Más allá de la historia personal y delincuencial del denunciante, en algo que es más una revancha política contra Tello que una denuncia, la versión divulgada de la fuga de “El Chapo” es digna de aquellas que construía Chapa Bezanilla en sus inolvidables “investigaciones” sobre los casos Colosio y Ruiz Massieu, historias que obvian la realidad, para tratar de reconstruirla.
En por lo menos dos libros hemos tratado con amplitud el tema. Uno se publicó a finales del 2001 y se llamó “El otro poder. Las redes del narcotráfico, la política y la violencia en México” (Aguilar, 2001), y el otro, mucho más reciente, tiene un largo y meticuloso capítulo al respecto, el libro se llama “La batalla por México. De Enrique Camarena a ‘El Chapo’ Guzmán” (Taurus, 2012). Vamos a reiterar aquí parte de la historia que contamos en ese libro, la verdadera historia de la fuga de “El Chapo”, basada en testimonios y documentos recogidos en aquellos momentos y años posteriores.
“Era el 7 de noviembre del año 2000. Faltaban tres semanas para que Vicente Fox asumiera el poder y 73 días para que uno de los principales narcotraficantes del País, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, desapareciera del penal de máxima seguridad en Puente Grande. Ese día tres custodios fueron citados dentro del propio reclusorio por tres comandantes de la seguridad del mismo. Les dijeron que decidieran de una vez si aceptaban o no ser parte del equipo de protección de ‘los jefes’ y les recordaron que, a más tardar, el 20 de noviembre tenían que tomar una decisión, porque para el 1º de diciembre, cuando entrara en funciones el nuevo Gobierno, ‘tenían que encontrar todo en orden’ para ‘no ser molestados’.
“El problema es que ‘los jefes’ de los comandantes encargados de la custodia del penal no pertenecían a ninguna autoridad gubernamental: ‘los jefes’ eran ‘El Chapo’ Guzmán, Jesús Héctor ‘El Güero’ Palma y Arturo Martínez Herrera, ‘El Texas’, los tres principales detenidos.
“Ser parte del equipo de protección de ‘los jefes’ incluía la exigencia de ‘no ver ni escuchar nada, permitir que gocen de privilegios como deambular por las distintas zonas del penal con libertad, introducir licores y vinos y por supuesto mujeres, contar con celdas de lujo y teléfonos celulares, sus celdas no podían ser revisadas’. Por ser parte de ese ‘equipo de seguridad’ se pagaba a cada custodio 2 mil 500 pesos al establecer el acuerdo y luego 250 pesos extras por cada día de guardia. La propuesta era realizada por los comandantes Marco Fernández Mora, Pedro Pulido Rubira y Juan José Pérez Díaz. Su jefe era Luis Francisco Fernández Ruiz, director de seguridad del penal, y tenían el beneplácito (o la ignorancia) del director del penal, Leonardo Beltrán Santana. Otro comandante, Jaime Valencia Fontes, alias ‘El Negro’, era el encargado de pagar esas ‘gratificaciones’.
“Antes de aceptar la propuesta, a los custodios que se mostraban remisos se los trataba de convencer con un método antiguo pero generalmente efectivo: emboscados por sus propios compañeros cerca de sus domicilios en la noche, recibían una terrible golpiza a tubazos. Los demás eran encerrados dentro del propio penal para que consideraran su decisión luego de ser careados con ‘el jefe’, el propio Guzmán, que les preguntaba por qué no querían estar con él y les platicaba de los beneficios que podrían recibir mientras los otros custodios les explicaban que no se trataba de un acto de corrupción sino de ‘pequeños privilegios que no comprometen a nadie’.
“Esos testimonios estaban en manos de algunas autoridades desde meses atrás, por lo menos desde febrero de 1999, y fue parte de un flujo constante de información que no se detuvo hasta horas antes de la fuga y que por negligencia o complicidad, las propias autoridades ocultaron”.
Mañana y pasado el resto de la verdadera historia de la fuga de “El Chapo” Guzmán.
Parte II
La fuga de ‘El Chapo’ Guzmán el 19 de enero del 2001 tuvo muchos anuncios previos. Siguiendo con la historia que le contábamos ayer, hay que recodar (ver el libro de este autor La Batalla por México, Taurus 2012), que desde noviembre de 1997, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco, que encabezaba Guadalupe Morfín, había sido informada, tangencialmente, de los hechos de corrupción que se daban en el penal de Puente Grande, originalmente por una dirigente del grupo armado Procup allí detenida, Ana María Vera Smith.
