Hacia el II Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto tendrá suficiente materia para construir una buena valoración de lo acontecido con las reformas estructurales y renovar el compromiso con la prosperidad.
Aprobados los seis Dictámenes de Energía
No sin la polémica ya habitual de las izquierdas que se oponen a la reforma energética, los seis dictámenes sobre las leyes reglamentarias y los aspectos fiscales fueron aprobados con modificaciones por la mayoría legislativa que se había preconfigurado en las negociaciones preliminares, cercana al 70% de los diputados presentes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y PANAL. Los proyectos legislativos fueron devueltos al Senado para la convalidación respectiva, para lo cual la Cámara Alta reanudará el periodo de sesiones extraordinarias este lunes.
Las sesiones para debatir y votar los dictámenes fueron largas, desgastantes y las más de las veces tediosas al salirse de los temas y buscar efectos propagandísticos, dado que la pretensión ha sido testimonial para las izquierdas, para oponerse a las reformas y buscar sustentar la lógica de una consulta popular derogatoria en la materia.
Una y otra vez, los legisladores de izquierdas dirían que se entrega el petróleo, que se enajena la soberanía nacional, se vende la Patria, se viola la Constitución y se vulnera el procedimiento parlamentario; que se construirá un Pemexproa y se trasladará al pueblo el costo del pasivo laboral; en fin, argumentos generalizantes creados para politizar el ambiente y trasladar el efecto hacia la contienda electoral venidera, en donde esperan sea derogada la reforma energética mediante la referida consulta popular.
Si el Senado concluye la revisión de los proyectos legislativos que le fueron devueltos o enviados en su caso, el cuarto periodo de sesiones extraordinarias de ambas Cámaras durante el receso largo, podría estarse cerrando hacia el jueves 7 ó viernes 8 de agosto, concluyendo con ello el ciclo grande de las reformas estructurales comprometidas por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos en el Pacto por México.
Temas álgidos en el debate de Energía
Para el sound track de los medios, los temas que más ruido hicieron en el debate legislativo, han sido los siguientes:
El primero, que se privatiza la industria energética; mediante contratos y licencias, los particulares, sobre todo los grandes capitalistas del exterior, se apropiarán de la riqueza petrolera nacional. Esta cuestión no encuentra sustento en la realidad. En sus orígenes, la industria petrolera nacionalizada por el presidente Lázaro Cárdenas permitía los contratos de extracción de petróleo realizados por los particulares, además de que éstos siempre han estado en las actividades energéticas, sea como proveedores, contratistas o arrendadores de equipo y tecnología.
En todo caso, los contratos previstos en la nueva legislación energética, que son de cuatro tipos: de utilidad compartida; de producción compartida; de licencia o de servicios, contienen la prevención fundamental de que todos, todos los hidrocarburos son propiedad de la Nación, siendo el Estado, a través del Fondo Mexicano del Petróleo constituido en el muy autónomo Banco de México, el que realizará las transacciones en dinero o especie, para enterar la renta nacional, realizar los pagos de las obligaciones que deriven de los contratos y establecer los recursos a ser ahorrados e invertidos en beneficio de las futuras generaciones.
Un segundo argumento recurrido constantemente, fue el temor al fracking, esa cataclísmica tecnología de extracción de los recursos shale o de lutita, que habrá de contaminar mantos freáticos, destruir las tierras en donde se aplique, envenenar el medio ambiente, provocar sismos y arrojar metano a la atmósfera acelerando el cambio climático, además de utilizar sustancias cancerígenas y mutágenas en los lodos que se utilizan para la fractura hidráulica. Las izquierdas piden su prohibición, si bien en otras partes del mundo se han propuesto moratorias temporales.
