Las cartas ya están sobre la mesa. Las tres principales fuerzas partidistas han definido los contenidos y los límites de sus propuestas. López Obrador también ha repetido su postura: llama a una concentración masiva “en defensa del petróleo” para el próximo 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
Para el presidente Peña sacar adelante la Reforma Energética es crucial no sólo por las condiciones que imperan en la industria petrolera mexicana —caída abrupta en nuestras reservas y en la producción de petróleo y gas; crecimiento de las importaciones de gasolinas y gas; insuficiencia tecnológica para explorar yacimientos en aguas profundas, etcétera—, o por lo que está pasando en el sector petrolero de EU: su conversión en el corto plazo en una potencia exportadora, sino porque quiere “mover a México” y para ese propósito es indispensable concretar cambios de gran calado en el sector energético, que son la condición para incidir positivamente en las grandes calificadoras y en la percepción de algunos medios influyentes sobre el “momento de México”.
Aliado con el PAN, y algunos otros legisladores, Peña tiene los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada, para ello tendría que integrar algunos componentes de la iniciativa panista pero, en esta materia tan sensible, que toca las fibras del nacionalismo mexicano, no es sólo cuestión de votos en el Congreso; un acuerdo en la cima sería insuficiente.
Quienes pugnan por una reforma que abra más puertas a la participación privada en Pemex repiten datos que muestran el estado ruinoso de la empresa, pero omiten que son muchas las cosas que podrían hacerse sin reformas constitucionales: 1) revisar la estructura de Pemex, su funcionamiento y reducir su pesada e ineficaz estructura burocrática; 2) revertir los términos de negociaciones colectivas onerosas para la empresa, lo que incluye el sistema de pensiones; 3) cerrar las válvulas de la corrupción y del saqueo sistemático que padece la empresa en varios niveles (lo mismo el robo de combustible que el otorgamiento amañado de contratos); 4) permitirle operar como una empresa: con mayor capacidad de gestión, autonomía presupuestal, una planeación multianual, mayor disponibilidad de sus recursos… lo que obligaría a emprender una reforma hacendaria que fortaleciera las finanzas públicas, haciéndolas depender menos de la renta petrolera.
La oposición de muchos mexicanos a la participación creciente en Pemex de empresarios privados, mexicanos y extranjeros, no tiene sólo componentes “patrioteros”, como piensan algunos, sino de algo más concreto: las duras experiencias de los procesos de privatización que emprendió Carlos Salinas de Gortari: la manera en que entregó los bancos a los casabolsistas que, a su vez, muy pronto las vendieron a inversionistas extranjeros que han hecho de las suyas ante la pasividad de las autoridades; la conversión de Telmex, monopolio público, en un monopolio privado; la entrega de Imevisión a Ricardo Salinas Pliego; la privatización del ejido, de las carreteras…
Si hemos de creer lo que se nos dice la exposición de motivos, las bendiciones que arrojará esta reforma son portentosas: crecerán el PIB y la generación de empleos; se obtendrán recursos fiscales adicionales para abatir la pobreza extrema y crear mecanismos de redistribución eficaces; los grupos más vulnerables tendrán la oportunidad de desarrollarse; se formará a las nuevas generaciones con educación de calidad; se invertirá en infraestructura, para generar un desarrollo incluyente que alcanzará todos los rincones del país... ¡Casi el paraíso! Pero más allá de la retórica, son más las dudas que las certezas que quedan: ¿porqué es necesario reformar los artículos 27 y 28 constitucionales?, ¿en qué consistirá el nuevo régimen fiscal de Pemex?, ¿cómo compensaría la SHCP la reducción de sus ingresos?, ¿qué impactos tendría la reestructuración de Pemex, se traducirá en una reducción de su pesada burocracia?
Hay más preguntas: ¿se modificará el asfixiante sistema pensionario de Pemex?, ¿qué significa y cuáles serían los términos de los contratos de “utilidad compartida”? Y, una última: ¿tal como está planteada la reforma, es atractiva para los inversionistas? La precariedad de los órganos reguladores y de los funcionarios no anticipa nada bueno.
En nuestro país, es cierto, no alcanzan los dineros para atender problemas de gran magnitud. Pero ningún recurso extra será suficiente para una clase gobernante corrupta, inepta y despilfarradora, como la que asaltó Pemex hace muchas décadas y la dejó en esta condición deplorable.
Twitter: @alfonsozarate
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