sido denunciados como causantes de agresiones a quienes encabezan la resistencia a las mineras.

Un caso concreto es el de Mariano Abarca, líder indígena de la comunidad de Chicomuselo, Chiapas, y quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Un informe de la agrupación canadiense Mining Watch Canada revela que la embajada de Canadá en México encubrió a la empresa Blackfire, vinculada al asesinato de Abarca (Alejandra Guillén, Proceso, 6 mayo 2013).

Las evidencias de la otra cara del negocio minero han sido suficientemente denunciadas por las comunidades que padecen este extraordinario negocio capitalista; es tiempo que las autoridades atiendan estos reclamos.

Fuente: El informador.