Los 13 presidentes municipales detenidos fueron los perredistas de Apatzingán, Buenavista y Lázaro Cárdenas, los priístas de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Nueva Italia, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, Tumbiscatío y Zitácuaro, y los panistas de Ciudad Hidalgo y Uruapan.
La acción policíaca-militar de ese 29 de mayo fue presentada y difundida por el gobierno de Calderón como el golpe más espectacular y contundente que jamás se hubiera dado contra la delincuencia organizada y quienes la protegen desde diversas oficinas gubernamentales.
Durante ese día y los subsecuentes los 38 detenidos fueron linchados mediáticamente y declarados culpables ante la opinión pública. El gobierno humanista de Calderón violó la mayoría de sus derechos humanos presentándolos antes los medios como terribles promotores y encubridores del cártel de La Familia Michoacana y otros grupos delincuenciales que operan en Michoacán.
A los 30 días del espectacular arresto masivo, la obra teatral escrita y dirigida por Calderón empezó a desmoronarse, tal como ocurrió con otras que fueron producidas durante su sexenio.
El 29 de junio un juez ordenó la liberación de los presidentes municipales de Aquila, Buenavista y Coahuayana.
El 29 de enero de 2010 un tribunal unitario ordenó que fueran liberados otros 12 inculpados, entre ellos los presidentes municipales de Ciudad Hidalgo, Tepalcatepec, Tumbiscatío y Uruapan, un ex juez, la ex Secretaria de Seguridad Pública Estatal, un ex subprocurador de Justicia del Estado, y diversos funcionarios municipales. El 9 de marzo fue puesto en libertad el presidente municipal de Zitácuaro y el 23 de abril el de Apatzingán.
Las liberaciones de los demás inculpados siguió dándose durante los meses subsecuentes y el 12 de abril de 2011 quedó libre el único que seguía preso. En todos los casos los juzgados y tribunales determinaron que la PGR no aportó pruebas que demostraran la culpabilidad de los 38.
La responsable operativa de este montaje fallido fue Marisela Morales Ibáñez, quien hasta el 31 de marzo de 2011 fue la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ese día y pese a su evidente fracaso, la directora de escena de lo que hoy conocemos como El Michoacanazo fue nombrada Procuradora General de la República por Calderón. Uno más de tantos nombramientos hechos por el entonces presidente para premiar la lealtad más no la eficiencia de sus incondicionales.
Lo que El Michoacanazo dejó muy en claro es que los 38 detenidos fueron liberados porque las SEIDO hizo mal sus investigaciones y aportó pruebas falsas, débiles o ilegalmente obtenidas. Tan mediocre fue la labor realizada por Morales y sus subalternos que a los juzgadores no les quedó otra que desechar todas las acusaciones formuladas por la PGR.
Hoy nuevamente vemos un linchamiento mediático. Ahora las víctimas son los ex funcionarios de Michoacán y Guerrero que han sido detenidos por sus supuestas ligas con la delincuencia organizada.
Después de lo ocurrido en el sexenio calderonista, los periodistas deberían abstenerse de declarar culpables a los detenidos, entre ellos al ex Secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna. Parece que algunos no aprendieron a callarse la boca después de El Michoacanazo.
Hasta que un juez los declare culpables defendamos el principio de la presunción de inocencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.