El presidente Enrique Peña Nieto arrancó su sexenio con un impulso sorprendente para “Mover a México”. El pacto de los principales partidos, el arresto de la poderosa Elba Esther Gordillo, las reformas sobre puntos considerados intocables, la captura del Chapo Guzmán y el nombramiento de un Comisionado para recuperar la gobernación de Michoacán fueron espectaculares.
Año y medio después, ninguno de los grandes problemas del País (las bandas criminales, el estancamiento económico, el pesimismo sobre las autoridades) ha quedado resuelto. Pero hay avances, sobre todo en el tercero; y esperanzas en el primero. En cambio, el estancamiento no tiene visos de mejoría, aunque la propaganda oficial insiste en hacer pronósticos optimistas.
El estancamiento no empezó este sexenio, sino cinco antes (1982-1988). El crecimiento económico del 6% anual, que parecía normal, se volvió remoto. Ni el auge petrolero, ni la apertura comercial, ni las inversiones extranjeras, ni las sucesivas reformas han logrado recuperarlo. Y todo parece indicar que los desatinos del fisco prolongarán el estancamiento.
Envalentonado por las grandes medidas presidenciales, el fisco decidió agrandar las pequeñas fiscalizaciones hasta volverlas espectaculares. Desplegó gente armada para revisar la documentación de los yates extranjeros anclados en México. Descubrió que a la quinta parte le faltaba un pago de 50 dólares por derechos de internación. ¡Y los decomisó! Fue la Guerra de los Pasteles al revés. Hizo un papelazo internacional, espantó al turismo y gastó millones de pesos para obtener menos de 20,000 dólares. Ahora los turistas (y todos los mexicanos) saben que están expuestos a decomisos express, no sólo secuestros.
El tino para inmovilizar se manifestó de otras maneras. En 2013, Hacienda retrasó el dinero para inversiones y gastos aprobados. Como resultado del subejercicio, la industria de la construcción perdió 200,000 empleos entre enero y agosto de 2013, según la CNIC. Y no fue el único sector afectado. Además, la no inyección de fondos públicos se reforzó con la extracción de fondos a los consumidores, gravando el consumo de productos azucarados y aumentando el precio de la gasolina. La suma de extracción más no inyección tuvo un efecto predecible: frenar la economía.
Con ese mismo tino, el fisco aprovechó para introducir nueva formas de inmovilizar. Amplió el requisito de facturación electrónica, iniciado en 2005 y obligatorio desde 2011 para los grandes contribuyentes. A partir del 31 de marzo de 2014, todos (grandes y chicos) quedaron obligados a facturar electrónicamente, sometiéndose previamente al fichaje (foto, huellas digitales y documentos) de la Firma Electrónica Avanzada. ¿Por qué esa fecha y no una posterior a la sobrecarga de trabajo contable de los primeros meses del año: el cierre del ejercicio, las declaraciones informativas, la declaración anual y el reparto de utilidades? Con suprema inconsciencia, escogió el peor momento para los contribuyentes y rebasó su propia capacidad de atenderlos. No estaba preparado para el desastre que desencadenó.
Como si fuera poco, impuso nuevos requisitos electrónicos, y no con un calendario de introducción experimental por varios años, un segundo momento de obligatoriedad para los grandes y un tercero de ampliación a todos. De sopetón, el pago de nóminas tuvo que ser digital, con extraordinarias complicaciones para hacer deducibles los pagos por prestaciones tales como primas vacacionales, aguinaldos, fondos de ahorro, vales de despensa, seguros de gastos médicos, seguros de vida o becas educacionales. Además, restringió el porcentaje deducible con reglas complicadas de cálculo mensual y recálculo anual para ver si se deduce el 57% o el 43%. Además, obligó a pagar los vales de despensa con monederos electrónicos de empresas autorizadas.
Además, los pagos al personal superiores a $2,000 ya no pueden ser en efectivo: tienen que ser por transferencia electrónica, cheque nominativo o tarjeta de débito. Naturalmente, los contribuyentes que no pudieron cumplir con todo oportunamente tuvieron que pagar más (impuestos por la no deducibilidad, actualizaciones, recargos).
Las cosas no terminan ahí. A partir de julio, todas las empresas tendrán que entregar al fisco electrónicamente su contabilidad (empezando por adoptar su catálogo de cuentas). El colmo fue que la nueva versión del DeclaraSAT ¡tenía errores! Fueron corregidos, mas no reconocidos, por lo cual algunos contribuyentes ni se enteraron, creyendo que el fisco sabía lo que estaba haciendo.
No lo sabía. Y todavía hoy, si el secretario de Hacienda y el jefe del SAT se sometieran en televisión a una prueba de expertos fiscalistas que les soltaran toritos sobre cómo cumplir correctamente en tales o cuales casos, exhibirían su ignorancia.
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/inmovilizar-9290.HTML
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