Analizando información pública, la investigación muestra, en primer lugar, que el número de fallecidos de las fuerzas públicas es casi ocho veces menor que el de los presuntos delincuentes. “En los enfrentamientos en que exclusivamente participó la Policía Federal murieron 1.4 presuntos delincuentes por cada policía federal muerto. (...) La tasa se eleva notoriamente si consideramos los enfrentamientos en que participó solamente el Ejército (13.8) o la Marina (34.5)” ¿No retratan estas cifras una estrategia política que se desentiende de lleno de los derechos humanos? Los autores de aquel reporte advierten. por otro lado, que existe un desnivel injustificable entre los heridos y los muertos que resultan de los enfrentamientos. Mientras los policías y los militares terminan con más heridos que muertos, es más probable que los presuntos delincuentes terminen muertos antes que heridos. Ése es el “índice de letalidad” que constituye un serio indicio de abuso. Vayamos a las cifras. Cuando la policía federal enfrentó sola a los criminales murieron 2.6 presuntos delincuentes por cada herido. Cuando actuó el ejército los muertos suben a 9 y cuando actúa la Marina llega hasta 17 por cada herido.
Los datos muestran un patrón alarmante: las fuerzas militares mexicanas intervienen para llevar a los delincuentes al ataúd, no a los tribunales. Bien puede argumentarse que las ejecuciones extrajudiciales no son prácticas excepcionales, “casos aislados” como dice el Secretario de Gobernación, sino consecuencia inevitable de la calderonista concepción bélica que sobrevive.
Hay quien la celebra, por supuesto. Al día siguiente que el ejército mexicano “abatió” a 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el gobernador celebró la valentía del ejército. “El Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes. Definitivamente cuando se pierde una vida, de quién sea es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece al acción decidida y contundente del día de ayer”.
Acción decidida y contundente, dice el gobernador del Estado de México. En eso tiene razón. No hay vacilación en un operativo del que resulta un soldado herido levemente y 22 presuntos delincuentes, muertos. Los “abatimientos”, según se desprende de testimonios divulgados recientemente, no fueron resultado de un enfrentamiento sino de una salvaje ejecución dentro de una bodega, tras la rendición de los civiles. Fusilamientos, ejecución colectiva.
Tras las revelaciones recientes y el creciente escándalo nacional e internacional, distintas voces gubernamentales han reconocido la gravedad de lo acontecido en Tlatlaya. Lo han hecho tardíamente, desdiciéndose de sus versiones iniciales. La propia Secretaría de la Defensa Nacional ha querido enviar el mensaje de que busca perseguir a los culpables de la atrocidad. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brilla, como ha dicho Human Rights Watch, por su silencio. Algunos medios exhiben y denuncian los abusos al tiempo que el presidente de la CNDH busca afanosamente su reelección. El señor Raúl Plascencia recorre el país inaugurando estatuas de sí mismo, cursos que llevan su nombre y auditorios que le rinden homenaje. Se siente muy orgulloso porque ha impartido cursos de capacitación al ejército.
La impunidad del sexenio pasado se prolonga hasta el actual. Las fuerzas militares siguen ocupando el mismo sitio en la estrategia contra el crimen y mantienen intacta su filosofía. Antes el exterminio que el enjuiciamiento. Contundencia, la llama el gobernador del Estado de México.
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