Antes de 1989, cuando se dio por primera vez la alternancia de partido en el gobierno de Baja California, la relación de los gobernadores con el presidente de la República presentaba circunstancias muy especiales en varios aspectos del ejercicio político.
También la realidad mexicana con invitados a la fiesta que antes veía de reojo: La alternancia,el narcotráfico, la pluralidad y el hampa organizada.
Los ejecutivos estatales tenían que cuidar su relación personal y política con el Ejecutivo federal, porque de eso dependía en mucho la estabilidad en el cargo y las inversiones federales a sus estados. Tenían que disciplinarse a las decisiones partidistas en la definición de sus sucesores, para no tener problemas a la hora de dejar el poder y evitar posteriores dolores de cabeza.
Debían aplicarse a resolver con aceptables niveles de eficacia los problemas en sus estados, para evitar en lo posible la injerencia de la federación en la atención de lo local y no evidenciar incapacidad o falta de oficio político que trasladara a aquélla problemas sin resolverse.
Tenían que manejarse con cuidado con las autoridades municipales, porque al ser casi todos ellos del mismo partido, consideraban que una buena obra de gobierno solo era el reflejo de la suma de los esfuerzos de los gobiernos municipales.
Debían aplicarse a trabajar también y en conjunto con su partido, porque todos los gobernadores han enfrentado siempre en sus períodos procesos electorales concurrentes, tanto en lo federal como local, y en ambas debían rendir buenas cuentas tanto a su partido como al jefe de Estado y de partido a riesgo de atenerse pagar los costos que un mal gobierno local refleja en las actitudes de los votantes.
En el caso del PRI y el PAN, el presidente de la República ejerció siempre como jefe de Estado y como jefe de su partido. Cualquier mal manejo político estatal que se registrara y que pusiera en riesgo la estabilidad era corregida de inmediato. No pocos gobernadores se vieron obligados a dejar sus cargos por ineficiencia, malos manejos o incapacidad para gobernar. El centro se imponía, hasta que los excesos llevaron a la reglamentación del artículo 76 constitucional para frenar los frecuentes casos de desaparición de poderes en los Estados que tantos problemas causaran.
Cabe anotar que las últimas dos desapariciones de poderes en México se dieron en 1975 en Guerrero e Hidalgo.
Entre 1989 y el 2000 la alternancia se dio en 16 de los 32 estados y el Distrito Federal. Al 2013, solo en Campeche, Hidalgo, Estado de México, Colima, Durango, Coahuila, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas no se ha dado la alternancia de partido en el gobierno estatal.
Las cosas empezaron a cambiar, y la relación de los gobernadores con el gobierno federal también. Muchos de los gobiernos de oposición al PRI que ganaron entre 1989 y el 2000, no tardaron en pintar su raya con el gobierno central y a diseñar una nueva relación en coordinación con sus partidos de origen. El gobierno federal utilizó los delegados federales para equilibrar, pero aún así hubo importantes conflictos en asuntos de coordinación, y en los cuales seguido se tiraban la bolita, como la educación básica,derechos humanos, seguridad pública, federalismo, asuntos indígenas, sistema electoral, justicia, división de poderes y en mas de 120 reformas constitucionales que se han dado de 1989 a la fecha.
A partir de la alternancia presidencial en el 2000 con la CONAGO los gobernadores tuvieron una instancia de coordinación y negociación política que le funcionó al sistema para ganar en estabilidad política.
Muchos gobernadores se entendieron con el estilo personal de gobernar de Vicente Fox, pero batallaron enormidades -más los que no eran del PAN- con un panista más doctrinario, ortodoxo y radical como Felipe Calderón, que en su sexenio ejerció el poder con fobias y arrebatos muy marcados contra el PRI y las izquierdas.
Fox, por ejemplo, consultaba con los gobernadores los nombramientos de los delegados federales a través de la secretaría de Gobernación. Con Felipe Calderón los gobernadores se enteraban por la prensa del nombramiento presidencial directo de delegados federales.
Con Fox, la asignación de los recursos federales fue más equitativa. Con Felipe Calderón fue más discrecional y partidista.
Tanto en el PAN como en el PRI y en las izquierdas, los gobernadores no tardaron en pintar su raya y blindaron sus territorios. Reformaron los poderes, se hicieron del control del partido que los postuló y en muchos casos formaron una especie de virreinato local con leyes a modo,sin contrapesos y con amplias facultades presupuestales.
A decir de Elisur Arteaga: “Su posición de liderazgo es natural, generalmente incuestionable; los poderes restantes, porque se ejercen en forma colegiada, no han llegado a tener la importancia e influencia de aquél; su actuación no posee un sello propio. A lo anterior se suman dos circunstancias: los diputados locales solo permanecen tres años, la mitad de los períodos ordinarios de un gobernador y a los magistrados del Tribunal Superior de un estado los propone el gobernador”.