El fracking es una tecnología que Petróleos Mexicanos ya emplea en algunos de los yacimientos que explota, sea para recuperar crudo de yacimientos maduros o en declive, sea para explotar depósitos de “gas de piedra” en el noreste del país, sin que ninguno de los inconvenientes que se señalan haya acontecido. De hecho, en donde se emplea en gran escala, los Estados Unidos, han surgido un conjunto de regulaciones o “mejores prácticas” que, aplicadas correctamente, hacen del fracking una de las tecnologías con mayor seguridad industrial del mundo. El consumo de agua no necesariamente compite con las aguas de utilización humana, pues los pozos de extracción se ubican por debajo de los mil metros, además de que hasta el 95% de los lodos que se utilizan son reciclables; las fugas de metano han sido controladas con el uso de mejores equipos y válvulas, en tanto que la degradación de tierras o los temores a las sustancias cancerígenas o mutágenas que se utilizan en pequeños porcentajes, se encuentran dentro de los márgenes de control y seguridad que habrán de adoptarse. Es decir, en el fracking no hay nada que con una buena regulación y supervisión industrial, que es el caso de la que habrá de aplicarse tanto por la nueva Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente que habrá de crearse, como por la salvaguardas que habrán de establecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, respectivamente.
¿Bajarán los precios de electricidad y gas?
El tercer argumento utilizado para descalificar la reforma energética, fue el de los precios de la electricidad y el gas, con la insistencia de las izquierdas de cuándo y cuánto van a bajar, al grado de desafiar a firmar ante notario el compromiso, que fue sustentado por el Partido Verde. Los precios, dicen las izquierdas, van a subir, como ha sucedido en otras privatizaciones. El punto aquí, es que la transformación de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no es una privatización, sino que las nuevas Empresas Productivas del Estado adquieren autonomía presupuestal, técnica y de gestión, permaneciendo ciento por ciento en la propiedad del gobierno federal. Lo segundo, es que las bases para sostener la reducción de los precios de la electricidad y el gas en el futuro inmediato, en un plazo de dos años según ha estimado la Secretaría de Energía, residen en el incremento de la producción de gas y petróleo de nuevos yacimientos del tipo “shale” o de lutitas, tal y como ha sucedido en la revolución energética que está aconteciendo desde hace cinco años en los Estados Unidos.
Los energéticos del tipo shale, son más baratos y en cuantía suficiente para hacer bajar los precios del gas, que actualmente se importa del Perú a 16 dólares el millón de BTU, y que podría reducirse hasta 5 dólares en un plazo perentorio. Al cambiar el combustible con el que se genera electricidad, del combustóleo caro al gas shale mucho más barato, el costo final de la electricidad deberá bajar un 30%, siguiendo el símil que está aconteciendo en los Estados Unidos. Es decir, la base con la cual se reducirán los precios de la electricidad y el gas natural es productiva, no por decreto o subsidio, que ha sido el modo habitual de manipular los precios de bienes públicos.
El cuarto grupo de argumentos utilizados para fustigar la reforma energética, es que la autonomía presupuestal, técnica y de gestión otorgada a Pemex y CFE en tanto nuevas Empresas Productivas del Estado, son limitadas o una simulación, pues los órganos reguladores coordinados y el Consejo de Administración se asumen controlables por el gobierno, lo que supone una vulneración de la autonomía buscada.
En este punto, las izquierdas suelen suponer que autonomía es autarquía. No se trata de órganos constitucionales autónomos, sino de empresas que deben administrar y gestionar sus recursos conforme a las reglas de operación del mercado, que requieren oportunidad, eficiencia y competitividad; las nuevas Empresas Productivas del Estado, en tanto formas innovadoras en la administración pública, habrán de rendir resultados y generar ganancias para el erario público, compitiendo con otras empresas del sector privado o bien, asociaciones público-privadas, con las cuales el Estado pueda financiar las políticas públicas que son su obligación.
