Sí, lo sé, en estos días casi nadie quiere enterarse de los problemas del país; queda claro que hasta de la realidad necesitamos vacaciones. Sin embargo me permito hacer algunas reflexiones sobre una de las últimas locuras públicas que hemos atestiguado.
El Diputado Humberto Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), impulsó una iniciativa que plantea tipificar el delito de abandono de adultos mayores, en especial aquellos con discapacidad física o mental. De cinco a ocho años de prisión a quien les desampare.
Todo parece indicar que este legislador perdió la cabeza. Sabemos que en México viven 10.5 millones de adultos mayores y el 16 por ciento soportan en silencio la violencia doméstica que puede incluir abandono. Difícilmente denuncian, por miedo a sus agresores que en su gran mayoría son familiares directos.
El diputado Prieto explicó en su iniciativa que le duele mucho ver a las personas de la tercera edad en situación de calle, de allí que en un arranque de sabiduría legislativa pretende encarcelar a sus familiares por no hacerse cargo de sus abuelos y abuelas. Al panista le conmueve verles sufriendo en los asilos de ancianos, abandonados allí por sus familiares quienes “ni siquiera regresan a saludarlos”. A quienes dejaron en asilos a sus familiares mayores también los quiere ver en prisión ¡Vaya brillante solución!
Yo digo que si el 82 por ciento de las personas adultas mayores está en condición de pobreza y las mujeres se encuentran en estado más grave (pues sólo dos de cada 10 cuentan con pensión), lo que el diputado Prieto debería de hacer, junto con los demás legisladores, es asegurar iniciativas para resolver los problemas de raíz. Este diputado, como muchos legisladores obsesionados con fortalecer un Estado policíaco y persecutorio, pretende encarcelar a quienes abandonan a sus familiares, causando con el castigo un daño mayor a la familia y a la comunidad. Quieren hacernos creer que el problema del maltrato y abandono de las personas adultas mayores es resultado de una malicia individual, cuando en realidad desde hace décadas tanto el Estado como una parte de la sociedad han avalado un modelo económico y social que premeditadamente ha construido una redistribución de la riqueza de abajo hacia arriba. Modelo en que los adultos mayores no tienen cabida y los grupos indígenas, así como quienes viven en zonas rurales, tienen valor únicamente en la mercadotecnia turística donde lo indígena es sinónimo del folclor manipulador de un patriotismo que es, en realidad, profundamente racista y clasista.
Y vamos, que en 2014 las y los legisladores bien podrían empezar, por ejemplo, con la implementación de políticas de equidad de género que garanticen trabajos bien redituados a las mujeres. El saneamiento y fortalecimiento de los sindicatos que aseguran las prestaciones a hombres y mujeres por igual. Seguir con el abatimiento real a la pobreza rural (no programas paternalistas de bistec por voto y comida a cambio de basura).
Presupuesto y planeación para crear asilos para adultos mayores en los 32 estados del país donde la seguridad social sea un hecho y no un comercial de televisión. Hospitales psiquiátricos gubernamentales con áreas de especialidad en geriatría en las 32 entidades (donde se respete sus derechos humanos y no se les drogue y amarre como hacen en el Seguro Social en la mayoría de los estados). Inversión en centros comunitarios en zonas rurales, en los que se promueva la cultura, se proteja la salud y se fortalezcan los incipientes programas de educación en los diferentes idiomas mexicanos.
Por último podrían asegurar presupuestos para los programas de salud pública de prevención de enfermedades genéticas y degenerativas como el Alzheimer y la demencia senil, dado que la mayoría de abandonos de personas con estos padecimientos se deben a la falta de conocimiento para su atención, falta de capacidad económica de las familias para atender las exigencias de estas enfermedades y falta de apoyo del Estado para que las familias sumidas en la pobreza puedan apoyar a sus parientes mayores con problemas psiquiátricos de toda índole.
Las soluciones existen y han sido planteadas desde hace décadas por especialistas que hacen trabajo de campo en el ámbito geriátrico; el problema es que no quieren trabajar en ellas. Parece que los abordajes integrales no están de moda, en cambio la criminalización social es lo de hoy para los que despachan desde el Congreso de la Unión ¿no lo cree?
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