Minimizar el repunte del secuestro en Valle de Bravo es como administrar un placebo para controlar la gangrena. Afirmar que el delito es cometido por personas improvisadas, empujadas por la ambición de ganar rápidamente unos cuantos pesos, es pensar que la gente es idiota. Pero aún así, las autoridades federales han encontrado terreno fértil en algunos medios para intentar tapar el sol delincuencial con una pluma, respaldados por organizaciones sociales en la zona que para cubrir sus culpas existenciales, acusan a la prensa de amarillismo porque, afirman, ni es distinto a otros lados –lo que argumentativamente es cierto-, ni se ha incrementado –lo que es falso-.
Lo que están haciendo las autoridades es un ejercicio de propaganda para ocultar la verdadera esencia del secuestro en Valle de Bravo y sus alrededores. Este lunes El Universal dijo haber tenido acceso a reportes de la Comisión Nacional de Seguridad donde se aseguraba que no eran resultado de una planeación ni seguimiento de las víctimas para determinar su nivel socioeconómico. “Son secuestros improvisados”, precisó el diario, “con pocas horas de duración, en los que se ha exigido por el rescate de dos mil a cinco mil pesos”. O mintió el periódico y no leyó esos reportes, o le proporcionaron informes mentirosos. Es falso lo que publicó.
Los secuestros sí son aleatorios, pero no son improvisados. Las bandas de secuestradores en Valle de Bravo tienen una organización bien estructurada. Existe el grupo que realiza el secuestro –en retenes, en el bosque, en la carretera-, y el que se encarga de vigilarlos y alimentarlos en una casa de seguridad –en la misma zona-. Además está el responsable de llevar a cabo la negociación y, finalmente, el grupo que diseña y recoge el pago del rescate. Por encima de ellos se encuentran los jefes que organizan la logística y asignan las responsabilidades.
Esto no es secreto para las autoridades federales, que saben perfectamente cómo están operando estos grupos y cuánto están pidiendo. Hay dos decenas de personas que se encuentran secuestradas en este momento en Valle de Bravo, y por ninguna de ellas, hasta donde se sabe, el rescate es por cinco mil pesos. En uno de los casos, donde se secuestró a un grupo, por cada uno pedían más de un millón y medio de pesos. Los secuestradores no se muestran urgidos para obtener el pago –como sucede con los secuestros exprés-, y han sido muy claros en los tiempos y las formas como negocian con los representantes de las víctimas.
Sus sistemas de seguridad buscan no ser detectados por el Ejército o la Policía Federal, a quienes les muestran respeto –pero no temor, por cierto-, pero de las policías locales ni se ocupan. La semana pasada en este mismo espacio se reportó la molestia del Grupo Antisecuestros del gobierno del estado de México con la policía municipal en Valle de Bravo, por la creencia que formaban parte de la red criminal. La misma semana pasada, la Policía Federal relevó a los 400 municipales, quienes fueron trasladados a Tlaxcala, donde oficialmente se dijo que acudirían a un curso de capacitación.
Los reportes oficiales que registra El Universal, establecen un tipo de secuestro “inusual”, pero descartan por completo que se encuentren involucrados con la delincuencia organizada, como Los Zetas o La Familia Michoacana –que opera como tal fuera de Michoacán, donde se rebautizó hace pocos años como Los Caballeros Templarios-. Por “inusual” subrayan esos informes oficiales que no son profesionales, que se contradice por la forma como están estructurados. Los improvisados pueden secuestrar en el monte y buscar rápidamente un pago, pero no tienen la capacidad logística para ir negociando, cobrando rescates, e ir liberando a las víctimas conforme se vayan pagando las sumas de dinero exigidas.
La afirmación que no se encuentra vinculado con la delincuencia organizada se refiere –que no lo dice el periódico- a que varios de esos secuestros se dieron a la entrada de Valle de Bravo en un retén donde las personas estaban vestidas como policías federales. Quienes utilizan regularmente este método sonLos Zetas, que sin embargo, no operan en esa zona. En uno de esos retenes, luego de ser secuestrados –ya están liberadas las personas mediante el pago de un rescate-, sus victimarios se identificaron como miembros de La Familia Michoacana.
La explosión de este fenómeno despuntó tras la captura a finales de enero pasado de José Luis Garduño, considerado el jefe de la plaza de La Familia Michoacana en Valle de Bravo. Las organizaciones sociales respondieron a este espacio la semana pasada con críticas de parcialidad y exageración. Su ataque, que se derrumbó ante los hechos, pretendió ocultar la laxitud de cómo enfrentaron el fenómeno. Su método fue procesarlo como sociedad,conviviendo con los criminales bajo la premisa que si los conocían, no se volverían en su contra. En efecto, a ellos no los tocaron, sino a sus vecinos y turistas. Encontrar en el mensajero la culpa de sus culpas, es una salida que parece fácil pero irreal. Tanto, como que las autoridades pretendan cambiar con desinformación la tipología y alcance del fenómeno del secuestro en Valle de Bravo.
twitter: @rivapa
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