Pocas iniciativas de reforma tan mal argumentadas en su exposición de motivos, tan mal sustentadas y tan mal operadas como la transformación del IFE en INE y la desaparición de los 32 institutos electorales locales. Cuando se firmó el Pacto los tres grandesacordaron crear una autoridad electoral de carácter nacional encargada tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales. Los objetivos eran disminuir el costo de la democracia y otorgar a las elecciones locales el mismo grado de certeza que supuestamente le da el IFE a las federales.
No previeron o creyeron poder controlar la oposición que vendría de parte de los congresos y ejecutivos de los estados y, por supuesto, de las propias burocracias de los institutos locales. Todos estos actores vieron amenazados una parcela de poder, una bolsa de trabajo y cuantiosos recursos. Los 32 institutos estatales costaron en 2012 casi seis mil millones de pesos, los tribunales locales mil 100 millones y los partidos dos mil 750 millones.
El PRI y el PRD se arrepintieron y encontraron los argumentos para desechar la propuesta original: un atentado contra la soberanía de los estados y un daño irreparable al pacto federal; concentración de presiones y conflictos sobre una sola estructura; desconocimiento de la problemática local; legislación única inconveniente ante la diversidad.
Ninguno de los argumentos tiene asidero en la realidad. La soberanía no pasa por el control de la organización electoral. México tiene leyes federales a pesar de la diversidad y el ámbito electoral no tendría porqué ser la excepción.
En todo caso el acuerdo original se desechó y se dieron a la tarea de inventar un híbrido que, lejos de simplificar la tarea electoral y dar certeza en las funciones y responsabilidades, la complicará aún más. La alternativa ideada como solución intermedia no tiene nada de salomónica.
El primer acuerdo hasta el momento es que los institutos locales no desaparecerán, pero verán menguadas sus funciones. Por lo pronto, el objetivo de disminuir el costo de la democracia quedó en el olvido. Es posible que incluso aumente, pues el INE tendrá más funciones y solicitará más presupuesto para cumplirlas.
El segundo acuerdo es que el INE nombrará a los consejeros electorales para terminar con la captura de los institutos locales por parte de los gobernadores. Tampoco está claro que ésta sea una solución. No hay un solo argumento para pensar que los elegidos por el INE sean menos susceptibles de ser cooptados que los consejeros nombrados por los congresos.
Para finalizar, se propone que si el nuevo INE detecta condiciones de falta de equidad en los comicios de una entidad federativa, quitará al instituto local correspondiente la organización de las elecciones y las asumirá el propio instituto nacional. Si esta reforma se concreta el INE estará en graves problemas y los procesos electorales, lejos de ganar en certeza, la perderían. No hay detalles todavía de quién, cómo, cuándo y bajo qué criterios se decretaría la situación de falta de equidad, pero la sola idea se antoja descabellada. ¿Habrá una fiscalía monitoreando en tiempo real la equidad de los comicios locales?, ¿los candidatos y partidos en la contienda podrán solicitar al INE una declaratoria de inequidad?, ¿será el pleno del Consejo General del nuevo INE el encargado de declarar que en un momento determinado se llegó al límite de la inequidad?, ¿se tomará esa decisión por mayoría?, ¿habrá criterios para decidir cuándo opera la declaratoria de inequidad?, ¿será inapelable la resolución del INE?
La idea de un instituto nacional que se hiciera cargo del déficit democrático que hay en las entidades, que atajara los excesos cometidos por algunos de los órganos electorales locales y que ahorrara algo de dinero no era mala. Pero ninguno de los propósitos declarados se logrará con el híbrido propuesto. Es posible que la estructura electoral actual no fuera la mejor, pero la que se está creando puede empeorar las cosas.
Seguimos pensando que hay modelos óptimos para organizar las elecciones sin reparar en que, una vez cubiertos ciertos mínimos que pasan por la voluntad de los actores de respetar los diseños organizacionales y las legislaciones electorales, cualquiera puede funcionar. En el mundo democrático hay naciones que han optado por la organización centralizada de los procesos electorales y otras por dejarlos en manos de los gobiernos locales. Hay naciones que depositan la administración de las elecciones en órganos autónomos, otras que confían en sus ministerios del interior y otras más en sus poderes judiciales. No hay correlación entre el grado de equidad-justicia-certeza-legitimidad electorales y el diseño organizacional de las elecciones. La clave no está en la forma en que se organizan las elecciones ni en los órganos encargados de llevarlas a cabo sino en la conducta de los actores que participan en ellas. Lo que sí no hay en ninguna parte del mundo es la existencia de 33 burocracias locales permanentes del tamaño y costo de las mexicanas.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar
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