Los monopolios son una amenaza presente y real a la salud financiera de las familias mexicanas. Según estimaciones gubernamentales, sus prácticas obligan al consumidor a pagar hasta un 40% de sobreprecio y afectan a un 30% de los productos del mercado nacional.
Igualmente, hay estudios según los cuales los consumidores sufren “una pérdida de bienestar” en siete mercados de bienes, algunos básicos, como el de tortilla de maíz, el agua, los medicamentos, la leche, el pollo y el huevo, entre otros. A ello hay que añadir que en productos de mayor precio —como ciertos servicios de telefonía y combustibles— también se han presentado sesgos monopólicos.
Es por ello que ha resultado una buena noticia la reforma constitucional que viene a atacar los monopolios, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo efecto más inmediato se dio antier con la toma de protesta de los consejeros que integran el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual es ahora un órgano autónomo con Alejandra Palacios Prieto como presidenta.
Es un buen síntoma que la selección y el nombramiento de dichos consejeros se dieran no de manera autoritaria o por el “dedazo” presidencial, sino en un proceso en el que participaron el Banco de México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Senado de la República.
Seguramente esta nueva comisión que defenderá a país de las prácticas monopólicas vivirá una “luna de miel” con la opinión pública durante algunos meses, así como una curva de aprendizaje de las autoridades y funcionarios. Por el bien de los mexicanos, esa etapa debe acortarse al máximo posible, actuando con el mayor sentido de urgencia.
Igualmente, es recomendable para esta nueva institución del Estado marcar huella desde su nacimiento actuando con base a los valores que más pesan en la sociedad de hoy: la transparencia y la rendición de cuentas. Igualmente convendría que implemente mecanismos de democracia participativa que la definan a partir del primer momento.
Ojalá que esta institución ayude a consolidar un progreso nacional cifrado en las legítimas libertades de cambio, laboral, comercial y de competencia, así como en el afán de lucro que estimule la creación de empleo y la productividad. Igualmente será indispensable que contribuya —no aislada, sino con la permanente coadyuvancia de la sociedad— a evitar el libertinaje desaforado que estimule la ambición de dominio y que imponga el éxito económico como valor supremo.
Los mexicanos estamos ante una oportunidad de atacar las profundas desigualdades de nuestro pueblo, que serán combatidas más eficazmente si el Estado regula, amplía y perfecciona el mercado sin desnaturalizar su esencia, permitiendo la libre competencia con sentido social, pues no solo se trata de un asunto de pesos y centavos, sino de justicia y equidad.
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Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=191341
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