sólo en las entidades donde se realizan. Más aún, cuando se trata de
comicios donde no se define la gubernatura del estado, como sucederá en
13 de los 14 procesos electorales a realizarse el próximo 7 de julio, el
desinterés es mayor. Así, salvo en Baja California, donde el PAN aliado
al PRD tratará de refrendar su mandato por otro sexenio, el resto de las
competencias se reducen a la lucha por municipios y diputaciones locales.
Sin embargo, hay dos elementos que complican lo que podría ser un evento
político intrascendente a nivel nacional. Primero, el hecho de ser las
primeras elecciones posteriores al triunfo priísta que les regresó la
Presidencia de la República a los tricolores, lo que por un lado
significa saber si los primeros siete meses del mandato de Peña son
reconocidos o no por la ciudadanía, independientemente de los factores
locales en cada elección, y por otro, el poder medir si las oposiciones
panista y perredista tienen capacidad de acción después del retorno del
PRI a Los Pinos.
La segunda complicación radica en la operación misma de las elecciones
en el marco del Pacto por México, en donde el agregado acordado entre
los partidos supone el “blindaje” del proceso frente a los poderes
locales, principalmente la capacidad de manipulación por parte de los
gobernadores. Si bien es cierto que en Baja California, Oaxaca y Puebla
los gobernadores no son priístas, en el resto de las entidades en
disputa, los mandatarios tricolores y sus respectivos aparatos de acción
electoral funcionan a plenitud.
El problema radica en que si bien existe el compromiso del gobierno
federal de evitar que un conflicto post electoral contamine el Pacto y
atore las reformas energética y hacendaria, nada garantiza que los
gobernadores y caciques locales obedezcan la orden presidencial. La era
del presidencialismo absoluto terminó, y los métodos para conseguir que
poderes locales se sometan a las prioridades del primer mandatario
requieren de nuevos incentivos y medidas disuasivas que impacten
directamente en el proyecto político del gobernador rebelde.
Y es que actitudes desafiantes como la del mandatario de Veracruz,
Javier Duarte, sólo complican la tensión entre los participantes del
Pacto y sus respectivos liderazgos locales, principalmente en PRD y PAN,
los cuales se sienten traicionados por la prioridad que se le da a los
acuerdos nacionales, por encima de su lucha particular en sus estados.
Si bien para el gobierno federal es prioridad salvaguardar el Pacto a
cualquier costo —y así lo ha entendido el propio presidente del PRI,
César Camacho—, los poderes locales tricolores no parecen dispuestos a
disciplinarse, más después del triunfo de julio pasado.
Especial atención habrá que tener con los comicios en Baja California,
en donde un resultado apretado en la elección para gobernador podría
generar una serie de presiones adicionales al interior del PAN y el PRD.
Es obvio que para Peña y su gobierno, perder la plaza en poder del PAN
desde 1989, no significa un descalabro, y por el contrario coadyuvaría a
facilitar el funcionamiento del Pacto, al menos hasta aprobar las
próximas reformas en materia económica y política.
No se trata de rendirse ante panistas y perredistas paralizando el
trabajo electoral del priísmo en el país. El propósito del Peña Nieto es
el de limitar al máximo las impugnaciones que pudiesen presentar los
partidos opositores, y con ello reducir presión sobre sus liderazgos
nacionales comprometidos con el Pacto. Meter en la botella a los genios
de las operaciones electorales, es el mandato del presidente, al menos
hasta que los objetivos del Pacto se cumplan. Prometer a sus militantes
triunfos posteriores como resultado del éxito mismo del Pacto, es el
objetivo del gobierno federal y su partido. No tienen de otra.
Twitter: @ezshabot
Analista político
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