Porfirio Muñoz Ledo - 20 años

A lo largo de esta semana han proliferado los análisis y remembranzas sobre dos acontecimientos que marcaron el curso histórico del País. El pasado 1 de enero se cumplieron 20 años del levantamiento zapatista y de la entrada en vigor del TLCAN. Dos tesis contrarias y dos visiones divergentes respecto del destino de la nación.

En medio del desencanto electoral que recorría al País y con el recuerdo vivo del fraude electoral de 1988, se produjo en Chiapas una inesperada rebelión popular dirigida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que enarbolaba la Primera Declaración de la Selva Lacandona, que muy pronto se transformaría en parte importante de la agenda política nacional. El abanderamiento de la lucha legítima contra “el régimen autoritario y antidemocrático”, su rechazo a las políticas neoliberales abrazadas por el gobierno, en particular la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución y el proceso de suscripción del TLCAN, tanto su carácter identitario como rebelión indígena le dieron con prontitud un amplio reconocimiento nacional e internacional.

Después de iniciales titubeos en los que parecía predominar la línea dura con el consecuente aplastamiento militar, se abrió paso el diálogo que dio lugar al “Acuerdo a favor de la paz, la justicia y la democracia”. Su consecuencia inmediata fueron las mesas de negociación de los partidos políticos sobre el sistema electoral que de manera angustiosa se llevaron a cabo los primeros meses de ese año y que, aunadas a las que se efectuaron en 1976, condujeron a la instauración del pluralismo político y la alternancia en el poder nacional. Sin embargo, los acuerdos relativos a la cuestión indígena han quedado incumplidos hasta ahora, así como las promesas de un cambio de estrategia en favor de los pobres y los marginados.

De toda obviedad, la política económica y social seguida desde entonces no ha sido regida por los diálogos de Chiapas, sino por el consenso de Washington. A contrapelo de los reclamos del País, la suscripción del TLCAN fue el crimen mayor contra nuestro proyecto de desarrollo independiente. Con el argumento de regularizar fenómenos que ya estaban ocurriendo, se formalizó y profundizó un pacto de subordinación al margen del derecho de los tratados y se reformaron numerosas leyes internas para adaptarlas al acuerdo, mientras nuestros vecinos dejaban sus legislaciones intactas. Bajo la apariencia de un acuerdo comercial se convino un proceso de integración asimétrica y por etapas, tales los acuerdos de seguridad o el capítulo energético que ahora se nos está recetando. En cambio, asuntos esenciales para nosotros, como el libre tránsito de personas, la política de derechos humanos, la protección del medio ambiente y las condiciones del trabajo figuraron en acuerdos paralelos cuya constante es el incumplimiento.

Los instrumentos adicionales, pactados a espaldas del Congreso —ASPAN y la iniciativa Mérida—, así como los “acuerdos ejecutivos” y las inadmisibles permisibilidades “administrativas” han venido conformando el estatuto colonial en donde el gobierno y la sociedad mexicana están atrapadas. Sin olvidar que las desregulaciones y privatizaciones, amén del deterioro de nuestra planta productiva y el abandono del campo, condujeron a la pérdida del poder del Estado, a la inseguridad creciente y al debilitamiento de nuestra soberanía.

Todos los sucesos lesivos para nuestro país que ahora son inocultables estuvieron presentes en el debate público de aquellos años, pero no fuimos escuchados. La democracia electoral que conquistamos ha sido dilapidada por la corrupción, la simulación y la ineficiencia de las instituciones políticas. La alternancia fallida facilito la refuncionalización del autoritarismo sumada a la incompetencia y avidez de la clase gobernante.

Como dice Marcos, “ahora resulta que el Estado no sólo renuncia a ser un amortiguador en el vendaval de despojos que es el neoliberalismo, sino que, además, acude presuroso a las migajas que el verdadero poder le arroja”. Al margen de toda denuncia —las hay en demasía—, es preciso intentar un balance objetivo de lo que el TLCAN ha dejado para nuestras naciones. Se escuchan voces en favor de la revisión integral de los acuerdos en un horizonte histórico distinto. Ese sería el único posible fundamento de un nuevo consenso nacional.

Porfirio Muñoz Ledo
Político