La preocupación por la corrupción que pudiera afectar las prácticas en las nuevas Empresas Productivas del Estado fue también una constante, pues las medidas anticorrupción dependen de su correcta aplicación, que casos como Oceanografía muestran que la aplicación de la ley es laxa, lo que genera desconfianza, más impunidad y nuevamente corrupción. Las prevenciones previstas en la nueva legislación incluyen disposiciones de plena transparencia y publicidad en todos los contratos y en todas las fases, la concurrencia de las agencias reguladores y las entidades normativas en forma de sistema de pesos y contrapesos, además de preverse la intervención de testigos sociales y las auditorías practicables tanto por los órganos preventivos internos de las Empresas Productivas del Estado, como de la Auditoría Superior de la Federación. Por otra parte, los recursos petroleros serán administrados en el Fondo del Petróleo administrado por el Banco de México, de cuya autonomía y honorabilidad pocos podrían dudar. Es decir, las normas prevén lo necesario; hará falta, indudablemente, de la práctica general de las medidas anticorrupción que permitan funcionar correctamente a las nuevas instituciones, pues la buena ley, para funcionar, requiere siempre de las mejores prácticas en el ejercicio de las responsabilidades públicas.
Los mitos del Pasivo Laboral
El sexto set argumental del debate, fue el relativo al pasivo laboral con el que las viejas paraestatales llegan al momento fundacional de las nuevas Empresas Productivas del Estado, que si bien es aceptado que sobre todo Pemex no podría competir en igualdad de circunstancias con empresas del sector privado si gravita sobre un pasivo laboral de 1.2 billones de pesos, se malinterpretó que serían necesarios recursos fiscales para subsanarlo o reconocerlo como deuda pública; en un principio se habló sólo del pasivo laboral de Pemex, pero la opinión pública lo extendió a CFE, que sí tiene un fondo laboral; al fin de cuentas, lo que se planteó es la revisión del tema, en el sentido que es obvio: ya es deuda pública al ser el gobierno federal el propietario, pero es deuda contingente, no exigible, solo garantizarle.
El PRI no podía ser omiso al tema, pues la viabilidad de PEMEX como Empresa Productiva del Estado depende del respaldo del gobierno para reestructurar el pasivo laboral, como ha hecho con otras empresas públicas en el pasado, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE y la propia CFE. La complejidad de PEMEX reside en que no tiene un sistema de pensiones porque así fue dispuesto al ser creada mediante decreto el 7 de junio de 1938 por el general Lázaro Cárdenas, entonces Presidente de la República, sino que las jubilaciones son pagadas directamente por el gobierno mediante transferencias anuales de la SHCP al Fondo Laboral respectivo conocido como “Folape”; ciertamente, deberá haber una nueva negociación contractual a realizarse entre PEMEX Empresa Productiva del Estado y el sindicato, del que dependerá la forma en que el Gobierno Federal habrá de asumir la garantía del pasivo laboral.
No hay entonces tropelías o defraudaciones que descubrir y por ende sancionar. Lo que hay son los derechos ya devengados de 75 mil 852 jubilados a los que se pagan pensiones en promedio de 23 mil pesos mensuales, así como los derechos futuros, que son estimados mediante un cálculo actuarial pero aún no han sido devengadas porque el personal no se ha jubilado, de 153 mil 233 empleados en activo, 120 mil de los cuales son sindicalizados y el resto de confianza. En los hechos, lo que acontece es que Pemex necesita un flujo anual de recursos para pagar las pensiones vigentes, que en el 2013, según su Balance General Consolidado, fue de 25 mil 255 millones de pesos; nada que ver con el fantasma del 1.2 billones de pesos que, se dice, debieran ser asumidos por las finanzas públicas como si se tratara de deuda pública.
Un séptimo tema de preocupación para todo mundo, ha sido el relativo a la presunta expropiación de las tierras con recursos energéticos, que con gran sensibilidad de los diputados Manlio Fabio Beltrones y Marco Antonio Bernal, coordinador de los diputados del PRI y presidente de la Comisión de Energía, respectivamente, fue modificado a la figura de Ocupación Temporal a cambio de una contraprestación en dinero o en participación de utilidades a los propietarios o titulares de derechos agrarios, no obstante lo cual siguen manejando como un subterfugio, pues las izquierdas asumen que la “ocupación temporal” podría ser un largo plazo, que equivaldría a la expropiación.
