El gobierno del presidente Peña Nieto se sustenta en gran medida en el poder de los gobernadores priistas. Estos barones políticos son una pieza clave en la pirámide gubernamental, y su fortaleza apuntala la legitimidad de los dirigentes del PRI que retornaron al poder después de 12 años de ausencia. Los barones del sistema político son un eslabón muy importante en la cadena de mediaciones que une la base popular del régimen con la cúspide del aparato político. Esta estructura de mediación está compuesta por muchos operadores que trabajan como plomeros en los diferentes niveles de un vasto y complejo sistema de vasos comunicantes.
Se trata de una estructura mediadora fuerte, que hace años comenzó lentamente a debilitarse. Pero una cierta reactivación de estas mediaciones ayudó significativamente a que el PRI recuperase la Presidencia de la República. Hoy hay señales claras de que las viejas estructuras de mediación han dejado de funcionar con la eficacia que quisieran los gobernantes. Una señal de ello es el hecho de que, según una encuesta del Reforma de abril y junio, la aprobación que recibe el Presidente se mantiene en torno del 50%, con un aumento de la desaprobación que llega en julio al 38%. La aprobación a Peña Nieto está muy por debajo de la que tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón cuando estaban a la misma altura de su sexenio (65%). Además, los presidentes panistas gozaron de un bajo índice de desaprobación en los inicios de sus sexenios, de poco más del 20% (Enfoque, 4 de agosto, 2013).
¿Qué podemos descubrir detrás de esta pérdida de autoridad del gobierno? Las viejas mediaciones basadas en el caciquismo rural y sindical, en organizaciones sociales y en grupos locales de poder se han desgastado y han sido sustituidas por la radio, la televisión y la prensa, así como por formas de comunicación masiva como las redes sociales de twitteros y facebookeros. Se trata de mecanismos legitimadores, pero que contienen un filo crítico nuevo, carecen de funciones interactivas, no conforman canales de ascenso, ni son medios de control. Además, el gobierno del PRI no goza del llamado "bono democrático" que tuvieron Fox y, hasta cierto punto, Calderón. Este gobierno ya no es parte de la transición democrática, aunque sí es una de sus consecuencias.
Uno de los mejores analistas de la cultura política mexicana, José Antonio Aguilar Rivera, ha observado recientemente que las "estrategias de gobierno indirecto" (las mediaciones a las que me referí) han acabado debilitando y deformando al Estado, le han impedido luchar con éxito contra el crimen organizado, han desorganizado o bloqueado las redes de control social más modernas y han auspiciado la ingobernabilidad en muchas regiones del país ("Nuestro Leviatán de oropel", Nexos, julio 2013). Ante esta situación, la respuesta del gobierno ha sido la de acrecentar la centralización de sus medios de control y vigilancia, en un intento por frenar el retroceso de las redes mediadoras y la ingobernabilidad creciente.
La transición democrática le dejó una pesada herencia al gobierno del PRI, que alberga impulsos por restaurar las viejas formas de legitimación y de control. Aquí se aplica el conocido paradigma de Tocqueville, según el cual a mayor democracia e igualdad menor legitimidad del sistema político. Esta regla opera mientras no llega a consolidarse plenamente una cultura política democrática avanzada que sustituya plenamente las antiguas mediaciones y que, en consecuencia, fortalezca al Estado. Esta pérdida de legitimidad ya se dejó sentir durante el sexenio de Calderón, y el cambio de gobierno no ha frenado el proceso. Estamos ante una contradicción de difícil salida. La misma herencia que deja la transición, con alguna disminución de la desigualdad social y un fortalecimiento de los mecanismos democráticos, está provocando que la legitimidad política sea volátil e inestable. Por ello surgen tendencias que buscan la restauración del viejo sistema. Si llegasen a predominar, causarían la ruina del actual gobierno, pues no lograrían reconstruir los antiguos métodos, o bien lo apuntalarían malamente con baluartes autoritarios y represivos.
Para evitar un desenlace semejante no hay más remedio que emprender reformas importantes y avanzar en los cambios del sistema político, la tributación, los medios de comunicación y la educación. Una gran parte de la oposición ha aceptado pactos que auspicien las reformas y ha frenado la tentación de simplemente aprovecharse de una probable pérdida de legitimidad del gobierno priista, como lo hizo el PRI cuando era oposición. Sin embargo, pareciera que el consenso se está agotando y que los acuerdos que incluyen a los tres grandes partidos han entrado en una fase escabrosa. La reforma energética, que propuso Peña Nieto, es la que implica mayores amenazas para la alianza de los tres partidos. Si hay sensatez política, tal vez se logre diferir una ruptura que podría abrir el paso a una alianza de las derechas y una marginación de las izquierdas.
Fuente: Reforma
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