El problema es que el número de muertos durante su gobierno va en aumento: casi nueve mil en seis meses. A este ritmo superará a su antecesor que cerró sexenio con 100 mil muertos y 300 mil desaparecidos. Las mañas del PRI para gobernar son conocidas: repartir dinero, poder, puestos, estatus… y lo más importante, los priistas son maestros en la vieja máxima: divide y vencerás.
Han logrado desarticular la fuerza imponente del movimiento de víctimas de la guerra. Los familiares de los desaparecidos y asesinados siguen luchando, pero ya no tienen esa cohesión, ni mucho menos la unanimidad para exigir resultados. De la escena pública ha desaparecido, por ejemplo, nuestro querido Javier Sicilia, entre otros tantos líderes que en su momento durante el inicio del sexenio creyeron las promesas del nuevo inquilino de Los Pinos. A cambio, surge el llamado para acudir a actos de “reconciliación”, escenarios públicos donde los funcionarios o policías piden perdón a las familias de los desaparecidos y solicitan el necesario olvido de lo sucedido para “sanar las heridas” y así vivir todos en paz y armonía.
El espectáculo colorido proviene de colectivos y gente muy diversa. En primer lugar tenemos a la famosa Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro quien acaba de celebrar una ceremonia en el Memorial de las Víctimas de la violencia, denominada “Duelo, reconciliación y paz” con Alto al Secuestro, MéxicoSOS y Provictima. Según ella, con este tipo de actos se busca que las víctimas “sanen” su dolor y “recuperen el valor de la vida y la paz”. El evento, con toda la escenografía y palomas blancas lanzadas al cielo, pretende lavar la cara del gobierno de Enrique Peña Nieto y de paso la del ex mandatario denunciado por crímenes contra la humanidad, Felipe Calderón.
No es más que una operación de maquillaje para intentar dar carpetazo a los graves casos de violaciones de derechos humanos que sucedieron y que siguen sucediendo. En distintos estados de la República, este ejercicio de “reconciliación” se repite, seguramente bajo la línea del gobierno federal.
Por ejemplo, en Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida por Minerva Martínez y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos CADHAC, dirigida por la religiosa Consuelo Morales, han encabezado este tipo de actos del perdón. El pasado 14 de mayo, en la Sala del Cabildo de Juárez, Nuevo León, el Alcalde Rodolfo Ambriz Oviedo pidió disculpas públicas a los familiares de Israel Arenas Durán, desaparecido el 17 de junio de 2011, junto a otros tres jóvenes: Adrián Nava Cid, Javier García Álvarez y Reynaldo García Álvarez.
Se trata de desapariciones forzadas, ya que los cuatro fueron detenidos por agentes de tránsito del municipio de Juárez al salir de un bar y posteriormente entregados a “Los Zetas”. Ninguno de los agentes detenidos ha señalado el paradero de los desaparecidos.
El acto de “reconciliación” es confuso, ya que las disculpas provienen de un alcalde que ni siquiera era alcalde en el momento de la desaparición de los cuatro jóvenes. ¿Cuál es la verdadera intención de este tipo de eventos simuladores, estimulados por “recomendaciones” de las comisiones estatales de cada ciudad, en complicidad con supuestas organizaciones no gubernamentales? El pasado 29 de mayo, el Alcalde del municipio metropolitano de Apodaca, Nuevo León, Raymundo Flores, ofreció una disculpa pública a familiares de Martín Torres Martínez de 17 años, desaparecido el 19 de octubre del 2012, por cuatro uniformados de esa localidad.
Dentro de la escenografía preparada, los familiares de las víctimas como en este caso, Ubelia Martínez, madre del joven desparecido, luce triste, llorando, descompuesta por el dolor y la angustia. Algunos familiares de desaparecidos me han comentado que la comisión estatal de derechos humanos y otras ONGs los presionan para acudir a este tipo de actos y les prometen ayuda psicológica, becas, y apoyo económico a cambio. En el escenario de la simulación del gobierno de Enrique Peña Nieto, hay que incluir la reciente creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una dependencia que nace sin presupuesto, ni protocolos de búsqueda.
Para buscar a más de 300 mil desaparecidos y 80 mil migrantes desaparecidos en México durante su paso a Estados Unidos, el gobierno capacitará nada menos que a 12 agentes del Ministerio Público. El número resulta ridículo ante la magnitud de la tragedia nacional. Y nos confirma que se trata, nuevamente, de una operación de maquillaje. Todo esto aunado a la famosa Ley de Víctimas y su falta de operación a seis meses de gobierno del señor Peña Nieto. Una ley sin dientes y con grandes lagunas para la atención debida a las víctimas.
La Secretaría de Gobernación apenas acaba de publicar el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como del Código Federal de Procedimientos Penales. Entre los cambios de maquillaje se reforman los artículos del 1 al 180 y se derogan del 181 al 189. El gobierno sigue discutiendo cuál es el estatuto de “víctimas potenciales” y creó el Registro Nacional de Víctimas.
El nuevo modelo nace obviamente sin presupuesto, solo con la finalidad de resarcir los derechos de los miles de mexicanos, víctimas de la delincuencia organizada y establecer la figura de “reparación integral de daños” con el pago de indemnizaciones. Es evidente que el PRI de Peña Nieto quiere ir dando carpetazos a los asuntos a base de dinero.
Afortunadamente no todos los familiares de víctimas de la guerra están dispuestos a perdonar y olvidar, sin antes encontrar a sus familiares o recibir el acceso real a la justicia. México tardará décadas en determinar el paradero de cada uno de los desaparecidos y para ello necesita una Comisión de la Verdad en este gobierno o en los siguientes.
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