En la legislación reglamentaria energética, el asunto quedó perfectamente claro: los dueños de las tierras con recursos energéticos seguirán siendo dueños de las mismas a menos que las vendan; si optan por el arrendamiento, la participación en utilidades o la aportación de la tierra a una sociedad con los asignatarios, contando con la participación de la Procuraduría Agraria de requerirlo, se abre la puerta a un modelo de gestión agraria de los recursos del tipo de la suma positiva, en donde todos los participantes ganan y se benefician de la explotación de los recursos, en el interés de la Nación.
Como octava temática, se argumentó que se afectarían los derechos de los trabajadores, que pasarían a un nuevo esquema de Empresas Productivas del Estado con derechos menores y sin reparto de utilidades, el cual es explícito en la ley, que las utilidades de las EPE son para incrementar los ingresos públicos y financiar políticas de beneficio social, por lo que no son repartibles; pero ante los medios, es un argumento carnoso, sobre todo para golpear al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, inmerso como ha estado en una larga serie de polémicas, excesos y corruptelas que los paparazzis se encargan de documentar una y otra vez en viajes, yates, autos o caros relojes. La legislación secundaria energética, en pleno respeto de la autonomía sindical, garantiza el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores en activo. Lo que convengan las nuevas EPE y el Sindicato en el futuro, será lo que más convenga al interés conjunto de empresa y sindicato, en el marco competitivo de un mercado energético nacional.
Lo que sigue.
Con el cierre de la fase legislativa de la reforma energética concluirá en la apreciación mediática y de los mercados, el gran ciclo de reformas del Presidente Enrique Peña Nieto.
Se dirá que empezará realmente su gobierno, en la etapa de implementar correctamente las nuevas leyes e instrumentos de que dispone, y ofrecer resultados, algunos tangibles en lo inmediato, otros que sólo lo serán en el mediano y largo plazo.
Para los mercados y organismos financieros internacionales, el costo de las negociaciones, que tomaron más tiempo del que hubiera sido deseable, ha sido acreditado ya en los sucesivos ajustes a la expectativa de crecimiento de este año que será otra vez modesto.
El FMI acaba de recortar su valoración hacia el 2.4 por ciento, en tanto que SHCP sigue sostenida en 2.7 por ciento. Para el Banco de México, el rango posible de crecimiento económico se ubica entre el 2.3 y el 3.3 por ciento, inclinándose discursivamente por el menor valor, dada la desaceleración de la economía norteamericana al 1.7 por ciento y las recientes tensiones geopolíticas en Ucrania, Palestina e Irak, que han devuelto el precio del petróleo al nivel por arriba de los 100 dólares el barril. No obstante ello, las agencias calificadoras internacionales se muestran optimistas sobre las perspectivas mexicanas, pues nuestro país, en un entorno global incierto y turbulento, muestra buena salud macroeconómica y ha realizado reformas estructurales profundas, que le permitirán agregar entre 2 y 3 puntos a la dinámica de lento crecimiento observado en los últimos quince años.
Hacia el II Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto tendrá suficiente materia para construir una buena valoración de lo acontecido y renovar el compromiso con la prosperidad, más allá de las preocupaciones registradas demoscópicamente, de que a la población le preocupan el bajo desempeño económico (lento crecimiento, poco empleo, malos salarios, muchos impuestos), la inseguridad (el número de homicidios reportado por INEGI es abrumador) y corrupción e impunidad (los defraudadores se han escapado de prisión o sanciones, desde Amado Yáñez, Gastón Azcárraga, hasta criminales cómo Servando Gómez (a) La Tuta, el involucramiento del hijo de Fausto Vallejo y el caso de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán.
En los Estados, es evidente que los grupos y partidos se están moviendo para posicionar sus piezas. En ese sentido, muy próximamente el interés político por las elecciones del 2015 habrá de superar el interés por lo legislativo, donde la aprobación del paquete económico para el 2015 podría ser, con mucho, lo más relevante en el último año de ejercicio de la actual e histórica Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión.
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