Si tuviera que definir en una sola frase qué me parece la reforma energética propuesta por el presidente Peña, diría que "es un gran paso para estándares mexicanos, pero uno pequeño para estándares internacionales". Me explico.
Por un lado, el sector energético mexicano está tan cerrado en México (uno de los más restrictivos del mundo), que se trata de un gran paso que el Presidente proponga cambios para que la iniciativa privada participe en actividades como la exploración y explotación de hidrocarburos, su transporte y refinación, la petroquímica y la generación de electricidad. Pero, por otro lado, el mundo va muy rápido en la participación de la inversión privada en este sector, sobre todo en la exploración y explotación de hidrocarburos.
Los países desarrollados, con sistemas judiciales fuertes, otorgan concesiones a empresas privadas para explorar campos geológicos. Si encuentran crudo o gas, lo extraen a cambio de darle al Estado regalías e impuestos. En los países en vías de desarrollo, que cuentan con sistemas judiciales más débiles, se utilizan contratos de producción compartida.
En caso de encontrarse hidrocarburos en un campo exploratorio, se reparte entre el Estado y la empresa privada el crudo y gas para venderlos. En otros, los menos, se comparte la utilidad una vez que se vende el producto extraído. Este es el sistema que está proponiendo Peña. Al no estar planteando concesiones o contratos de producción compartida, estamos frente a una reforma que es un paso pequeño para los estándares que existen en otros países.
A muchos nos hubiera gustado una reforma más ambiciosa. Pero todo gobernante tiene que tomar en cuenta una variable en sus decisiones: la factibilidad política. Se trata de calcular las posibles reacciones de otros actores políticos y grupos de interés con capacidad de descarrilar una reforma. En este caso, creo que el gobierno le está midiendo el agua a los camotes para ver hasta dónde puede estirar la liga.
Si encuentra pocos escollos en una reforma constitucional que permita los contratos de utilidad compartida (una débil movilización de la izquierda lopezobradorista, por ejemplo) podría moverse a un régimen de contratos más atractivos para la iniciativa privada en la legislación secundaria. Si, por el contrario, encuentra muchas reacciones en contra de la reforma, pues podría acabar con contratos más restrictivos.
Lo cual nos lleva a cómo presentó Peña su reforma energética. Resulta que, para enfrentar los retos del futuro, vamos a tener que regresar a una legislación de 1940. En decenas de ocasiones el gobierno mencionó que se trata de retornar a lo que permitió el presidente Lázaro Cárdenas después de expropiar el petróleo. Muchos piensan que esta estrategia fue para lanzarle un guiño a la izquierda pactista. Quizá. Pero también es cierto que el gobierno, como todos nosotros, sabía que el PRD no va a apoyar reforma energética que implique cambios a la Constitución para permitir la inversión privada. Entonces, ¿para qué presentarla como una reforma "cardenista"?
Sospecho que la respuesta tiene que ver con el PRI. En ese partido también hay un ala de izquierda no muy convencida que digamos con la apertura petrolera. Son nacionalistas-revolucionarios que no acaban de ver con buenos ojos la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, en un sector como el petrolero.
Además, están otros grupos, también dentro del PRI, con fuertes intereses en el tema como los sindicalistas y contratistas de Pemex. El gobierno tenía que ser muy cauto con todos ellos. Había que evitar un posible éxodo hacia la izquierda si Peña proponía una reforma más agresiva. De ahí, me parece, la idea de utilizar una reforma "cardenista": para convencer a los propios priístas, muchos de los cuales admiran al Presidente que expropió el petróleo.
Ha comenzado el proceso de medirle el agua a los camotes para ver hasta dónde se puede estirar la liga en materia energética. Un día después de presentada la iniciativa gubernamental, no ha habido movilizaciones espontáneas en contra.
Los sindicatos petrolero y electricista apoyan al Presidente. Lo mismo, los empresarios. Los priístas, al parecer, están unidos en torno a la propuesta presidencial. En este sentido, las cosas van caminando bien para Peña. Pero viene una aduana muy importante: la del ocho de septiembre para ver el tamaño e intensidad de la movilización de López Obrador en contra de una reforma que, como dije, es un gran paso para estándares mexicanos pero uno pequeño para los internacionales.
Twitter: @leozuckermann
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