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Sobre los costos de la violencia, el 4 de febrero pasado se publicó un interesante artículo en Knowledge@Wharton, la revista de análisis empresarial de Wharton School, la escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania.
Dicho artículo cita a Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, quien señala que “Todo tipo de violencia acarrea altos costos económicos y sociales porque frena el desarrollo… reduce la formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educativas; también disuade a algunas personas a estudiar de noche por miedo al crimen violento… reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro del país”.
El académico explica que “los costos de la violencia generalmente se dividen en costes directos, que son consecuencia directa de los actos de violencia o intentos de prevenirla, y los costes indirectos, que incluyen el dolor y el sufrimiento, la pérdida de la productividad, y de la calidad de vida… Los costes directos incluyen el valor de los bienes y servicios usados en la prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus perpetradores. Todo esto supone unos gastos para el sistema policial y judicial: costes de prisión y detención, así como costes de enjuiciamiento y otros costes de los juzgados; gastos en tratamientos médicos: atención en salas de emergencia, hospitalización, atención en clínicas o en las consultas médicas, asistencia dental y el costo de tratamientos para enfermedades de transmisión sexual; así como costes en terapia psicológica para víctimas y gastos en servicios sociales relacionados con la delincuencia: programas de capacitación laboral para delincuentes, funcionarios encargados de los reos que están bajo libertad condicional, programas de educación sobre violencia doméstica, etc.”.
Es evidente entonces que todos resultamos afectados económica y socialmente por la delincuencia. Nadie se salva de pagar, de alguna manera u otro, el alto costo del delito.
Se difundió ayer que durante los primeros siete meses de este año aumentó casi 75% el asalto violento en tiendas del país.
Vicente Yáñez, el presidente la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), informó que de enero a julio se cometieron 2,625 delitos en las poco más de 2,600 tiendas de autoservicio, convencionales y departamentales. 91.0% de estos delitos fueron asaltos violentos, número 74.4% mayor al número registrado en el mismo periodo de 2013. Añadió que el valor de lo robado en 2013 llegó a los 22,000 millones de pesos -1,200 millones de pesos más que en 2012-, lo que representó 2.0% de las ventas de estos comercios.
Es lógico suponer que el consumidor final de los productos que se vendieron en dichas tiendas acabó pagando por lo robado.
Recuerda: en 2013 la violencia nos costó a los mexicanos 172,785 millones de dólares. Te costo, me costo, nos costó.
Es urgente combatir y acabar con el delito y la violencia y para eso se necesita, entre otras cosas, una economía que genere los trabajaos bien pagados que se requieren año tras año.
Una verdadera reforma fiscal y no cataplasmas como aumentos del salario mínimo contribuiría a resolver en gran parte el problema.
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