Se equivoca Gustavo Madero cuando argumenta que la diversidad de posiciones y las luchas internas son consustanciales a la pluralidad de los partidos y que hay que dejarlas fluir y expresarse libremente. Lo que ocurre en el PAN va mucho más allá de esas naturales diferencias que deben aprender a convivir.
En la inclemente lucha por la dirigencia del partido, los grupos adversarios no han reparado en la exhibición de acusaciones y testimonios que no sólo revelan las diferencias que dejan muy mal parado al PAN sino que, de probarse, son constitutivos de delitos.
La división entre grupos de poder al interior de un partido es, en efecto, cosa de sus dirigencias y militantes, pero la corrupción es cosa de todos. No es un asunto privado del PAN que deba resolverse intramuros sino un asunto público.
No parecen entender que la mayor parte de lo que ocurre en los partidos es de incumbencia y competencia públicas. Poco de lo que hacen esas instituciones políticas, sus dirigentes y sus integrantes se mantiene dentro de la esfera de lo privado. Aun los procedimientos internos para elegir a sus órganos de dirección y candidatos están sujetos a reglas que deben ser aprobadas por una instancia externa y su posterior observancia puede controvertirse en órganos jurisdiccionales de plena autoridad.
Los partidos son entidades de interés público y reciben recursos del Estado. Hasta ahora rendían cuenta de esos recursos a través del IFE. Una vez aprobada la nueva reforma constitucional sobre transparencia e información pública también serán sujetos obligados de la misma. Por su parte, los integrantes de los partidos que llegan a los cargos de elección popular bajo su auspicio se convierten de inmediato en servidores públicos y están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece los procedimientos a seguir y las sanciones a imponer en caso de que se cometan faltas administrativas o delitos penales.
Tanto los calderonistas como los maderistas se han acusado mutuamente de cometer actos de corrupción. A Cordero se le señaló el año pasado por haber usado discrecionalmente los recursos asignados a la fracción parlamentaria del PAN e incluso de aquellos destinados a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Nunca hubo denuncia formal.
A los maderistas como al líder de los panistas en la Cámara de Diputados —Luis Alberto Villarreal— se les ha acusado de pedir comisiones o “moches” a diputados y alcaldes para “bajar” el presupuesto asignado. Tal es el caso del alcalde de Celaya, quien admitió que sus propios correligionarios le pidieron contratar a una determinada constructora y una comisión de 35% (después corrigió a la baja el porcentaje) para gestionar 160 millones de pesos para obras en su municipio. Tampoco hubo denuncia.
De probarse estos delitos deberían sobrevenir las penas correspondientes que pueden ser de distinta naturaleza. Desde la multa e inhabilitación por “los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, hasta las que determine el Código Penal por tráfico de influencias, cohecho, peculado o malversación de fondos.
Lo que sorprende es que ni propios ni extraños hayan interpuesto una denuncia formal. Como si fuera un asunto privado, en el Consejo Nacional dominado por los maderistas se decidió integrar un grupo de trabajo y nada más. Los corderistas protestaron, pero tampoco fueron más allá. Como si la decisión de denunciar un delito cometido por un servidor público ante las instancias competentes fuera colectiva o estuviera reservada a la dirigencia nacional. Habría que recordarles que hasta un ciudadano común puede hacerlo según está establecido en el artículo 109 de la Constitución.
En realidad a nadie le importa o a nadie le conviene la denuncia. Cualquier panista podría haberla presentado, pero ninguno lo hizo. ¿Por qué no lo hicieron y no hay hasta el momento ninguna denuncia por estos presuntos delitos, pero sí las hay por difamación en el caso de Villareal o por la intervención de una comunicación privada en el caso de Cordero? Para la inacción de uno u otro grupo no se encuentra otra razón más que la complicidad o el interés. El interés de quedarse con los 917 millones de pesos que el IFE asignará al PAN en 2014, los 310 millones para la fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados y los 210 millones para la del Senado.
Tiene razón el senador Roberto Gil en su reflexión sobre “La derrota cultural de los incorruptibles” (Excélsior, 20/01/2014): “Nuestra derrota es precisamente la flaqueza de la organización para reaccionar frente a conductas indebidas, la ausencia de resortes para aislarlas y condenarlas y la atrofia de todos los instrumentales para contenerlas”. Pero se le olvida una cosa. No es suficiente hacer este examen de conciencia y un exhorto a “procurar la virtud personal” porque las conductas indebidas no son un asunto privado sino público.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar
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