El Código de Justicia Militar es un asunto complejo y estratégico que tiene muchos hilos. Relevante en grado máximo no sólo para los derechos humanos sino para la seguridad nacional.
Su parte más delicada radica en la presión que ejercen organismos nacionales e internacionales para que en países como México sea eliminado el fuero militar.
¿Qué significaría la eliminación de ese fuero?
La eliminación del fuero militar o fuero de guerra tendría como efecto más inmediato la desintegración del Ejército mexicano de las fuerzas armadas en su conjunto.
Aunque para los románticos ingenuos de una izquierda fanática eso es lo mejor que le podría suceder al país, lo cierto es que equivaldría a dar un tiro de gracia a la seguridad nacional.
En la larga y accidentada discusión que se ha dado sobre el tema no solo han participado especialistas, sino organizaciones no gubernamentales, disfrazadas en algunos casos de defensoras de derechos humanos, patrocinadas por el extranjero, para incidir en la desaparición de los ejércitos nacionales.
La ignorancia, el fanatismo y la moda de aparecer como paladín de las libertades han estado presentes en la discusión.
Los propagandistas dedicados a combatir a las fuerzas armadas han provocado intencionalmente una gran confusión sobre el significado del fuero militar.
Para la masa opinante o para lo que hoy llaman la opinocracia el fuero de un militar es similar al que tiene un diputado, senador o alto funcionario público
En el caso del fuero de un legislador, la figura se encuentra, sin duda, desprestigiada porque ha servido para que el representante popular, que ha incurrido en actos ilegales, no sea procesado mientras ocupa una curul o escaño.
En el caso de las fuerzas armadas, tiene un significado y una trascendencia distintos. Se refiere a los tribunales, jueces, agentes del ministerio público que aprehenden, enjuician y sancionan a un militar.
Es importante resaltar que el sistema o aparato judicial con el que cuenta el Ejército y la Marina no solo sirve para impartir justicia, sino para algo que, desde el ámbito de la seguridad e integridad de un país es determinante: mantener la disciplina dentro de las fuerzas armadas.
Si los senadores tomaran la decisión de eliminar el fuero militar en su totalidad, para que sean tribunales civiles los que procesen judicialmente a un soldado, se dejaría sin instrumentos de control a una institución cuya lealtad a México se debe, entre otras cosas, a la dureza de sus leyes.
Un ejército sin disciplina equivaldría a un comando de bandoleros que podría en jaque la soberanía de la nación.
Pero hay algo más. Nosotros, los civiles, hablamos como si fuéramos ejemplo de justicia, honestidad y respecto a los derechos del hombre. Fijémonos en las estadísticas. Mientras en el ámbito militar el porcentaje de impunidad es apenas del 5%, en el mundo civil sólo se castigan 2 casos de cada 100. Estamos hablando de que en el 90 o 95% de los casos no se castiga a los responsables.
El llamado Señor de las Ligas, René Bejarano, cuyo caso ha puesto nuevamente de moda el empresario argentino Carlos Ahumada, es un claro ejemplo de impunidad, junto con la decena de narcotraficantes que, después de ser aprehendidos por el Ejército, son liberados por jueces civiles corruptos.
La reforma al Código de Justicia Militar debe guardar los equilibrios. Es decir, los militares que incurran en delitos de lesa humanidad, como el genocidio, la desaparición forzada de personas, deben ser enjuiciados por tribunales independientes.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que hoy tanto el Ejército como la Marina libran una guerra contra el crimen organizado, en la cual no se les puede dejar solos.
Es curioso. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras siempre cuestionan al Ejército mexicano, pero nada dicen de las bárbaras incursiones del Ejército norteamericano en Irak o Afganistán
Tiene que haber un código militar claro, sin interpretaciones complejas, sin ambigüedades que le permita al militar enfrentar a la delincuencia de manera resuelta.
El tema es complejo, pero lo único que no pueden hacer los senadores es cometer el error de eliminar lo que garantiza que las armas van a estar al servicio de la defensa de los intereses del país.
Cuando alguien quiere sentirse a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos ataca al Ejército, sin darse cuenta que al debilitarse las instituciones militares, se fortalece a otros ejércitos: a las autodefensas y a los narcotraficantes.
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