sábado, 27 de septiembre de 2014

Manuel Espino - Protección civil gubernamental y social, la evolución necesaria

La riqueza de nuestro territorio es tan grande como los riesgos naturales que enfrentamos. Tanto por la geografía como por la ubicación de muchos asentamientos humanos, gran parte de la población está expuesta a los embates ambienteles o, como demostró el caso de Sonora en días pasados, a desastres provocados por factores humanos.

Año con año vemos desfilar por los medios ominosos nombres como Odile, Vilma, Gilberto, Manuel, Ingrid, Emily, Stan; palabras que anuncian destrucción, inundaciones, severas pérdidas económicas y hasta fallecimientos, en este patria que enfrenta anualmente un promedio de 24.5 ciclones tropicales.








A ello debemos añadir otros temas que atraen menos reflectores: Hay datos duros que ubican a uno de cada tres mexicanos en zonas de peligro sísmico y uno de cada dos expuesto a “actividad volcánica peligrosa”. Además está el tema de las sequías y las heladas que son particularmente perniciosas para la economía y el bienestar del México rural. Por doloroso que sea, debemos reconocer que hay un factor que ha tomado un mayor peso a raíz de Odile: los saqueos. Hubo momentos en los que se sufrió una oleada de barbarie, que llevó a distraer a los elementos de las fuerzas armadas y de las distintas corporaciones policiacas en labores de vigilancia, cuando más necesario era que se dedicaran de lleno al trabajo propio de protección civil.


Este panorama no se habrá de aclarar. Literal y figuradamente, hay nubes negras en el horizonte. Algunos estudios internacionales prevén que el ya de por sí elevado número de huracanes y tormentas se seguirá incrementando, debido al llamado “Efecto Invernadero”. Igualmente, a causa de los ciclos de violencia abiertos durante el sexenio pasado es previsible que la delincuencia profundice las contingencias.

Podemos afirmar, sin catastrofismo, que es posible vislumbrar una crisis semipermanente en materia de protección civil, que hace indispensable cambiar los esquemas de planeación e implementar un enfoque proactivo a todos los niveles.

Urge reforzar los sistemas de protección civil en todos los órdenes de gobierno, incrementando presupuestos y personal, pero sobre todo diseñando planes de acción y mecanismos de comunicación a prueba de eventualidades. Ya no puede haber espacio para recabar fondos o para improvisar en situaciones en las que cada segundo cuenta y cuesta. Pero, sobre todo, es imprescindible motivar a que cada vez más ciudadanos tengan nociones elementales en materia de protección civil, incentivando la creación de grupos de vecinos y de voluntarios capaces de articular planes para proteger familias y comunidades, para que los damnificados no se limiten a esperar ayuda, sino sean sobre todo capaces de ayudarse a sí mismos.

Con ello, además, es posible sembrar semillas que lleven a reforzar el tejido social y la indispensable unidad dentro de comunidades y colonias, base misma de la seguridad pública. La clave está en la propia sociedad mexicana, en sus inagotables reservas de solidaridad que pueden ser clave para salvar vidas y patrimonios cuando la desgracia azota.
 



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