Solo desde la mezquindad política se pueden descalificar de tajo los avances logrados en once reformas de alto calado, en las materias educativa, energética, de competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, de telecomunicaciones, política y de transparencia, así como en lo concerniente a la Ley de Amparo y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por supuesto que existe un mérito no solo del Gobierno, sino del Estado en su conjunto.
Se trata, sin embargo, de logros que hasta el día de hoy pueden considerarse promesas, pero no realidades. Se ha abierto once caminos, sí, pero los mexicanos no hemos comenzado a recorrerlos.
Seguramente el obstáculo más duro en esas sendas será la corrupción. Ahí están las leyes, pero por más bien diseñadas que estén se trata tan solo de teorías que tendrán que ser llevadas a la práctica en uno de los entornos más corruptos del orbe.
Hasta el momento, el punto flaco en el actuar no solo del gobierno sino de los tres Poderes de la Unión y de todos los órdenes de gobierno ha sido el combate a la corrupción. Se han apresado personas en acciones que solo se pueden considerar simbólicas, como el caso de Elba Esther Gordillo, pero no han pasado de generar impactos mediáticos. A partir de sus arrestos no se ha provocado ningún otro y por lo tanto las redes sobre las cuales operaban siguen en funcionamiento.
Por ello, será una excelente señal ver justo en el tercer informe de gobierno que se haya puesto en marcha la Comisión Nacional Anticorrupción, con una amplia participación de la sociedad, que hasta ahora se encuentra empantanada.
Se trata de un tema que es tan vital como urgente, pues hay un mérito enorme en estas legislaciones transformadoras, pero para genuinamente ponerlas en acción es indispensable comenzar a limpiar la casa y asegurarnos de que fluyan en un sistema político mexicano con estándares mínimos de corrupción.
Solo así la nación podrá ver los frutos limpios de las semillas que con las reformas estructurales se han sembrado.
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