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De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en el pueblo de San Pedro Limón, municipio Tlatlaya, Estado de México, 21 supuestos miembros de una banda de extorsionadores y secuestradores fueron asesinados por tres soldados después de que se enfrentaron a balazos contra éstos y cinco de sus compañeros de armas. Durante tres meses, desde ese 30 de junio hasta el 30 de septiembre, la versión oficial de los hechos difundida por el gobierno de Estado de México y la Secretaría de la Defensa negaba que el multihomicidio hubiera ocurrido. Sin embargo, una mujer que sobrevivió la balacera contó otra historia y aparentemente convenció a los investigadores de la PGR de que la versión del Ejército y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México es falsa y mentirosa.
En la noche del 26 de septiembre pasado, en Iguala, Guerrero, civiles armados y policías municipales dispararon contra los tres autobuses que habían sido secuestrados por los llamados estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y otro en que viajaban los jóvenes jugadores del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo que regresaban a la capital de Guerrero después de haber jugado ese día contra el equipo de Iguala. Cuando finalizaron los disparos había unos 20 heridos y seis muertos (tres normalistas, un futbolista de 15 años de edad, el conductor del autobús de los Avispones, y una mujer que iba en un taxi). El 27 de septiembre se difundió que 57 normalistas habían desparecido, aunque durante los días siguientes muchos de ellos fueron apareciendo vivos y saludables . Hasta ayer había 22 policías igualtecos presos, acusados de disparar contra los autobuses y matar a las seis personas.
El caso tomó un nuevo giro el viernes cuando en Pueblo Nuevo, Iguala, se descubrieron varias tumbas clandestinas en donde hasta ayer se habían encontrado 28 cadáveres, calcinados algunos de ellos. Ninguno de los muertos ha sido identificado pero se teme que algunos pudieran normalistas que, según algunas denuncias, fueron secuestrados por los policías y sus cómplices civiles.
Los casos de Tlatlaya e Iguala, aunque no estén relacionados, tienen un común denominador: civiles que aparentemente fueron asesinados o desaparecidos por fuerzas de seguridad: militares en el Estado de México, y policíacas en Guerrero. Vienen a añadirse a otros que desde hace años han sido ampliamente documentados y denunciados por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo Human Rights Watch y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el futuro veremos más casos como estos mientras los militares y policías sepan que tienen una alta probabilidad de cometer sus delitos sin tener que pagar por ellos o mientras sigan siendo corrompidos por alguna organización criminal.
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