No tengo duda de que uno de los costos escondidos del Pacto por México y de las reformas aprobadas fue el borrón y cuenta nueva, otorgado al sexenio pasado. Sin Calderón y sus senadores, no habría pasado la reforma energética y tal vez tampoco la de telecomunicaciones. Algunos piensan que valió la pena, otros que era innecesario, y otros que era un precio excesivo. Pero los 60 mil muertos de Calderón, y sus 25 mil desaparecidos, no serán investigados, ni castigados sus responsables. Por otro lado, es evidente, para cualquier persona sensata, que no es posible responsabilizar a puros narcos de todos esos muertos: no alcanzan los narcos para matar a tantos narcos.
Este es el dilema del índice de letalidad, tan bien descrito por Catalina Pérez Correa en un ensayo en Nexos de noviembre 2011. Se trata de la diferencia entre los muertos de un lado del enfrentamiento, y los del otro. Cuando todos los muertos están de lado de los “malos”, y de lado de los “buenos” no hay muertos y pocos heridos, suena raro. Sobre todo si creemos que gracias a la perfidia yanqui de permitir la exportación de armas a México, nuestros narcos están tan bien armados como nuestras fuerzas armadas. Ese índice de letalidad está relacionado con lo que se llaman “ejecuciones extrajudiciales”. Tienen lugar cuando las fuerzas del estado u otros, ejecutan a sus enemigos sin proceso judicial.
Resulta imposible pensar que durante el sexenio de Calderón no se produjo un número elevado de ejecuciones extrajudiciales. Las cuentas no salen sin incluir esa figura en la atribución de responsabilidades. El Gobierno de EPN decidió que no iba a investigar a los responsables de esas miles de ejecuciones. Ni siquiera se propone saber cuántos son: se redujo el presupuesto de la unidad de investigación de desaparecidos de la PGR en el nuevo PEF enviado al Congreso. Esa postura además de ser moralmente cuestionable, tiene consecuencias. Comenzaron a aparecer en Tlatlaya.
Como se sabe, hace tres meses en un pequeño municipio del sur de Estado de México murieron 22 personas en un enfrentamiento a balazos entre el Ejército y ellos mismos. Los 22 formaban parte del bando de sicarios, secuestradores o narcos; del lado militar sólo un soldado recibió una herida en una pierna. Nunca tuvo ni pies ni cabeza la versión oficial de la SEDENA, porque esos números tampoco dan. En los últimos días, han surgido versiones de una mujer presente en el lugar de los hechos, de acuerdo con las cuales 21 de los 22 fueron ejecutados después de haberse rendido. Yo no quisiera dar por buena esta versión u otras que han aparecido. Se impone una investigación. Pero me inspiran poca confianza los investigadores: la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que emitió un comunicado patético hace más de dos meses; la PGR, que anuncia que está investigando, después de que se publican las denuncias; la CNDH, que está ajustando sus tiempos investigativos a los tiempos de reelección de su presidente. No se entiende por qué tres meses después de los hechos, la CNDH necesita seis semanas más.
Preferiría que esta investigación se pusiera en manos de una comisión independiente, con acceso a la información, incluyendo el intercambio con la supuesta testigo presencial y con los militares presentes. Dudo vaya a suceder. Será difícil que nuestras fuerzas armadas entiendan que estas cosas, si es que así fueron, son inadmisibles. Por ello es encomiable la decisión de EPN, si se materializa, que México participe en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Es la mejor escuela posible para nuestros militares, como lo ha sido para otras fuerzas castrenses desde hace casi 60 años. Enhorabuena que Peña autorice lo que su partido había torpedeado antes. Ojalá las fuerzas armadas mexicanas saquen provecho de esta valiosa decisión.
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/tlatlaya-12084.HTML
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