Impunidad (Del lat. impunĭtas, -ātis) 1. f. Falta de castigo. Definición anotada en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 22ª Edición, 2001.
Una sola palabra nos permite entender porqué en nuestro país es tan fácil delinquir una vez tras otra y que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente sólo de 1% a 2% de los delitos, incluidos los homicidios, den lugar a sentencias condenatorias.
En México, ser asesino, secuestrador, ladrón, asaltante, extorsionador, robacoches, violador, pederasta, pornógrafo infantil, tratante de personas, hackeador, contrabandista, narcotraficante, falsificador, robachicos, defraudador, vándalo, traficante de órganos o de tesoros arqueológicos, talador de bosques o dedicarse a cualquier otra especialidad delincuencial no es tan riesgoso como ser micro, pequeño o mediano empresario, o ejercer ética y legalmente cualquier tipo de profesión u oficio.
Tampoco es muy peligroso ser un gobernante ladrón, un político traficante de influencias, un representante popular maiceado o mocheado, o un funcionario o policía corrupto.
Y no es peligroso porque eso de que “el que la hace la paga” no funciona desde hace tiempo en este país de leyes ignoradas o violadas o de leyes que castigan desmesuradamente al que omitió pagar sus impuestos al fisco o sus cuotas patronales al Seguro Social y califican como no graves a muchos delitos que cotidianamente cometen servidores públicos de todos los niveles de gobierno y de cada uno de los tres poderes.
Realmente no hay que ser un genio para concluir que para acabar con la impunidad lo único que se necesita es que los delincuentes reciban el castigo que se merecen.
¿Pero qué sucede cuándo los que deben procurar e impartir justicia están dentro de las filas de los delincuentes?
Pues la cosa se complica bastante porque en México no suele castigarse a un juzgador que condena a pagar una multa o ir a la cárcel a una persona que después demuestra ser inocente; ni a un policía judicial, ministerio público o perito que inventa, esconde, extravía pruebas o dirige una investigación con el fin de no llegar a la verdad.
Con estos servidores públicos es donde la impunidad debe acabarse de una vez por todas.
Aparentemente, el problema de la corrupción en los órganos de procuración e impartición de justicia no es nada nuevo y empezó con la civilización misma.
Hammurabi, el rey de Babilonia que gobernó de 1792 a 1750 AEC y famoso por expedir uno de los primeros códigos de leyes escritas de la historia, supo como enfrentar el problema que hoy, 3800 años después, nos agobia a los mexicanos. Algunas de las 282 leyes del Código de Hammurabi lo demuestran:
Ley 1. “ Si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado.
Ley 3. “Si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado.
Ley 5. “Si un juez instruye un caso, dicta sentencia y extiende veredicto sellado, pero luego modifica su sentencia, al juez le probarán que ha cambiado la sentencia y la suma de la sentencia la tendrá que pagar 12 veces. Además, en pública asamblea, le echarán de su sede judicial de modo irrevocable y nunca más podrá volver a sentarse con jueces en un proceso”.
No hay que ser un genio… Lo que falta es la voluntad política para cambiar las cosas.
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