El aspecto más esperado de la reforma energética era la forma legal que propondría el gobierno para permitir la inversión privada en la exploración y producción de petróleo y gas. Con la información que tenemos, el presidente Peña está planteando un esquema que deja más dudas de las que resuelve. En este sentido, no podemos decir si las empresas privadas invertirán su dinero en México para buscar y explotar hidrocarburos.
En todos los países, con la excepción de Estados Unidos, la propiedad de los hidrocarburos que están en el subsuelo es de la nación. Muchos, sin embargo, tienen un régimen jurídico que les permite la inversión privada para encontrarlos y extraerlos. En general hay dos sistemas: concesiones y/o contratos.
En un artículo del Nexos de este mes, Adrián Lajous, uno de los mexicanos con mayor experiencia en el sector petrolero, dice que "en términos generales, los sistemas concesionarios modernos son técnicamente superiores a los contratos". Sin embargo, en la propuesta presentada por Peña explícitamente "mantiene la prohibición de otorgar concesiones" (la iniciativa del PAN sí contempla esta posibilidad).
El gobierno priísta, entonces, no quiere concesiones sino contratos. El tema es de qué tipo. Recordemos que en la última reforma petrolera de 2008 se introdujo una figura, los contratos incentivados, para dizque atraer la inversión privada. Resultó un fracaso. Al respecto, comenta Lajous: "No lograron atraer a las grandes empresas petroleras internacionales. Sólo Repsol y Petrobras respondieron a la invitación del gobierno a participar, con la esperanza de que sería el primer paso hacia eventuales contratos de riesgo compartido. Un par de empresas regionales independientes han estado involucradas. Sin embargo, los principales jugadores han sido las empresas internacionales de servicios petroleros integrados".
Hacia delante, es imposible mantener el régimen de contratos incentivados. De acuerdo a Lajous, "conforme Pemex se dirige a la exploración en aguas ultra-profundas y a recursos no convencionales, estos contratos de servicios son claramente inapropiados, en particular en el caso de proyectos complejos, de gran escala y altos riesgos". Bien dice, en este sentido, la revista Nexos en un artículo publicado en junio ("Adiós a Pemex") que la paraestatal "debe concentrarse en proyectos de aguas someras y tierra firme. El Estado debe abrir al sector privado contratos de riesgo para proyectos de aguas profundas, lutitas (shale oil) y campos no convencionales como Chicontepec".
Perfecto. Pero, ¿con qué tipo de contratos? En la mayoría de los países petroleros, sobre todo de economías emergentes, la modalidad que más se utiliza es la de contratos de producción compartida. El Estado comparte el riesgo con una empresa privada al explorar un campo. Si no se encuentran hidrocarburos, ambos pierden. Si se encuentran, se comparte el producto. De ahí el nombre.
Sin embargo, Peña anunció ayer que "la reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida, lo que busca es facultar al Estado para celebrar contratos de utilidad compartida, que permitan a la nación mantener el control absoluto sobre el petróleo". Luego entonces, el gobierno tampoco quiere contratos de producción compartida, sino de utilidad compartida. ¿De qué estamos hablando?
La iniciativa presentada dice que serán entre el Ejecutivo Federal "con organismos y empresas del Estado y/o terceros". Pero todos lo demás detalles los deja para la legislación secundaria: "se pretende que la ley reglamentaria determine la forma en que el Estado pueda aprovechar la participación de los sectores social y privado, de modo análogo a las reformas cardenistas, a través de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos, entre otros, tal como se previó en las reformas cardenistas y atendiendo a las mejores prácticas en esta materia".
En conclusión: todo está por definirse. No queda claro, entonces, si este tipo de contratos generarán grandes inversiones del sector privado. No obstante, The Wall Street Journal ya emitió un juicio al respecto: dijo que la reforma de Peña se había quedado corta porque los contratos propuestos son "menos atractivos para las empresas privadas comparado con los que ofrecen otros lugares como Colombia, Noruega y Brasil".
Twitter: @leozuckermann
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