Por ejemplo, todas las personas físicas y morales estamos obligadas a pagar puntualmente nuestras obligaciones fiscales, siempre y cuando nos hayamos dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, si a alguien se le ocurre declararse en huelga fiscal porque no está de acuerdo en cómo se gastan las autoridades sus impuestos, debe estar dispuesto a aceptar el castigo que el Código Fiscal de la Federación establece para quienes evaden el pago de las elegantemente llamadas “contribuciones y aprovechamientos fiscales”.
Otro ejemplo: el del ya famoso doctor José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas michoacanas. Él, según la Procuraduría General de la República, decidió portar armas que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos autoriza solamente a los miembros de las fuerzas armadas. Al hacerlo violó la ley y en caso de ser declarado culpable por un juez deberá recibir el castigo correspondiente.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando un legislador federal o local no cumple con ciertos ordenamientos establecidos en la Constitución y las leyes que de ella emanan? Generalmente nada, como ha ocurrido desde siempre.
Durante varios años, los diputados federales violaron la ley al aprobar el paquete económico de la Federación después de las fechas límites establecidas por la misma Constitución. En el colmo de su cinismo hasta llegaron a detener el llamado reloj legislativo para así, según ellos, aprobar lo que tenían que aprobar dentro del plazo legal.
La más recientes violaciones a la Constitución cometidas por los legisladores federales han tenido que ver con las leyes secundarias de las reformas de telecomunicaciones y energética. Las de telecomunicaciones deberían haber quedado aprobadas en diciembre del año pasado, según se estableció en la misma reforma constitucional. Hasta ayer no lo habían sido. Lo mismo con las energéticas, que tal vez se aprobarán la semana entrante, mucho después del plazo legal.
Pese a que han violado la mismísima Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ninguno de los 128 senadores y 500 diputados federales serán sancionados porque cuando ellos mismos fijaron las fechas no establecieron algún tipo castigo en caso de que incumplieran con el ordenamiento constitucional.
En México se aplican castigos severos para aquellos integrantes de la población general que por error, omisión o con todas las ganas del mundo violan alguna ley, código o reglamento. Eso está bien. Lo que no está bien es que a los miembros más distinguidos de la clase política no reciban un castigo ejemplar cuando violan las leyes que ellos mismos aprobaron.
Hay un México de nosotros, los que no pertenecemos a un grupo de poder, y uno de ellos, los que controlan los aparatos del poder ejecutivo, legislativo, judicial y económico.
Mientras esto ocurra, el país no avanzará como debiera.
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