José Woldenberg - Otra vez los pluris

Creí -ingenuamente- que el Presidente y el PRI se habían olvidado del tema de las fórmulas de integración de las Cámaras del Congreso para construir mayorías artificiales luego de la experiencia reciente del Pacto por México. ¿Para qué andarle buscando tres pies al gato si el Pacto probó que cuando el gobierno y su partido no tienen mayoría absoluta en el Congreso pueden y deben construirla con las artes de la política, es decir, hablando, negociando, pactando? Pero no.

El Presidente del CEN del PRI, César Camacho, informó que buscarán que en una consulta popular los ciudadanos decidan si se suprimen 100 diputados y los 32 senadores plurinominales. “Ello favorecería -escribió- la formación de mayorías” (El Universal, 26-08-14).








Quizá sea necesario repetir por qué resultan necesarios y cuál es la función de los plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados están diseñados para atemperar la distorsión en la representación que arroja de manera natural la fórmula uninominal. Si en el año 2012 solamente hubiesen existido 300 distritos, el PRI con el 31.93 por ciento de los votos hubiese alcanzado el 54.66 por ciento de los escaños (164 de 300), una desproporción de más de 22 puntos porcentuales. Y no resulta difícil explicar por qué. La fórmula de dividir al país en distritos y en cada uno elegir un representante es clara y pedagógica, además de tradicional entre nosotros. Pero tiene un defecto: en cada distrito solo se elige un diputado y debe ser, por supuesto, para la mayoría. Lo que sucede es que el efecto acumulado de esa fórmula tiende a sobrerrepresentar a la mayoría (acaba con un porcentaje de diputados mucho mayor que su porcentaje de votos) y a subrepresentar a las minorías. Los plurinominales, entonces, sirven para que la distorsión entre votos y escaños no acabe desfigurando uno de los pilares de la democracia: la representación más o menos equitativa de las distintas fuerzas políticas en los cuerpos legislativos. (Por cierto, la elección en listas es predominante en Europa y América Latina; no es una excentricidad mexicana).

La iniciativa del tricolor se monta y alimenta una retahíla de prejuicios antipolíticos, no obstante, en los escenarios más probables, no logrará su objetivo porque solo reducir el número de diputados plurinominales sin remover la cláusula que establece que entre votos y escaños no debe existir una diferencia mayor del 8 por ciento, nos dejará en una situación similar. En 2012, a los 164 uninominales del PRI solamente se les hubieran podido sumar 6 o 7 diputados plurinominales en lugar de los 49 a los que tuvo derecho, precisamente para no violar la norma aludida.
En la Cámara de senadores el efecto corrector de los plurinominales ha sido menor porque se reparten independientemente del número de senadores que cada partido haya obtenido a través de la fórmula que establece que en cada estado 2 serán para la mayoría y 1 para la primera minoría.

Así, el PRI en 2012, con el 31.25 por ciento de los votos, obtuvo 43 senadores de los 96 en disputa en las entidades federativas, es decir, el 44.79 por ciento; y una vez que se realizó el reparto de los plurinominales sumó otros 11 (54 en total) que representan 42.18 por ciento del total (128). Los senadores plurinominales sirvieron para inyectarle pluralismo a esa Cámara, pero, en efecto, distorsionaron su principio fundador: que los senadores sean representantes de los estados en un número idéntico. Los 32 senadores plurinominales no representan a ninguna entidad por más que cada uno de ellos haya nacido o viva en algún estado de la República. No fueron electos por los ciudadanos de esa entidad sino por los de toda la nación. Si se quisiera entonces fortalecer la idea original del Senado -representación igualitaria de las entidades-, sin trastocar la traducción de votos a escaños, bien se podrían elegir solo 4 senadores por entidad, cuyo reparto sería con un criterio de representación proporcional estricta.

La otra razón que de manera cancina se arguye para cercenar a los plurinominales es que con ello se “contribuye a disminuir el gasto público”. Por supuesto que 400 en lugar de 500 y 96 en vez de 128 abaratarían el costo del Congreso. Pero el razonamiento parece estrecho. Si de lo que se trata es de ser más austeros, más sobrios, menos despilfarradores, ¿por qué no cortar lo adjetivo en lugar de lo sustantivo?, ¿por qué no bajarle al oropel, a los gastos superfluos, a los viajes, comidas y bonos en vez de recortar legisladores?



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