Porque aún con la apariencia de “normalización” que se pretende dar en Michoacán, y aunque se haya vestido de “guardias rurales” a las autodefensas, el conflicto michoacano dista mucho de haber sido resuelto en toda su complejidad. A la problemática social y económica que dejaron años de abandono y de dominio del crimen organizado y que llevará tiempo reconstruir aun con la anunciada inyección de recursos federales, se suma el hecho innegable de que el millonario negocio del tráfico de drogas, para el cual este estado sigue siendo territorio estratégico, no ha dejado de existir y tal vez en nuevas manos, nuevos cárteles y distintos capos, pero no va a desaparecer ni a terminarse.
Si bien el gobierno federal ha retomado el control territorial y ha mermado la capacidad operativa del crimen con golpes certeros a la estructura de mando de Los Caballeros Templarios, todavía quedan células activas de ese cártel formadas sicarios y jefes de plaza que, sin figurar en la lista de los grandes capos, son personajes violentos que controlaban comunidades y sembraban el miedo entre la población. Apodos como El Many, El Caballo y El Tucán aún se escuchan entre los líderes de las autodefensas como parte de unos 50 sicarios que están prófugos y que tenían en jaque a poblados de Tierra Caliente y otras regiones; el temor es que se vuelvan a reagrupar y regresen para ajustar cuentas.
Tampoco se sabe, porque no lo ha precisado el gobierno federal ni el comisionado Castillo, si con el repliegue de Los Templarios no avanzó el otro Cártel que se disputaba el territorio michoacano: el de Jalisco Nueva Generación, que pugnaba por el control de plazas en el estado y por manejar el tráfico de los precursores químicos utilizados en la producción de metanfetaminas, que tenía en el puerto de Lázaro Cárdenas lo mismo que en Manzanillo, Colima, el principal punto de entrada a territorio mexicano para ser distribuido en el país y llevado a Estados Unidos para la producción de las drogas sintéticas.
Pero de todo lo que sigue pendiente en Michoacán, incluida la limpia iniciada contra políticos locales, diputados, funcionarios y alcaldes, el mayor reto que sigue sin lograr el gobierno federal es lo que bien definió su comisionado como “la cereza del pastel”. Mientras Servando Gómez La Tuta siga libre, no puede hablarse de que el cártel de Los Caballeros Templarios se haya terminado, por mermados o arrinconados que se encuentren. Si ya una vez La Tuta junto con otros capos fue capaz de reorganizar un cártel como la Familia Michoacana, que se
creía desarticulada, y tuvo la habilidad para transformarlo en los violentos Templarios, nada impide que el capo que armó y operaba toda la estructura política y de corrupción que soportaba a estas dos organizaciones, el que se reunía con diputados, secretarios de Gobierno, candidatos y alcaldes en funciones, pueda volver a hacer lo mismo, ya sea con ésta o una nueva organización criminal.
Por alguna razón que no queda clara, a las fuerzas federales, llámese Ejército, Marina o Policía Federal, se les ha complicado la ubicación y captura de La Tuta, aun cuando el capo seguía moviéndose en municipios como Tumbiscatío y Arteaga, donde incluso fue entrevistado por periodistas extranjeros. El viernes pasado, precisamente hasta esos dos lugares llegó un operativo de la Marina con el que, al parecer, buscaban a Servando Gómez. En las redes sociales se filtró el rumor de su captura, pero oficialmente sólo se confirmaron enfrentamientos entre sicarios y fuerzas federales en las que murieron supuestos guardias del capo. De La Tuta sólo hallaron una espada, símbolo de Los Templarios.
Así que faltan muchos temas por resolver en Michoacán antes de que el gobierno federal pueda cantar victoria y declarar completamente recuperado ese estado; pero entre todo lo que falta para que vuelva la “normalidad” a los michoacanos -en el entendido de que no desaparece el fenómeno criminal del narcotráfico- la caída de La Tuta sigue siendo el gran pendiente que le impide al comisionado Castillo y a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, presumir un pastel completamente horneado y terminado.
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de situaciones irresueltas, en Baja California no se dejan de preguntar porque el secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza nombró a Héctor Gonzalo Bautista Mejía como Administrador del Puerto de Ensenada. La designación en abril pasado llamó la atención porque Bautista Mejía viene de ser administrador del Puerto de Lázaro Cárdenas, donde fue relevado luego de que el Ejército y la Marina tomaran el control para evitar la corrupción oficial que permitía que por ese puerto llegaran desde precursores químicos para drogas sintéticas y saliera hierro ilegal, todo operado por grupos del narcotráfico como los Templarios. “Todos los funcionarios del puerto serán relevados para evitar actos de corrupción”, dijo en noviembre pasado Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia. Pero ahora que llegó a Ensenada el ingeniero Bautista no se entiende, sobre todo porque en el puerto norteño también hay contrabando ilegal de hierro y sobre todo de especies marinas protegidas como la totoaba y la vaquita, cuya pesca ilegal es enviada a China donde genera ganancias millonarias. ¿Se trata de acabar con la corrupción en los puertos o sólo de administrarla?.. Los dados abren semana. Escalera.
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