¡Un millón de pesos! Esta cantidad la pedía el corrupto “servidor público” solo para sentarse a platicar con el representante de la transnacional, sin que esa conversación significara de manera alguna que se le abrirían a ésta las puertas para hacer negocios con Pemex.
Quien me platicó el caso de corrupción arriba descrito me pidió no revelar su nombre ni el del gángster que desde un escritorio en la Torre de Pemex le hace tanto daño al país como desde diversos lugares de México se lo hacen los capos de la delincuencia organizada. Y me lo pidió por temor a las represalias que su representada y sus ejecutivos pudieran sufrir de parte del poderoso e inmensamente rico funcionario que para cometer su fechorías aprovecha su importante cargo en la empresa que supuestamente nos pertenece a todos los mexicanos.
Aquí lo he escrito y desde años lo he afirmado en todos los medios en donde he colaborado: los verdaderos dueños de Pemex siempre han sido: sus directivos en turno, los dueños de su sindicato y las empresas que le venden infinidad de productos y servicios, la mayoría de las veces mediante licitaciones y contratos amañados a su favor.
Casos de corrupción como el expuesto se duplican, triplican, quintuplican y centuplican cotidianamente, no sólo en Pemex, sino en todo el aparato gubernamental de nuestro país. Las transas, mordidas, extorsiones y negocios indebidos se dan en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, en los organismos autónomos, en las empresas paraestatales… En fin, en casi todas aquellos organismos públicos en donde se manejan recursos públicos provenientes de quienes pagamos impuestos.
Pese a que la corrupción del sector gubernamental representa un problema mayúsculo que a los mexicanos nos cuesta miles de millones de dólares anualmente y evita el despegue económico del país, nada serio se ha hecho nunca para combatirla eficazmente. La razón de lo anterior es sencilla: las leyes que supuestamente son expedidas para prevenirla y castigarla son diseñadas por los mismos que se han beneficiado de ella.
¿Ocurrirá lo mismo que siempre con las reformas a la Constitución para combatir la corrupción, aprobadas el viernes pasado por el Senado?
Ese día, 111 de 115 senadores votaron a favor del dictamen que reforma a los artículos 22, 73, 70, 105, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución, todo con el fin de combatir la corrupción en todo el gobierno.
Esta reforma, junto con la recién aprobada en materia de transparencia, ordena la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción así como el de un organismo especializado que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública, la que demostró su inutilidad desde su creación, en 1982, como Secretaría de la Contraloría General de la Federación; después, en 1994, como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y; finalmente, en 2003, bajo su actual nombre.
En papel, se ven bien las reformas hechas por el Senado a los artículos de la Constitución arriba anotados. Hay que esperar ahora qué decide hacer con ellas la Cámara de Diputados, a quién le toca revisarlas. Luego vendrá el proceso legislativo que se requiere para traducir las reformas en leyes particulares. Y después de todo esto, será necesario constituir el nuevo organismo que reemplazará a la SFP y adecuar a las burocracias federal, estatales y municipales a lo que ordenen las leyes.
Una nueva etapa de una larga y hasta ahora perdida lucha empezó el viernes pasado. ¿Se ganará, ahora sí, la guerra contra la corrupción?
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Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=210178
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