F E D E R I C O R E Y E S H E R O L E S
El próximo eslabón
La reforma energética fue para México sobre todo una prueba de globalidad. De no acceder a los códigos internacionales de la materia, México hubiera quedado tatuado como una nación rehén de tabúes. Ese logro no se mide en millones de barriles o en BTUs. Es un indicador aún más severo: la capacidad de una nación para adaptarse a las reglas de un mundo que no espera ni hace concesiones. ¿Por qué hacerlas cuando hay otros yacimientos esperando inversiones? La apertura del sector energético es, después del TLC con Estados Unidos y Canadá, el paso más importante hacia esa modernidad, es un acto de liberación de los tabúes.
Pero la palabra modernidad a muchos les genera urticaria. Como si con ella llegara la inexorable desaparición de la identidad, como si fuera una simple imitación. El asunto es más complejo. México es uno de los países con mayor disparidad en sus ingresos: pocos muy ricos y muchos muy pobres. Esa irritante convivencia lleva siglos, lo cual no la justifica. El crecimiento de las clases medias ha venido a amortiguar la tensión generada por el abismo, pero los números no cambian. En México hay una importante movilidad social ascendente explicada por la mejoría en la forma de vida –sanidad, vivienda y su equipamiento, electricidad, etc.- pero no por un incremento significativo en el ingreso. Algo está muy mal. Más grave aún, también hay movilidad descendente resultado de un sistema de seguridad social rebasado. México es el país de la OCDE en el cual el paciente gasta más en salud. De allí la urgencia de seguridad social universal.
La modernidad es esa transformación institucional que facilita mayor prosperidad y justicia. Los que se oponen a la reforma deberían pensar que este país injusto y con un crecimiento mediocre se explica en parte por la deformación del sector energético: subsidios a gasolinas que benefician a las clases medias y altas, precios caros de electricidad y gas que sangran a empresas pequeñas, medianas, grandes y también a decenas de millones de consumidores como resultado de un sector anquilosado, muy ineficiente y con graves problemas de opacidad. Un México con mayor crecimiento, con más y mejores empleos, con más bienestar era inviable sin transformar al sector. Reforma energética, prosperidad para millones, seguridad social y mayor justicia van de la mano. Pero hay un pendiente.
La ecuación para lograr un México más próspero y justo cruza por el territorio de la transparencia. El desorden en el gasto y la opacidad provocan resistencias a una mejor recaudación que urge. La dependencia fiscal del petróleo no se acaba con la reforma. La percepción de los mexicanos y del mundo sobre la corrupción en México es terrible: lugar 106 de 177 países (Transparecy International). Pero México ha avanzado en la última década, y mucho, en el acceso a la información y en una mayor transparencia, sobre todo en el ámbito federal. Las más recientes reformas que fortalecen al IFAI e incorporan nuevos sujetos obligados son un gran avance. Entonces, ¿cómo explicar que ni los mexicanos ni el mundo lo perciban? La respuesta está en la palabra impunidad. De muy poco sirve transparentar el gasto si la impunidad galopa frente a los ojos de todos.
Eso explica la exigencia de crear una verdadera fiscalía para combatir la impunidad en casos de corrupción que pasa una factura carísima en inversiones, en empleos, en bienestar. La única forma de corregir los hechos y la percepción es encarando la impunidad. Ese es el eslabón que falta. De ahí la importancia de lo aprobado en el Senado: una Fiscalía Anticorrupción, unipersonal, con capacidad de investigación a servidores públicos y a particulares que incidan en esos delitos, mismos que no prescribirán en un plazo inferior a cinco años. Mi convicción es que la Fiscalía debió de haber tenido facultades de Ministerio Público para no someterse a la PGR. La gran mayoría de los casos de impunidad en esta área se producen por omisión, es decir la autoridad no investiga. Aflora así el conflicto de intereses que surge por el hecho de que la instancia de investigación sea, al final del día, un brazo del Ejecutivo Federal o de los locales. Entiendo que la nueva Fiscalía General de la República -de operar con total independencia- frenaría esta perversión. Pero eso se llevará años.
Si Peña Nieto de verdad quiere romper rápido con el costoso círculo vicioso provocado por la impunidad que hunde la percepción, debería convocar a un Consejo Nacional de Probidad y Ética donde el Fiscal Anticorrupción y la PGR -que durará con su actual diseño varios años- rindan cuentas a la opinión pública, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno, a la República y al mundo. Sólo allí se podrían alinear los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno y construir políticas nacionales para arrinconar a este flagelo. México no puede esperar el largo tránsito hacia la Fiscalía General. El costo es demasiado alto.
Reforma energética, prosperidad y mayor justicia social son una cadena. El próximo eslabón es la lucha frontal contra la impunidad en actos de corrupción.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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