Una reciente encuesta del Inegi señaló que la corrupción es el tercer problema que más afecta a los mexicanos, justo después de la inseguridad y del desempleo.
Hay que señalar, sin embargo, que la corrupción es la que en gran medida provoca y exacerba los otros dos problemas, pues ahuyenta las inversiones y es el gran caldo de cultivo en el que crece la violencia.
Dicho y entendido está, pues, que la corrupción no es un problema sino el problema de México, el árbol oscuro del que nacen los grandes obstáculos al desarrollo nacional, a la armonía social y al bienestar de las familias.
Paradójicamente, la respuesta del Estado no ha tenido el impacto ni la estatura que se requiere. En este arranque de sexenio no se ha presentado una cruzada, una institución o siquiera una legislación que ataque frontalmente este desafío.
El más claro ejemplo de la poca atención al tema es el empantanamiento en el Congreso de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Evidentemente, para el presidente Enrique Peña Nieto se trata de un tema toral: añadir este órgano a la arquitectura institucional de México fue uno de sus primeros compromisos asumidos frente a notario, ya desde el 30 de marzo de 2012.
Asimismo, el Presidente firmó un documento obligándose a involucrar al movimiento nacional Volver a Empezar en sus esfuerzos contra la corrupción, como una manera de ciudadanizar esta lucha.
A finales de ese mismo año, la iniciativa de ley para formar la Comisión llegó al Senado y mucho se ha hablado de esta institución, que habría que constituirse como órgano autónomo (al estilo de la CNDH o el IFAI), pero hasta el momento no es más que planes y planos sobre papel.
No se trata de que los poderes de la Unión estén inactivos, sino de que su atención se ha centrado en otros temas, como las reformas Energética, Política, de Telecomunicaciones, etcétera, que han acaparado la atención de la clase política.
Sin embargo, es indispensable transformar las prioridades de la agenda nacional.
Todas estas grandes reformas por más bien elaboradas que estén tendrán una escasa efectividad cuando pasen de la teoría a la práctica, pues en el mundo real tendrán que ser aplicadas en un entorno manchando por la podredumbre de la corrupción.
Más vale echar a andar lo más pronto posible, con vigor y contundencia, un esfuerzo nacional contra la corrupción, pues de poco servirá tener leyes de primer mundo cuando palabras como “Oceanografía”, “soborno” y “Yunes”, van ligadas a la palaba “impunidad”.
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