Dos agresiones recientes se orientaron no hacia periodistas de medios privados sino contra colegas encargados de hacer un balance y reportes sobre las agresiones: primero, Balbina Flores, una metódica y muy seria corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, dio a conocer que recibió una amenaza telefónica provenientemente, al parecer, provenientes de Michoacán; y Darío Ramírez, quien dirige el capítulo de Artículo 19 en nuestro país, denunció allanamiento a su domicilio particular, en circunstancias muy sospechas.
En ambos casos se trataron de agresiones a dos activistas en vísperas de los informes anuales respectivos de las organizaciones que representan.
Reporteros sin Fronteras emitió un duro balance sobre México en el 2013. Lo mantuvo en la penúltima categoría de 5 sobre “delicada situación” para la libertad de expresión. Sentenció que seguimos con “un terrible balance” de 88 periodistas y 18 desaparecidos entre 2000 y 2013. Ninguno de los casos se ha resuelto de manera satisfactoria, advierte la organización con sede en Londres.
Por su parte, Artículo 19 dio a conocer el informe “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta en México”. Según este recuento, el año de 2013 fue el de mayor violencia contra periodistas desde 2007. Clasificó 330 agresiones, de las cuales, 60% proviene de autoridades y de éstas, 70% responden al ámbito municipal.
El mayor número de agresiones ocurrieron en el Distrito Federal en el contexto de un clima de intensas protestas sociales desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de octubre de 2013. Artículo 19 subraya que han incrementado los ataques a sitios web, marcando una clara tendencia a la intimidación y la amenaza anónima en el mundo digital.
Las fuerzas o personajes interesados en intimidar a periodistas, activistas y medios críticos coinciden en una tendencia irrefrenable en nuestra cultura política: el enemigo es el informante, no los hechos de inseguridad, corrupción y violencia que se reportan.
En este contexto, la presunta confiscación y compra masiva de ejemplares de la revista Proceso en establecimientos del Distrito Federal y del Estado de México indican que la incomodidad no es por el clima de violencia que se ha incrementado en los municipios mexiquenses, sino por la osadía de personalizar en el gobernador Eruviel Ávila el desastre en materia de inseguridad pública en la entidad más poblada del país.
En otras palabras, el enemigo no es la inseguridad pública sino el medio que informa sobre estos hechos. La amenaza radica en no sumarse al coro propagandista que domina en medios masivos comprados, rentados o subrogados por el presupuesto mexiquense para maquillar la situación en el Estado de México y lanzarle loas acríticas a su gobernador.
El enemigo es el reportero en Veracruz. La entidad con mayor número de crímenes a periodistas al hilo –la mayoría ocurridos durante la administración de Javier Duarte– repuntó en este año con el caso de Gregorio Jiménez.
El problema es que a la agresión contra el periodista de Coatzacoalcos se sumaron las amenazas veladas o explícitas contra los reporteros y activistas movilizados en Veracruz y en otras entidades para protestar contra este crimen.
La organización Periodistas de a Pie, dirigida por la colega Marcela Turatti, ha sido una de las varias agrupaciones acosadas con estrategias para generar miedo a quienes protesten.
El enemigo no son los criminales que andan matando impunemente a informadores en los municipios de Veracruz, sino los integrantes del gremio periodístico y de la sociedad civil que denuncian estos hechos y no acatan los poco creíbles dictámenes y “carpetazos” de la autoridad ministerial.
El informante y el activista son los enemigos. Es la peligrosa tendencia creciente en todo el país.
Twitter: @JenaroVillamil
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Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=367574
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