Con el tiempo ese modelo crujió. Empezaron las rebeliones y las escisiones en los partidos por la exclusión de fuerzas políticas promovida por ese nuevo ejercicio político, ya sin la mediación presidencial,muchos de ellos trataron de imponer a sus propios sucesores. El método, al igual que en lo nacional y ya con alternativas reales, hizo crisis y terminó por agotarse.
Muchos casos de alternancia en los estados se dieron con ex militantes del propio PRI, pasados a la oposición por la cerrazón de los gobernadores que se aferraron a imponer candidatos: Monreal en Zacatecas; Malova en Sinaloa; Cué en Oaxaca; Salazar en Chiapas; Aguirre Rivero en Guerrero; Leonel Cota en Baja California Sur; entre otros, fueron muy claros ejemplos.
Con esas crisis sucesorias que dejaron infinidad de fracturas políticas y con la alternancia, no tardaron en aflorar las tensiones y los cobros de facturas.
Entre 1994 y el 2013 solo Chiapas, Nuevo León, Guerrero y Baja California experimentaron el relevo de sus gobernadores (Acteal, Aguas Blancas, inestabilidad política y la muerte de Héctor Terán a mediados de su sexenio, fueron las causas principales).
Tuvieron problemas serios con sus sucesores: Arturo Romo en Zacatecas; Guillermo Mercado y Narciso Agúndez en Baja California Sur; Ulises Ruiz en Oaxaca y Pablo Salazar Mendiguchía en Chiapas entre otros. Tres de ellos, ya como ex gobernadores, pisaron por primera vez la cárcel
En circunstancias diferentes y con el fin de golpear al PRI en la coyuntura electoral, el gobierno federal en la época del PAN tomó la ofensiva -faltaba más- directa contra los ex gobernadores del PRI. Tomás Yarrington, en Tamaulipas, y Humberto Moreira, en Coahuila, hasta ahora han sido los ejemplos más notables de la persecución federal (Ernesto Cordero la reconoció en el caso de Moreira; “lo tumbamos”, dijo)
Ahora son Andrés Granier Melo de Tabasco y Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, los ex gobernadores perseguidos por la justicia local que han dado la nota roja de la política en los últimos meses.
Al primero (priista) lo sustituyó el ex priista Arturo Nuñez y al segundo,(panista) el priista Carlos Lozano de la Torre. En ambos casos existen infinidad de argumentos para presumir de su culpabilidad en los malos manejos de que se les acusa. Como suele suceder, de un conflicto político se pasó a la persecución penal por voluntad de los entrantes; así de sencillo. Puede ser que el tomógrafo perdido en Aguascalientes o los fajos de billetes en Tabasco hayan sido la gota que derramó el vaso en cada caso, pero la voluntad política de estar sobre los casos en los tribunales y en los medios ha sido clave para que los asuntos prosperaran.
¿Qué hace diferente hoy la política en relación con los gobernadores de los estados, que no se hacía antes?
La corrupción dejó de ser un señalamiento exclusivo hacia los gobiernos del PRI. Con los hechos y los escándalos de los últimos años, se muestra que el fenómeno tiene que ver más con el comportamiento de los seres humanos, que con la operación de algún partido y abarca a todos los colores.
En la historia,la gran mayoría de los gobernadores,sus socios y sus familiares más cercanos salen muy ricos del ejercicio del cargo y ha sido más la excepción que la regla el que se persiga a alguno por sus excesos.
Si a Granier y a Reynoso les hubieran seguido solo procesos administrativos locales, sus casos nunca hubieran prosperado. Nunca los hubieran juzgado como ahora, porque en la mayoría de las entidades los gobernadores se encuentran protegidos tanto por el andamiaje jurídico como por el resto de los poderes que les son incondicionales.
Por eso urge el diseño y la creación de reales contrapesos políticos y jurídicos para oponerlos a las acciones de los ejecutivos locales. Y también urge el fortalecimiento de los órganos estatales de control, para que sus funciones no se limiten a la mera recomendación y a la aprobación sin chistar de las cuentas públicas, con inhabilitaciones que nunca se cumplen y con miles de observaciones que nunca se corrigen.
Los casos de Tabasco y Aguascalientes han prosperado porque ha existido voluntad política para llevarlos adelante, en caso contrario, ni siquiera a la denuncia hubieran llegado.
Ahí los gobiernos denunciantes y los medios de comunicación llevan mano y han sido implacables. Se los acabaron en su fama pública en el juicio popular...y eso que todavía falta el proceso penal.
Si avanzamos en la consolidación de los mecanismos de control local,los gobiernos ganarán en credibilidad y confianza, y en el futuro en lugar de que la gente crea que los escándalos de moda obedecen a cobros políticos pensará que de verdad, la ley se aplicará por igual a tirios y a troyanos sin importar el color partidista ni al grupo que pertenezcan los señalados. En ese rumbo iremos bien. Ya veremos y diremos.
bulmarop@gmail.com
Leído en http://www.casadelasideas.com/int_opinion.php?id=2020
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