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“Si se mueve, cóbrale impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo”.
Ronald Reagan
Los gobiernos tienen una manera perversa de actuar. En lugar de tomar medidas que beneficien a la población, impulsan otras que hacen daño para después decretar excepciones para unos cuantos y presentarse así como sus benefactores. El programa Crezcamos Juntos es un nuevo ejemplo de esta vieja forma de operar.
La informalidad es un tremendo lastre para la economía de México. El INEGI ha calculado en un 60 por ciento la población económicamente activa que trabaja de esa manera. Su productividad es muy inferior a la de quienes están en la formalidad, pero tienen la ventaja de no aportar recursos al sostenimiento del Estado.
Los impuestos y trámites burocráticos excesivos son dos de los principales factores en la informalidad. La reforma fiscal de este 2014, al aumentar los impuestos y crear nuevos trámites, ha generado mayores incentivos para la informalidad. Al parecer alguien en el gobierno se ha preocupado, pero en lugar de reducir las tasas fiscales generales o eliminar trámites burocráticos, el gobierno ha anunciado excepciones temporales.
Crezcamos Juntos incluye medidas para exentar del IVA y el nuevo IEPS -el impuesto a los gorditos- durante 10 años a quienes tengan ventas menores a los 100 mil pesos anuales y quieran volverse formales. Los que tengan ventas de 100 mil a 2 millones de pesos anuales estarán exentos de esos impuestos el primer año y pagarán una tasa reducida en los nueve años siguientes. Quienes se incorporen a la formalidad gozarán de un régimen fiscal más sencillo. También gozarán de cuotas especiales en el IMSS durante 10 años.
El gobierno no está tomando medidas para atacar de fondo la informalidad. Prefiere ofrecer tratos preferenciales a unos cuantos, insultando así a quienes no los reciben por haber siempre respetado la ley. Además, vuelve todavía más complicado el sistema fiscal, al establecer tratos distintos para quienes ganan lo mismo e incluso con la misma actividad.
Si realmente se quisiera reducir la informalidad, la solución sería bajar las tasas generales de impuestos y simplificar los trámites burocráticos. Habría que generar incentivos generales para trabajar en la economía formal. Pero esto es algo que los políticos mexicanos ni siquiera consideran. No es que no sepan que es la única forma de solucionar el problema, sino que prefieren que el problema subsista para ofrecer tratos preferenciales que pueden traducirse en votos o en corrupción.
El gobierno federal no es el único que piensa de esta manera. Este lunes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó a la Cámara de Diputados una propuesta para elevar el salario mínimo de 67.29 a 82.86 pesos diarios de inmediato para llevarlo después, en 2018, a 171 pesos. Un aumento así del salario mínimo podría tener consecuencias negativas importantes en la economía, pero el gobierno capitalino pretende remediarlas exentando del impuesto sobre las nóminas a las empresas que paguen el nuevo mínimo. Si realmente se quisiera generar un mayor número de empleos y un mejor nivel de vida para los trabajadores, la medida lógica sería eliminar el impuesto sobre la nómina, pero el gobierno capitalino lo subió de 2.5 a 3 por ciento este año. Eliminar impuestos o trámites burocráticos puede impulsar la actividad económica pero no genera el agradecimiento político de nadie.
En la economía todo el mundo actúa de conformidad con los incentivos que tiene. Los informales son informales porque les conviene. Los políticos ofrecen paliativos en lugar de soluciones porque también les conviene... aunque le vaya mal a la población.
Licenciados desempleados
La OCDE muestra en su Panorama de la Educación 2014 que en México tener una carrera universitaria reduce las posibilidades de encontrar empleo. Parece consecuencia de las décadas en que las universidades han lanzado a cientos de miles de graduados a las calles sin considerar las necesidades del mercado.
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