Al menos eso dice, en el papel, la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, aprobada ayer por mayoría en las dos cámaras del Congreso federal, con la que se pretende castigar las irregularidades electorales que todavía vimos los mexicanos operar flagrantemente en las últimas elecciones presidenciales del 2012, en elecciones locales en 2013 en los estados y hasta en comicios que actualmente están en marcha se sigue observando por parte de distintos candidatos y partidos políticos.
¿O alguien duda de que el reparto de tarjetas de Monex o de Soriana con dinero en efectivo, no fue una forma de comprar el voto en la última elección presidencial? ¿Se atrevería alguien a negar que el PRD ganó la mayoría de las delegaciones del DF en el 2012 condicionando los programas sociales y las ayudas en las zonas más pobres de la ciudad a sus bases clientelares para que votaran por ellos? ¿Quién puede meter las manos al fuego por el manejo que se dio durante los 12 años del panismo a los programas sociales como Oportunidades, donde todas las estructuras que operaban esos apoyos económicos eran militantes activos del blanquiazul?
Todos los partidos conocen y ejecutan al momento de las campañas y las elecciones prácticas ilegales e irregulares que a fuerza de costumbre se institucionalizaron. En el PRI, por ejemplo, no hay estrategia electoral hasta ahora que no incluya lo que eufemísticamente llaman “la movilización de votantes” el día de la jornada electoral, que no es otra cosa más que un organizado sistema de “acarreo” de electores en las zonas más pobres, que son llevados en camiones hasta los lugares de votación y a los que se les ofrece un desayuno, a veces consistente en torta, refresco o hasta los típicos tamales, y en algunos casos dinero en efectivo para que cumplan “libremente” con su deber ciudadano de emitir el voto en las urnas.
Cualquiera que revise cómo es que el PRD se ha mantenido gobernando 17 años ininterrumpidos en la capital del país, ya sea en la jefatura de Gobierno o en la mayoría de las delegaciones, encontrará que en las colonias más pobres de Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza o Gustavo A. Madero, por mencionar algunas, la gente sabe bien que si quieren seguir contando con servicios como pipas de agua para abastecer sus necesidades, seguridad, o los apoyos a los ancianos, deben de responder cuando los candidatos del PRD o sus líderes de colonias vienen a exigir el voto para mantener esos apoyos. Y es así como, mayoritariamente, se mantiene la estructura electoral perredista en la ciudad.
O los panistas en Baja California ¿no fueron también acusados de haber movilizado recursos y programas públicos del gobierno estatal para favorecer al candidato de su partido que finalmente ganó la gubernatura? ¿No se llenó la Sedesol en los estados de delegados de abierta militancia panista durante los 12 años de gobierno tanto de Felipe Calderón como de Vicente Fox y todavía ahora, en su elección interna, no se acusan los propios panistas de estar utilizando las estructuras de los comités estatales, que son recursos públicos, a favor de tal o cuál candidato a la dirigencia?
Eso por no hablar de las prácticas clientelares del PT que manipula a vendedores ambulantes en el Metro del DF o a discapacitados, o del PVEM y el reparto de dádivas en las zonas indígenas de Chiapas y de otros estados, o de cualquier otro partido político, incluidos los que ahora buscan el registro ante el INE. ¿De verdad creen los legisladores que todo eso va a cambiar porque hay una nueva ley que penaliza lo que hasta ahora ha sido la práctica y la cultura política de todos los partidos y de muchos mexicanos? De ser así, insistimos, van a faltar cárceles, juzgados, jueces y hasta ministerios públicos para documentar tanto delito electoral y procesar a tantos delincuentes de todos los partidos.
No es que se dude de las nuevas leyes electorales ni de sus correctas intenciones, pero el problema, más que de leyes, es de falta de ética de los partidos políticos y de una cultura electoral que fue viciada por 70 años de la cultura priista del fraude y que, con la alternancia política y la imperfecta democracia, no se erradicó, sino que fue imitada y sofisticada por los otros partidos políticos, llámense PAN o PRD.
Si el nuevo marco electoral, al que habría que añadir la Ley de Partidos que define otros temas como la comunicación y la compra de publicidad electoral, además de la sobrerepresentación y las candidaturas comunes, realmente se propone cambiar las prácticas de los partidos y transparentar los mecanismos para acceder al poder, hará falta mucho más que la aprobación de las leyes, porque el problema es que la cultura del “todo se vale” y del “me sale más barata la multa que perder la elección”, está profundamente arraigada entre la clase política de todos los partidos y eso no se va a cambiar por decreto, ni de la noche a la mañana.
Leído en http://www.24-horas.mx/nuevas-leyes-misma-clase-politica/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.