“También se considera difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas la deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”, agregaron los diputados en el Artículo 429 bis del Código Penal.
Aunque los legisladores argumentan que la medida tiene como objetivo central combatir el cyberbullying, legisladores de oposición y organismos defensores de derechos humanos de Nuevo León y a nivel nacional han externado que el recurso es sólo para “curarse en salud” y afectar a cualquier persona que lance críticas contra la clase política y contra los gobernantes desde la red de redes.
La sanción por criticar a alguien en Internet fue fijada por el PRI en trabajo comunitario y de uno a tres años de prisión en caso de reincidencia, además de una multa económica equivalente a 200 mil pesos. La organización internacional Artículo 19, en su capítulo México, condenó esa aprobación, pues “incumple con las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en su conjunto en materia de libertad de expresión”.
También exhortó al Gobernador priista de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, a que ejerza su derecho de veto para bloquear dicha modificación. Artículo 19 indica que “pese a las recomendaciones internacionales de despenalizar los llamados delitos contra el honor porque coartan los derechos de libertad de expresión opinión e información, se ha procedido agregar delitos que tienen como efecto criminalizar la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones”.
En las redes sociales, las críticas de los usuarios contra los legisladores del PAN y del PRI neoleonenses se han dejado sentir con fuerza, por lo que consideran un ataque a los derechos humanos y un atentado a la libertad de expresión. La medida dispuesta por los políticos es, además, totalmente ambigua, pues no determina verazmente el “delito” o “falta” y las inconsistencias de la modificación podrían ocasionar enormes huecos en un proceso legal debido a la falta de detalles y especificaciones en la misma.
Por ejemplo, no determina con claridad la instancia legal que se ocupará de este tipo de casos, o incluso cuál será la jurisdicción cibernética de la ley. En este sentido, la acción de los panistas –apoyada del mayoriteo de los priistas– en Nuevo León se queda al garete y da mucho qué pensar de esos congresistas, pues es más claro su intento de controlar la información difundida en Internet para no afectar los intereses de los políticos, que el de proteger a los niños del cyberbullying. ¡Feliz fin de semana!
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