En su último número la revista The Economist lo dice en tono mucho más flemático desde sus británicas oficinas. “Las atrocidades registradas en Iguala muestran cuán lejos está México de ser un país de leyes y cómo el combate a la impunidad es tan necesario como las reformas económicas para la modernización del país". "Las dos brutalidades [los escándalos sangrientos de las últimas semanas] parecen suficientemente serias como para cambiar el curso de estos dos años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Peña ha dado prioridad a la reforma económica y le ha restado importancia a la ley y al orden como forma de modernizar México, sin admitir que ambas son igualmente importantes".
Y en efecto, el destino parece habernos alcanzado. Tras el sexenio anterior, en el que gobierno de Felipe Calderón se lanzó a una especie de "guerra santa" salvaje y despiadada en contra del crimen organizado, pero sin inteligencia militar y sin haber saneado a los cuerpos policiacos, el de Peña Nieto decidió cambiar la estrategia… y luego no hizo nada. Trajo asesores colombianos, se habló de un cuerpo nacional de carabineros para sustituir a las frágiles policías regionales y locales, se dijeron muchas cosas y en la práctica se terminó haciendo algo muy similar a lo del sexenio anterior: correr de un lado a otro para apagar el fuego más urgente en la pradera encendida a lo largo de los bolsones del territorio nacional en los que el Estado ha perdido el control.
En su primer año de gobierno fue Michoacán, estado en el que las guardias de autodefensa atrajeron la atención internacional cuando, convertidas en milicias paramilitares, comenzaron a confrontar a balazos a las mafias locales. Tras el envío de varios miles de soldados, la desaparición de poderes locales de facto y la designación de un Comisionado especial, las mafias siguen operando como antes, las guardias de autodefensa han sido sofocadas y algunos de sus líderes están en prisión. Las cosas siguen igual que antes en Michoacán, aunque la prensa internacional ha abandonado la zona y esta ya no es motivo de escándalo, por el momento. Para desgracia de Peña Nieto el aparente desinterés obedece a las peores razones: exabruptos más brutales procedentes de México han ocupado los titulares de los diarios en las capitales del mundo; los románticos Robin Hood de autodefensa han sido sustituidos por las salvajes matanzas perpetradas por autoridades. Como todos sabemos, el nuevo incendio es la desaparición de estudiantes en Iguala, Guerrero y hace unas semanas la ejecución sumaria por parte del ejército de 23 personas en Tlatlaya, estado de México, apenas a 180 kilómetros de distancia.
La estrategia del gobierno en contra del crimen organizado fracasó por partida doble. Primero, porque en realidad no se emprendió estrategia alguna más allá de una tibia reforma judicial y algunas fanfarrias. Terminaron imponiéndose las inercias anteriores consistentes en buscar y atrapar a cabecillas del Narco para lograr golpes mediáticos no obstante saber que eso no modifica la estructura del crimen organizado. En realidad el descabezamiento lo hace más sangriento por las disputas fratricidas entre los nuevos liderazgos. La única diferencia sustancial con respecto a la administración de Calderón fue el intento de hacer desaparecer de la narrativa todo el tema de la inseguridad. La negación como un recurso para eliminar una realidad imbatible y desesperanzadora.
La táctica no habría sido mala si las reformas económicas del Gobierno fueran más radicales o si Marx hubiera tenido razón y fueran las estructuras económicas las que definen el edificio social. Pero no es así. Las reformas de Peña Nieto son demasiado tibias incluso para modificar sustancialmente a la economía, y esta ya ha dejado de ser una solución estructural frente a los muchos fuegos provocado por la descomposición de la justicia y la inseguridad pública.
Ha llegado el momento en que el Gobierno priista debe jugarse el todo por el todo en una apuesta radical y definitiva en contra de la corrupción, la impunidad y la ausencia del Estado de derecho. Eso implica transformar a México y transformarse a sí mismo. El problema es saber si Peña Nieto tiene la sustancia que la tarea exige.
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