Cuesta trabajo analizar un tema que ha polarizado tanto las opiniones. Por principio de cuentas es falso que el petróleo sea nuestro; debería serlo, pero ha estado en manos de políticos y líderes sindicales corruptos e ineficientes. El rezago en el ramo es pasmoso, no hay dinero para hacer exploraciones en aguas profundas ni para desarrollar la petroquímica, el mantenimiento es deficiente y provoca accidentes que cobran vidas de trabajadores. La reforma resulta imprescindible. El problema es cómo se hace. Los legisladores están facultados para modificar artículos con las debidas mayorías. La reforma cumplió los pasos legales, pero no por ello es deseable.
Un asunto de esa magnitud pone en entredicho la democracia representativa. Si Enrique Peña Nieto hubiera propuesto la reforma energética en su campaña, al ser electo habría llegado con respaldo popular para implementarla. Pero la iniciativa se mantuvo en lo oscurito.
Los mandatarios se desentienden de la voluntad popular una vez electos. No hubo consulta sobre la nacionalización de la banca ni sobre su posterior reprivatización. Tampoco la hubo para lanzar la guerra contra el narcotráfico o modificar la reglamentación de energía. Estamos ante episodios decisivos que se resuelven en nombre del pueblo sin tomarlo en cuenta.
La aprobación en fast track de la reforma reveló la disciplina de los legisladores panistas y priístas, y su incapacidad de argumentar. El Congreso no es una urna para el voto, sino la casa de la palabra donde se debe discutir (como lo expresa la etimología de “parlamento”).
Una vez aprobada la reforma, el gobierno lanzó una campaña publicitaria que trata a los espectadores como débiles mentales. De manera demagógica se anuncia que bajarán los precios de la gasolina, el gas y la electricidad. Todo mundo sabe que esto es falso. Si acaso, dentro de algunos años se dirá con idéntica demagogia que las boletas no han subido tanto y que eso significa un “ahorro”. Al final de estos spots para subnormales, una voz dice: “infórmate”. De ese modo sugieren que quien se opone a los hechos lo hace por falta de datos.
El gobierno no debe pedir a los ciudadanos que investiguen sus decisiones sino informar al respecto. ¿Qué significan las modificaciones a los 21 artículos transitorios hechas en el Congreso? ¿Hay que estudiar Derecho para entender la reforma?
Revisemos la forma en que se tomarán decisiones. El consejo de administración de Pemex consta de 15 miembros. Actualmente, cinco son nombrados por el sindicato. Con la reforma, ya no habrá participación sindical. Lozoya ha dicho que los 15 miembros serán expertos de garantizada autonomía. Eso suena muy bien, pero se trata de méritos discrecionales, no de una normativa equivalente a la de ser profesor Titular C en la UNAM.
Por otra parte, una comisión de hidrocarburos decidirá las licitaciones. ¿Qué reglas hay para participar ahí? Un pequeño grupo resolverá el destino de miles de millones de dólares. Tampoco queda claro el porcentaje de ganancia de Pemex ante cada caso de inversión privada. ¿No sería deseable darle prioridad a los inversionistas nacionales? Cada vez que la publicidad del gobierno dice: “infórmate”, el espectador grita: “¡infórmame!”.
Según se ha dicho, las tasas de recuperación de los inversionistas dependerán de las dificultades de la extracción. A mayor dinero y mayor tiempo, mayor ganancia. Esto en modo alguno es tranquilizador. Decir que los más “capaces” se harán cargo del negocio significa aceptar un darwinismo del mercado, como ocurrió con Fobaproa. El rescate bancario pagado por todos nosotros salvó el pellejo de los financieros mexicanos y dejó la banca en manos extranjeras (con un porcentaje nacional cercano al 5%). Después de ese triunfo del “más apto”, cuesta trabajo suponer que las extracciones se harán con un criterio de redistribución social de las ganancias.
Si las megacorporaciones convencen a los consejeros, se quedarán con la parte del león. No es fácil hacer una reglamentación sobre recursos que se desconocen y tecnologías que no han sido usadas, pero se podría fijar una cuota de participación de Pemex en cada explotación.
El petróleo es el intangible oro negro que los legisladores convirtieron en giro negro.
Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=210758
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