Lo que está en riesgo es la gobernabilidad, porque la paz se ha vuelto frágil, las tensiones sociales por los problemas irresueltos crecen. Autoritarismos de viejo cuño reaparecen en la escena pública, con todo su contenido de control político y mediático.
Los gobernadores priístas se han convertido en los principales elementos de inestabilidad política en México. Desvían de manera descarada los recursos públicos en favor de sus candidatos, y haciendo uso del ministerio público como instrumento de intimidación y persecución de sus adversarios. El regreso a los peores tiempos de la ilegal fusión PRI-gobierno. En el despotismo y la ostentación de su poder abusivo, se ganan a pulso el título de sátrapas. El caso patético del abuso con los órganos de procuración de justicia es el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano; lanzó una operación intimidatoria contra empresarios a partir del allanamiento de un negocio editorial donde se imprimían volantes del PAN e hizo torturar a un detenido para que incriminara a un candidato del PAN de tener ligas con el narcotráfico. Javier Duarte en Veracruz perdió toda verguenza, si alguna vez la tuvo. Rey de la impunidad con su estructura electoral paralela, conformada por 57 funcionarios de gobierno local como federal, para apoyar con recursos de programas sociales a los candidatos priístas, también tiene en la Procuraduría su cuartel de campaña. Fue secuestrado un candidato panista a regidor en el municipio de Boca del Río para amenazarlo de muerte si no “le bajaba de huevos contra el gobernador”.
El gobernador de Chihuahua César Duarte disputa con el de Aguascalientes y el de Veracruz el dudoso honor de ser el sátrapa mayor. Es infame el condicionamiento de bienes, apoyos y servicios por votos, desde las estructuras del gobierno del Estado. Es penoso y grotesco a la vez, la actuación de la esposa de Duarte, Bertha Gómez, quien ha aceptado que ha “andado por el todo el Estado” en proselitismo abierto por toda la entidad. Dice no cometer delito alguno; por supuesto que lo comete. Aunque su cargo como presidenta Estatal del DIF sea honorario, ella trabaja con recursos públicos.
Frente a la denuncia, una rápida operación del gobierno estatal logró que el delicado hecho pasara casi desapercibido para la sociedad chihuahuense, pues la mayoría de los portales que subieron en los primeros minutos el video de doña Betha haciendo campaña (http://goo.gl/orYaJ) de inmediato lo bajaron. Una conspiración del silencio contra el derecho a la información de los chihuahuenses que, en vergonzosa conducta periodística, varios medios dieron cuenta del boletín oficial pero no ofrecieron a sus lectores la nota de origen.
El comportamiento del gobernador de Chihuahua, y el que realizan otros mandatarios, debe llevar a los órganos de dirección nacional del PAN volver a discutir y reconsiderar nuestra forma de participar en el Pacto por México. Mientras ponemos nuestra buena fe y decisión de cooperar para construir soluciones conjuntas a los problemas del país, el PRI-gobierno responde con las peores mañas de antaño. La cooperación no puede ni debe convertirse en aval de una regresión autoritaria.
El adendum al Pacto por México firmado por el Presidente de la República y los líderes de los partidos para impulsar la legalidad y la equidad en las contiendas estatales quedó en lo ridículo; la firma de Peña Nieto valió menos que el papel en el que la estampó. Se ríen los gobernadores de las denuncias presentadas en su contra en las “mesas de la equidad”. Se mofa Miguel Ángel Osorio Chong, a las espaldas de Gustavo Madero y Jesús Zambrano. ¿Porqué habría de cumplir el Secretario de Gobernación, si cuando fue gobernador de Hidalgo hizo lo mismo para llegar y cosas peores desde el poder? No hay duda, el nuevo PRI no aparecerá por ningún lado y el pasado está de regreso, completito.
Senador por el PAN
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