Guadalupe solicitó autorización para visitar ese penal y le fue negado, argumentando que se trataba de una instancia federal y que por lo tanto no tenía jurisdicción. Dos años más tarde, llegó a las oficinas de la comisión estatal un custodio para denunciar las irregularidades que se cometían en el penal y cómo estaba siendo coercionados por sus propios compañeros para que se incorporara a un amplio esquema de corrupción que, desde aquellas fechas, controlaba el penal. Guadalupe envió un informe pormenorizado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tardó meses en contestar a pesar de que las denuncias se sucedían y ya no era un custodio sino tres quienes las presentaban. Finalmente el tercer visitador de la CNDH, Arturo Peña Oropeza, mediante el oficio 012965, del 4 de mayo del 2000, contestó que el caso no era de la incumbencia de la CNDH, ya que se trataba de un problema “laboral”.
El 24 de agosto del 2000 se enviaron a la CNDH y a otras instancias gubernamentales nuevos testimonios: en ellos se hablaba del ingreso de mujeres al penal y del movimiento de mercancías e instrumentos para los presos. Ya se habla de “Los Jefes”: ‘El Chapo’ Guzmán, ‘El Güero’ Palma y ‘El Texas’. Unos días después llegan más detalles: el 26 de agosto entraron al área de “Los Jefes” dos damas escoltadas por elementos de vigilancia, mientras que por la aduana del penal ingresaron varios vehículos con contenidos muy voluminosos. Así se había festejado el cumpleaños de un detenido. La CNDH respondió que las autoridades habían adoptado medidas, que se había cambiado a un comandante y que ya no habría problemas.
El nuevo comandante duró en su puesto quince días y fue reemplazado por quien sería uno de los principales organizadores del esquema de protección de “Los Jefes”: el propio jefe de seguridad del penal, Luis Francisco Fernández Ruiz.
Los custodios eran ya cinco y pedían una protección que nunca les llegó. A las presiones dentro del propio penal se sumaban las agresiones a tubazos y una fecha que no podía sobrepasarse: el 20 de noviembre, previo a la llegada del nuevo gobierno, para que “no encuentren problema y todo pueda seguir igual”.
El 9 de noviembre del 2000 los custodios presentaron otra denuncia: informaron de los nombres de algunos de los comandantes que estaban participando en el esquema de protección de ‘El Chapo’. En el documento se especifica que, además de los nombrados anteriormente (Fernández Ruiz, Fernández Mora, Pulido Rubira y Pérez Díaz), participan también Jacinto Bello Cobarrubias, Miguel Ángel Godínez Cárdenas, Jesús Becerra Reyes, Jesús Candelario Castillo, Édgar Jiménez Pineda, Francisco Javier Tadeo Herrera, Manuel Minjarrez, Raúl Sarmiento Carrizosa, Jaime Efraín Rizo Estrada y Arturo Sánchez Ramos.
El 13 de noviembre, Guadalupe Morfín enviaría otro informe a la CNDH, con detalles sobre estos hechos y demandando que se adoptaran medidas para preservar la integridad física de los denunciantes. La respuesta está fechada el 4 de diciembre: el tercer visitador de la CNDH decía que no tenía medios para preservar la integridad física de los denunciantes y tampoco solicitó esa protección a las instancias que podrían proporcionarla, básicamente porque seguía considerando el conflicto como “laboral” y le informa al informante original que su queja ya ha sido “tramitada y archivada”.
El 17 de enero (faltaban apenas dos días para que se conociera de la fuga de ‘El Chapo’) dos de los custodios llegaron a la oficina de Guadalupe Morfín. Acababan de recibir, con un mes de retraso, la comunicación de la CNDH donde les decían que su caso quedaba archivado y que no podían protegerlos.
Sin embargo, según la propia CNDH, apenas el 12 de enero había informado a la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la que depende el control de los penales federales del país, del expediente completo del caso de Puente Grande.
El día 15 llegaron personas que se presentaron como visitadores de la CNDH y funcionarios de SSP, se alojaron en el hotel Lafayette de Guadalajara y comenzaron a citar a los denunciantes: empezaron por uno y le pidieron que los llevara a las casas de los otros. Paradójicamente, la exigencia era que se desistieran de las quejas presentadas porque “no tenían manera de probar sus dichos”. La fuga aparentemente, ya estaba en marcha. El lunes concluiremos esta historia.
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/la-verdadera-historia-de-la-fuga-del-chapo--7685.HTML
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